/ lunes 9 de enero de 2017

Relacionados con las drogas 42 por ciento de reclusos federales

*En prisiones estatales la incidencia es de casi 10%

*Mercado criminal que mueve 320 mil mdd al año

 |Segunda parte| 

México no se distinguirá por contar con niños “motos” ni ancianos “pachecos” si la Cámara de Diputados aprueba en los próximos meses la legalización de la marihuana solo con fines medicinales, en los términos de la minuta enviada por el Senado de la República. Pero tampoco sobresaldrá por avanzar en el sistema penitenciario, porque en el documento no está contemplada una amnistía o algo por el estilo para beneficio de los encarcelados por consumo o narcomenudeo.

Hay que recordar que, en torno a la marihuana, a sugerencia del propio presidente Peña Nieto hubo una serie de eventos, foros y audiencias.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados realizó un trabajo acerca de los mismos.

Salvador Moreno Pérez, investigador del CESOP, sobre la actual problemática indica que en términos generales los delitos relacionados con el consumo y posesión de marihuana en pequeñas cantidades son agregados en los delitos contra la salud.

Consulta aquí la primera parte: 

“La información sobre la cantidad de detenidos por ese motivo es escasa y deficiente. Según estadísticas elaboradas por Catalina Pérez Correa en 2014, de un total de 24 mil 884 internos en centros federales, 42.1 por ciento estaba recluido por delitos contra la salud, lo que equivale a poco más de 10 mil 500 personas”, precisa.

Proporciona enseguida los resultados de la Primer Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social 2012 (consistentes con lo anterior), ya que un alto porcentaje de personas, que reportan estar sentenciadas por transporte y posesión de narcóticos (siendo la primera y segunda mención más frecuente).

“Los datos -explica- muestran que del total de las personas encuestadas, 23 por ciento están sentenciadas por posesión y 25 por ciento por transporte de drogas; 9.3 por ciento reportó estar sentenciado por venta al menudeo de narcóticos y uno por ciento de la población total está sentenciada por consumo”.

En tanto, añade, “en los centros penitenciarios estatales, en 2014, según Catalina Pérez Correa existían alrededor de 18 mil 464 internos, de los cuales 10 por ciento está recluido por delitos contra la salud, una tercera parte de ellos estaba por posesión simple, lo que -según la especialista-, con ese delito no se prueba la intención de venta o suministro, y el artículo 477 de la Ley General de Salud menciona que el delito de posesión simple se acredita cuando una persona posee alguno de los “narcóticos señalados en la tabla en cantidad menor a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla” y “cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aun gratuitamente”. Dicha conducta es sancionable con penas de entre “diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días de multa”.

En sus comentarios finales, Moreno Pérez precisa entre otras cuestiones que, después de un debate en el Congreso de la Unión en las “Audiencias Públicas sobre la regulación de la marihuana”, un aspecto que obtuvo consenso entre los participantes fue “que la política de drogas - en especial la del consumo de marihuana- debe cambiarse. Uno de los temas con mayor aceptación fue la amnistía para presos por delitos de consumo o posesión de cannabis”.

Además, dice que una gran cantidad de personas recluidas en los centros penitenciarios locales y federales son consumidores y/o narcomenudistas que conviven con delincuentes de alta peligrosidad. “Ésa es una de las razones por las que el sistema penal mexicano se debe reestructurar y revisar la proporcionalidad de las penas y el uso del aparato coercitivo del Estado mexicano”, recalca.

ENORME VALOR DEL MERCADO CRIMINAL

Otro trabajo del Reporte número 92, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, expone el planteamiento en el foro sobre la mariguana de Zara Snapp de la ONG Global Comission on Drug Policy, quién responsabilizó a la política prohibicionista de la creación de un mercado criminal con un valor aproximado de 320 mil millones de dólares, que mueve fácilmente mercancía ilícita a través de las fronteras; de abandonar la preocupación por la salud, y de criminalizar y estigmatizar a los consumidores, de acuerdo a Gabriel Fernández Espejel.

Foto: PGR

Este investigador, por ejemplo, abordó el tema de la regulación en el consumo, autoproducción y derechos humanos, que se desarrolló en las audiencias públicas para las alternativas de regulación de la marihuana.

