/ sábado 5 de octubre de 2019

Urge proteger a los pueblos indígenas: Alejandra Ancheita

Preocupa la facilidad con la que el gobierno concesiona sin tomar en cuenta a las comunidades dueñas de la tierra, lo que trae una lógica de explotación y expulsión

Convencida de que en México se prioriza el interés económico por encima de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, Alejandra Ancheita, la primera mujer mexicana, defensora de derechos humanos, en recibir el doctorado Honoris Causa por parte de una universidad francesa, es clara en denunciar que el gobierno concesiona tierras para proyectos, de explotación energética o turística, sin tomar en cuenta a las comunidades agrarias ni al medio ambiente.

“Hoy existe una urgente necesidad de que el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, reorganice el camino para priorizar la protección a los derechos humanos de pueblos indígenas y comunidades agrarias, no necesariamente poniendo en decremento el avance económico, pero si en una protección igualitaria a la que utiliza para proteger la inversión económica”, afirmó en entrevista con El Sol de México.

¿En qué situación se encuentran los indígenas en México?, se le preguntó

“Lo que vemos con preocupación es que el gobierno tiene una gran facilidad para concesionar sin tomar en cuenta de manera previa a las comunidades que son dueñas de la tierra, lo que trae una lógica de explotación y de expulsión de su propio territorio, y por su puesto una lógica de mayor precariedad de la vida de los pueblos indígenas, muy alejada del crecimiento más acelerado de las elites económicas involucradas”, respondió.

Ancheita, considerada por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México, subrayó en la entrevista que otra de las preocupaciones de los defensores es el acelerado avance de una serie de proyectos industriales que provocarán la destrucción de recursos naturales. Entre los ejemplos, citó el llamado Tren Maya en la península de Yucatán, un proyecto en la frontera sur de México, que atravesará reservas de la biosfera amenazadas ya de por sí por plantaciones industriales de palma aceitera y soja, incendios forestales, tala ilegal y tráfico ilegal de especies animales y vegetales.

Al hablar de los casos emblemáticos que ha encabezado, Ancheita recordó el acompañamiento que ofreció a la comunidad Unión Hidalgo, en Oaxaca, en contra de la empresa Demex, de la corporación española Renovalia, la cual construyó un parque eólico valiéndose de graves violaciones a los derechos humanos.

También mencionó el caso de la empresa Électricité de France (EDF), que actualmente busca construir un parque eólico en Unión Hidalgo, para lo cual se está realizando una consulta indígena que no cumple con estándares internacionales para que la comunidad pueda dar su consentimiento de una forma libre, previa e informada. Ancheita y su equipo han detectado ésta y otra serie de irregularidades y perjuicios, de la mano con el trabajo realizado con la comunidad afectada.

Explicó que a pesar de que las comunidades lograron retrasar el desarrollo del parque eólico por dos años, han tenido una serie de implicaciones en cuanto a la seguridad de los protectores y protectora comunitarias, quienes han recibido amenazas y han sido víctimas de una campaña de estigmatización que los presenta como antidesarrollistas, que están en contra del avance de la comunidad.

En este sentido, invitó a las empresas nacionales e internacionales, a los empresarios y las empresarias a que “lleven a cabo sus actividades con responsabilidad ética y apegada a la ley, con respeto a los derechos humanos y que generen un modelo de desarrollo inclusivo para pensar en un futuro en el que no se alcance ninguna meta a través del dolor y el sufrimiento de los demás”.

El llamado, dijo, es para el gobierno y también al sector privado que está invirtiendo territorio mexicano a que se adhieran a una lógica de respeto de los derechos humanos y se cambie la lógica de la explotación al menor costo por una generación de desarrollo.

La activista comentó, además, que las defensoras de derechos humanos con frecuencia son víctimas de situaciones como que se invisibilice su trabajo, amenazas y violencia directa. “En términos profesionales, las mujeres que exponen las injusticias y se enfrentan al poder, experimentan el peligro”, expresó.

Sin embargo, destacó que las mujeres, especialmente cuando están unidas, “somos capaces de transformar nuestras realidades y de redibujar o eliminar estas fronteras que se nos imponen”. Citó al respecto el caso de que son las mujeres las que en estos momentos exigen transparencia al gobierno mexicano en búsqueda de las más de 35 mil personas desaparecidas en alguna de las más de 3 mil fosas clandestinas que hay en el país.

