/ sábado 12 de mayo de 2018

Promulgan la Ley General de Comunicación

Las ONG demandaron al presidente Enrique Peña Nieto que esta norma no entre en vigor

A pesar de la inconformidad de la sociedad civil organizada, el Ejecutivo promulgó el decreto por el que expide la Ley General de Comunicación Social, bautizada como la ley chayote.

En el documento se precisa que el pasado 8 de mayo el presidente Enrique Peña Nieto expidió y firmó junto con el secretario de Gobernación, Jesús Alfonso Navarrete Prida, el citado decreto “para su debida publicación y observancia”.

Las ONG criticaron el desaseo legislativo con el cual se llevó a cabo la aprobación de esta ley, la cual sólo fue discutida gracias a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, durante el debate legislativo, la oposición acusó al PRI y sus aliados de no garantizar los principios fundamentales de transparencia en el destino de recurso de entes públicos para medios de comunicación.

El Diario Oficial de la Federación destaca que esta ley es de orden público e interés social, de observancia general en todo el país y reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social. La Secretaría de Gobernación (Secretaría Administradora) y la dependencia o unidad administrativa equivalente en el ámbito de las entidades federativas y los municipios serán las encargadas de regular el gasto en materia de comunicación social, así como las áreas o unidades administrativas con funciones o atribuciones equivalentes o similares que determinen el resto de los entes públicos.

La Segob será la encargada, en el ámbito de su competencia, de prestar asistencia técnica y evaluación de las estrategias, programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública, a fin de garantizar la eficacia, eficiencia y transparencia en el uso de recursos.

Los entes públicos deben elaborar una estrategia anual de comunicación social y los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social deberán estar inscritos previamente en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, a cargo de la Segob.

“La información contenida en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación será pública y accesible a distancia".

A pesar de la inconformidad de la sociedad civil organizada, el Ejecutivo promulgó el decreto por el que expide la Ley General de Comunicación Social, bautizada como la ley chayote.

En el documento se precisa que el pasado 8 de mayo el presidente Enrique Peña Nieto expidió y firmó junto con el secretario de Gobernación, Jesús Alfonso Navarrete Prida, el citado decreto “para su debida publicación y observancia”.

Las ONG criticaron el desaseo legislativo con el cual se llevó a cabo la aprobación de esta ley, la cual sólo fue discutida gracias a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, durante el debate legislativo, la oposición acusó al PRI y sus aliados de no garantizar los principios fundamentales de transparencia en el destino de recurso de entes públicos para medios de comunicación.

El Diario Oficial de la Federación destaca que esta ley es de orden público e interés social, de observancia general en todo el país y reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social. La Secretaría de Gobernación (Secretaría Administradora) y la dependencia o unidad administrativa equivalente en el ámbito de las entidades federativas y los municipios serán las encargadas de regular el gasto en materia de comunicación social, así como las áreas o unidades administrativas con funciones o atribuciones equivalentes o similares que determinen el resto de los entes públicos.

La Segob será la encargada, en el ámbito de su competencia, de prestar asistencia técnica y evaluación de las estrategias, programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública, a fin de garantizar la eficacia, eficiencia y transparencia en el uso de recursos.

Los entes públicos deben elaborar una estrategia anual de comunicación social y los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social deberán estar inscritos previamente en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, a cargo de la Segob.

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