¿Cuántos de los planteamientos y las propuestas realizadas en dichas audiencias serán tomados en cuenta para la nueva legislación? Seguramente muy pocos.

Dice Fernández Espejel que la maestra Luisa Conesa Labastida, abogada constitucionalista, ahondó en el tema del autoconsumo una vez que precisara que los derechos humanos interdependientes están conectados, por lo que exhorta a no favorecer uno en perjuicio de otro.

Además, de acuerdo al analista, apuntó que el Estado (en específico el Poder Legislativo) debe acompañar estas acciones en favor de la interdependencia y progresividad con la implementación de una política de gasto. Actualmente, la política de drogas, bajo la perspectiva de seguridad pública (o prohibicionista), eroga alrededor de 790 mil millones de pesos, mientras que en tratamiento de salud y derechos humanos gasta 23 mil millones de pesos.

También expone que el gasto no puede definirse mediante esta proporcionalidad, en el sentido de que las limitaciones presupuestales no deben constituir un obstáculo para que se nulifiquen o se reduzcan los derechos sociales. Por el contrario, se requiere de un órgano regulador que pueda revisar y sancionar, que coadyuve en políticas públicas transversales y que garantice el derecho a la información sobre los riesgos asociados, su potencia, su capacidad medicinal, entre otros.

DISPOSICIONES LEGALES MERAMENTE PUNITIVAS

José de Jesús González Rodríguez, investigador del CESOP, explica que las normas legales a nivel internacional referentes a la producción, comercialización y consumo de marihuana, han mostrado rasgos que van desde la más estricta penalización hasta la permisividad. “En ese contexto, las tendencias que se advierten actualmente en cuanto a los rasgos de la normatividad que eventualmente se promulgue al respecto, permiten vislumbrar una gradual despenalización en el consumo recreativo del cannabis y una tendencia a la adopción de medidas de carácter multilateral que maticen la connotación meramente punitiva del fenómeno”, expone.

Más en el caso de los trabajos que lleva a cabo el Congreso de la Unión todo apunta que únicamente se permitirá la marihuana para usos medicinales.

A su juicio, la naturaleza de una práctica que implica el cultivo, distribución, comercialización y consumo de una sustancia que es considerada ilícita en algunas naciones, mientras que es perfectamente legal en otras, acentúa la necesidad de concebir y diseñar disposiciones de carácter multilateral que construyan las bases de una salida paulatina a un problema de carácter global.

Foto: Ilustrativa archivo OEM

Hace hincapié en lo que sucede: las disposiciones legales de carácter eminentemente punitivo han ido poco a poco demostrando su escasa eficacia, sobre todo cuando esas medidas no van inmersas en una política integral en materia de sustancias estupefacientes y sobre todo cuando existen políticas públicas contradictorias sobre el mismo tema en naciones vecinas.

“Las enormes ganancias del mercado ilícito de las drogas y la atroz violencia que caracteriza a la disputa de los mercados son aspectos que deben ser especialmente examinados en una eventual discusión legislativa del tema”, concluye.

En cuanto a la regulación de la marihuana y la seguridad pública en nuestro país, Rafael López Vega, después de un amplio análisis, plantea en sus comentarios finales:

“La coincidencia analítica entre expertos de diversas nacionalidades en que el modelo prohibicionista está agotado, que ha tenido impactos negativos en la seguridad pública, y en los sistemas de impartición y procuración de justicia, alienta la necesidad de colocar en el centro del debate las especificidades que experimenta cada país en el combate a la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas”.

Comenta, además, lo lamentable del caso mexicano donde la inseguridad pública adopta formas de violencia “que van del robo y el secuestro hasta la tortura, la de-saparición, el desplazamiento y el homicidio. Las diferentes aristas del crimen organizado se suman a las condiciones socioeconómicas y culturales, a la debilidad de instituciones locales que vulneran e impiden sistemáticamente la posibilidad de que miles de mexicanos puedan contar con proyectos de vida alejados de la violencia y la pobreza. Proyectos de vida que necesitan anclarse a la exigencia de que se garanticen condiciones sociales que den lugar al cumplimiento de los derechos humanos”, finaliza.