Ancheita Pagaza, directora de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (Prodesc), se convirtió la semana pasada en la primera mexicana defensora de derechos humanos en recibir el doctorado Honoris Causa de la Universidad de París Nanterre,

El reconocimiento fue entregado a la abogada y defensora de derechos humanos como “reconocimiento a sus 20 años de contribución a las ciencias y humanidades”.

Convencida de que en México se prioriza el interés económico por encima de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, Alejandra Ancheita, la primera mujer mexicana, defensora de derechos humanos, en recibir el doctorado Honoris Causa por parte de una universidad francesa, es clara en denunciar que el gobierno concesiona tierras para proyectos, de explotación energética o turística, sin tomar en cuenta a las comunidades agrarias ni al medio ambiente.

“Hoy existe una urgente necesidad de que el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, reorganice el camino para priorizar la protección a los derechos humanos de pueblos indígenas y comunidades agrarias, no necesariamente poniendo en decremento el avance económico, pero si en una protección igualitaria a la que utiliza para proteger la inversión económica”, afirmó en entrevista con El Sol de México.

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“Lo que vemos con preocupación es que el gobierno tiene una gran facilidad para concesionar sin tomar en cuenta de manera previa a las comunidades que son dueñas de la tierra, lo que trae una lógica de explotación y de expulsión de su propio territorio, y por su puesto una lógica de mayor precariedad de la vida de los pueblos indígenas, muy alejada del crecimiento más acelerado de las elites económicas involucradas”, respondió.

Ancheita, considerada por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México, subrayó en la entrevista que otra de las preocupaciones de los defensores es el acelerado avance de una serie de proyectos industriales que provocarán la destrucción de recursos naturales. Entre los ejemplos, citó el llamado Tren Maya en la península de Yucatán, un proyecto en la frontera sur de México, que atravesará reservas de la biosfera amenazadas ya de por sí por plantaciones industriales de palma aceitera y soja, incendios forestales, tala ilegal y tráfico ilegal de especies animales y vegetales.

Al hablar de los casos emblemáticos que ha encabezado, Ancheita recordó el acompañamiento que ofreció a la comunidad Unión Hidalgo, en Oaxaca, en contra de la empresa Demex, de la corporación española Renovalia, la cual construyó un parque eólico valiéndose de graves violaciones a los derechos humanos.

También mencionó el caso de la empresa Électricité de France (EDF), que actualmente busca construir un parque eólico en Unión Hidalgo, para lo cual se está realizando una consulta indígena que no cumple con estándares internacionales para que la comunidad pueda dar su consentimiento de una forma libre, previa e informada. Ancheita y su equipo han detectado ésta y otra serie de irregularidades y perjuicios, de la mano con el trabajo realizado con la comunidad afectada.

Explicó que a pesar de que las comunidades lograron retrasar el desarrollo del parque eólico por dos años, han tenido una serie de implicaciones en cuanto a la seguridad de los protectores y protectora comunitarias, quienes han recibido amenazas y han sido víctimas de una campaña de estigmatización que los presenta como antidesarrollistas, que están en contra del avance de la comunidad.

En este sentido, invitó a las empresas nacionales e internacionales, a los empresarios y las empresarias a que “lleven a cabo sus actividades con responsabilidad ética y apegada a la ley, con respeto a los derechos humanos y que generen un modelo de desarrollo inclusivo para pensar en un futuro en el que no se alcance ninguna meta a través del dolor y el sufrimiento de los demás”.

El llamado, dijo, es para el gobierno y también al sector privado que está invirtiendo territorio mexicano a que se adhieran a una lógica de respeto de los derechos humanos y se cambie la lógica de la explotación al menor costo por una generación de desarrollo.

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Sin embargo, destacó que las mujeres, especialmente cuando están unidas, “somos capaces de transformar nuestras realidades y de redibujar o eliminar estas fronteras que se nos imponen”. Citó al respecto el caso de que son las mujeres las que en estos momentos exigen transparencia al gobierno mexicano en búsqueda de las más de 35 mil personas desaparecidas en alguna de las más de 3 mil fosas clandestinas que hay en el país.

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