/ miércoles 3 de julio de 2019

Va el Senado contra evasión fiscal por facturas falsas

La reforma que impulsa el Senado de la República tiene como finalidad perseguir penalmente la evasión y elusión a la que incurren empresas fantasmas

El Gobierno federal perseguirá a todas aquellas personas, empresas y actores fiscales que expidan, vendan, enajenen, compren o adquieran facturas falsas que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

La reforma que impulsa el Senado de la República tiene como finalidad perseguir penalmente la evasión y elusión a la que incurren empresas fantasmas, dado que actualmente existen más de ocho mil 500 empresas facturadoras y que deducen operaciones simuladas.

Por ello, el Senado contempla tipificar la elusión como una conducta delictiva de contenido económico, cuando anteriormente no se contemplaba como un acto ilegal; al tiempo que mantiene como transgresión la evasión fiscal.

El proyecto de decreto en el Senado de la República estima una sanción de cinco a ocho años de prisión a quien encubra o realice alguno de estos delitos derivados de operaciones con facturas apócrifas entre empresas fantasma.

Será sancionado con las mismas penas, al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones será destituido del empleo e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos.

Se requerirá querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proceder penalmente por este delito.

El delito previsto en este artículo, así como el dispuesto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se podrán perseguir simultáneamente, en el segundo caso se considera una sanción de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa por los mismos actos.

En el dictamen se denuncia que la generación de comprobantes fiscales apócrifos generan una competencia desleal y, a largo plazo incide en que la carga tributaria recaiga sólo en los contribuyentes cumplidos.

Sostiene que se requieren acciones en defensa de los contribuyentes, pues indica que en 2018 se facturaron operaciones inexistentes por más de dos billones de pesos, es decir, el 70 por ciento de la recaudación prevista para el año anterior.

Las comisiones dictaminadoras de Hacienda, y de Justicia, detallan que la evasión de impuestos se considera cuando un contribuyente no declara ingresos provenientes de trabajo o capital; subreporta ingresos, ventas o riquezas; sobrereporta gastos deducibles; contrabandea bienes o activos; y lleva a cabo otros engaños relacionados con la infracción de responsabilidades fiscales.

El Gobierno federal perseguirá a todas aquellas personas, empresas y actores fiscales que expidan, vendan, enajenen, compren o adquieran facturas falsas que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

La reforma que impulsa el Senado de la República tiene como finalidad perseguir penalmente la evasión y elusión a la que incurren empresas fantasmas, dado que actualmente existen más de ocho mil 500 empresas facturadoras y que deducen operaciones simuladas.

Por ello, el Senado contempla tipificar la elusión como una conducta delictiva de contenido económico, cuando anteriormente no se contemplaba como un acto ilegal; al tiempo que mantiene como transgresión la evasión fiscal.

El proyecto de decreto en el Senado de la República estima una sanción de cinco a ocho años de prisión a quien encubra o realice alguno de estos delitos derivados de operaciones con facturas apócrifas entre empresas fantasma.

Será sancionado con las mismas penas, al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones será destituido del empleo e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos.

Se requerirá querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proceder penalmente por este delito.

El delito previsto en este artículo, así como el dispuesto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se podrán perseguir simultáneamente, en el segundo caso se considera una sanción de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa por los mismos actos.

En el dictamen se denuncia que la generación de comprobantes fiscales apócrifos generan una competencia desleal y, a largo plazo incide en que la carga tributaria recaiga sólo en los contribuyentes cumplidos.

Sostiene que se requieren acciones en defensa de los contribuyentes, pues indica que en 2018 se facturaron operaciones inexistentes por más de dos billones de pesos, es decir, el 70 por ciento de la recaudación prevista para el año anterior.

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