*En prisiones estatales la incidencia es de casi 10%

*Mercado criminal que mueve 320 mil mdd al año

 |Segunda parte| 

México no se distinguirá por contar con niños “motos” ni ancianos “pachecos” si la Cámara de Diputados aprueba en los próximos meses la legalización de la marihuana solo con fines medicinales, en los términos de la minuta enviada por el Senado de la República. Pero tampoco sobresaldrá por avanzar en el sistema penitenciario, porque en el documento no está contemplada una amnistía o algo por el estilo para beneficio de los encarcelados por consumo o narcomenudeo.

Hay que recordar que, en torno a la marihuana, a sugerencia del propio presidente Peña Nieto hubo una serie de eventos, foros y audiencias.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados realizó un trabajo acerca de los mismos.

Salvador Moreno Pérez, investigador del CESOP, sobre la actual problemática indica que en términos generales los delitos relacionados con el consumo y posesión de marihuana en pequeñas cantidades son agregados en los delitos contra la salud.

Consulta aquí la primera parte: 

“La información sobre la cantidad de detenidos por ese motivo es escasa y deficiente. Según estadísticas elaboradas por Catalina Pérez Correa en 2014, de un total de 24 mil 884 internos en centros federales, 42.1 por ciento estaba recluido por delitos contra la salud, lo que equivale a poco más de 10 mil 500 personas”, precisa.

Proporciona enseguida los resultados de la Primer Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social 2012 (consistentes con lo anterior), ya que un alto porcentaje de personas, que reportan estar sentenciadas por transporte y posesión de narcóticos (siendo la primera y segunda mención más frecuente).

“Los datos -explica- muestran que del total de las personas encuestadas, 23 por ciento están sentenciadas por posesión y 25 por ciento por transporte de drogas; 9.3 por ciento reportó estar sentenciado por venta al menudeo de narcóticos y uno por ciento de la población total está sentenciada por consumo”.

En tanto, añade, “en los centros penitenciarios estatales, en 2014, según Catalina Pérez Correa existían alrededor de 18 mil 464 internos, de los cuales 10 por ciento está recluido por delitos contra la salud, una tercera parte de ellos estaba por posesión simple, lo que -según la especialista-, con ese delito no se prueba la intención de venta o suministro, y el artículo 477 de la Ley General de Salud menciona que el delito de posesión simple se acredita cuando una persona posee alguno de los “narcóticos señalados en la tabla en cantidad menor a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla” y “cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aun gratuitamente”. Dicha conducta es sancionable con penas de entre “diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días de multa”.

En sus comentarios finales, Moreno Pérez precisa entre otras cuestiones que, después de un debate en el Congreso de la Unión en las “Audiencias Públicas sobre la regulación de la marihuana”, un aspecto que obtuvo consenso entre los participantes fue “que la política de drogas - en especial la del consumo de marihuana- debe cambiarse. Uno de los temas con mayor aceptación fue la amnistía para presos por delitos de consumo o posesión de cannabis”.

Además, dice que una gran cantidad de personas recluidas en los centros penitenciarios locales y federales son consumidores y/o narcomenudistas que conviven con delincuentes de alta peligrosidad. “Ésa es una de las razones por las que el sistema penal mexicano se debe reestructurar y revisar la proporcionalidad de las penas y el uso del aparato coercitivo del Estado mexicano”, recalca.

ENORME VALOR DEL MERCADO CRIMINAL

Otro trabajo del Reporte número 92, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, expone el planteamiento en el foro sobre la mariguana de Zara Snapp de la ONG Global Comission on Drug Policy, quién responsabilizó a la política prohibicionista de la creación de un mercado criminal con un valor aproximado de 320 mil millones de dólares, que mueve fácilmente mercancía ilícita a través de las fronteras; de abandonar la preocupación por la salud, y de criminalizar y estigmatizar a los consumidores, de acuerdo a Gabriel Fernández Espejel.

Foto: PGR

Este investigador, por ejemplo, abordó el tema de la regulación en el consumo, autoproducción y derechos humanos, que se desarrolló en las audiencias públicas para las alternativas de regulación de la marihuana.

¿Cuántos de los planteamientos y las propuestas realizadas en dichas audiencias serán tomados en cuenta para la nueva legislación? Seguramente muy pocos.

Dice Fernández Espejel que la maestra Luisa Conesa Labastida, abogada constitucionalista, ahondó en el tema del autoconsumo una vez que precisara que los derechos humanos interdependientes están conectados, por lo que exhorta a no favorecer uno en perjuicio de otro.

Además, de acuerdo al analista, apuntó que el Estado (en específico el Poder Legislativo) debe acompañar estas acciones en favor de la interdependencia y progresividad con la implementación de una política de gasto. Actualmente, la política de drogas, bajo la perspectiva de seguridad pública (o prohibicionista), eroga alrededor de 790 mil millones de pesos, mientras que en tratamiento de salud y derechos humanos gasta 23 mil millones de pesos.

También expone que el gasto no puede definirse mediante esta proporcionalidad, en el sentido de que las limitaciones presupuestales no deben constituir un obstáculo para que se nulifiquen o se reduzcan los derechos sociales. Por el contrario, se requiere de un órgano regulador que pueda revisar y sancionar, que coadyuve en políticas públicas transversales y que garantice el derecho a la información sobre los riesgos asociados, su potencia, su capacidad medicinal, entre otros.

DISPOSICIONES LEGALES MERAMENTE PUNITIVAS

José de Jesús González Rodríguez, investigador del CESOP, explica que las normas legales a nivel internacional referentes a la producción, comercialización y consumo de marihuana, han mostrado rasgos que van desde la más estricta penalización hasta la permisividad. “En ese contexto, las tendencias que se advierten actualmente en cuanto a los rasgos de la normatividad que eventualmente se promulgue al respecto, permiten vislumbrar una gradual despenalización en el consumo recreativo del cannabis y una tendencia a la adopción de medidas de carácter multilateral que maticen la connotación meramente punitiva del fenómeno”, expone.

Más en el caso de los trabajos que lleva a cabo el Congreso de la Unión todo apunta que únicamente se permitirá la marihuana para usos medicinales.

A su juicio, la naturaleza de una práctica que implica el cultivo, distribución, comercialización y consumo de una sustancia que es considerada ilícita en algunas naciones, mientras que es perfectamente legal en otras, acentúa la necesidad de concebir y diseñar disposiciones de carácter multilateral que construyan las bases de una salida paulatina a un problema de carácter global.

Foto: Ilustrativa archivo OEM

Hace hincapié en lo que sucede: las disposiciones legales de carácter eminentemente punitivo han ido poco a poco demostrando su escasa eficacia, sobre todo cuando esas medidas no van inmersas en una política integral en materia de sustancias estupefacientes y sobre todo cuando existen políticas públicas contradictorias sobre el mismo tema en naciones vecinas.

“Las enormes ganancias del mercado ilícito de las drogas y la atroz violencia que caracteriza a la disputa de los mercados son aspectos que deben ser especialmente examinados en una eventual discusión legislativa del tema”, concluye.

En cuanto a la regulación de la marihuana y la seguridad pública en nuestro país, Rafael López Vega, después de un amplio análisis, plantea en sus comentarios finales:

“La coincidencia analítica entre expertos de diversas nacionalidades en que el modelo prohibicionista está agotado, que ha tenido impactos negativos en la seguridad pública, y en los sistemas de impartición y procuración de justicia, alienta la necesidad de colocar en el centro del debate las especificidades que experimenta cada país en el combate a la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas”.

Comenta, además, lo lamentable del caso mexicano donde la inseguridad pública adopta formas de violencia “que van del robo y el secuestro hasta la tortura, la de-saparición, el desplazamiento y el homicidio. Las diferentes aristas del crimen organizado se suman a las condiciones socioeconómicas y culturales, a la debilidad de instituciones locales que vulneran e impiden sistemáticamente la posibilidad de que miles de mexicanos puedan contar con proyectos de vida alejados de la violencia y la pobreza. Proyectos de vida que necesitan anclarse a la exigencia de que se garanticen condiciones sociales que den lugar al cumplimiento de los derechos humanos”, finaliza.