/ lunes 9 de enero de 2017

Relacionados con las drogas 42 por ciento de reclusos federales

*En prisiones estatales la incidencia es de casi 10%

*Mercado criminal que mueve 320 mil mdd al año

 |Segunda parte| 

México no se distinguirá por contar con niños “motos” niancianos “pachecos” si la Cámara de Diputados aprueba en lospróximos meses la legalización de la marihuana solo con finesmedicinales, en los términos de la minuta enviada por el Senado dela República. Pero tampoco sobresaldrá por avanzar en el sistemapenitenciario, porque en el documento no está contemplada unaamnistía o algo por el estilo para beneficio de los encarceladospor consumo o narcomenudeo.

Hay que recordar que, en torno a la marihuana, a sugerencia delpropio presidente Peña Nieto hubo una serie de eventos, foros yaudiencias.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) dela Cámara de Diputados realizó un trabajo acerca de losmismos.

Salvador Moreno Pérez, investigador del CESOP, sobre la actualproblemática indica que en términos generales los delitosrelacionados con el consumo y posesión de marihuana en pequeñascantidades son agregados en los delitos contra la salud.

Consulta aquí la primeraparte: 

“La información sobre la cantidad de detenidos por ese motivoes escasa y deficiente. Según estadísticas elaboradas porCatalina Pérez Correa en 2014, de un total de 24 mil 884 internosen centros federales, 42.1 por ciento estaba recluido por delitoscontra la salud, lo que equivale a poco más de 10 mil 500personas”, precisa.

Proporciona enseguida los resultados de la Primer Encuestarealizada a Población Interna en Centros Federales deReadaptación Social 2012 (consistentes con lo anterior), ya que unalto porcentaje de personas, que reportan estar sentenciadas portransporte y posesión de narcóticos (siendo la primera y segundamención más frecuente).

“Los datos -explica- muestran que del total de las personasencuestadas, 23 por ciento están sentenciadas por posesión y 25por ciento por transporte de drogas; 9.3 por ciento reportó estarsentenciado por venta al menudeo de narcóticos y uno por ciento dela población total está sentenciada por consumo”.

En tanto, añade, “en los centros penitenciarios estatales, en2014, según Catalina Pérez Correa existían alrededor de 18 mil464 internos, de los cuales 10 por ciento está recluido pordelitos contra la salud, una tercera parte de ellos estaba porposesión simple, lo que -según la especialista-, con ese delitono se prueba la intención de venta o suministro, y el artículo477 de la Ley General de Salud menciona que el delito de posesiónsimple se acredita cuando una persona posee alguno de los“narcóticos señalados en la tabla en cantidad menor a la queresulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla” y“cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no puedaconsiderarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aungratuitamente”. Dicha conducta es sancionable con penas de entre“diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días demulta”.

En sus comentarios finales, Moreno Pérez precisa entre otrascuestiones que, después de un debate en el Congreso de la Uniónen las “Audiencias Públicas sobre la regulación de lamarihuana”, un aspecto que obtuvo consenso entre losparticipantes fue “que la política de drogas - en especial ladel consumo de marihuana- debe cambiarse. Uno de los temas conmayor aceptación fue la amnistía para presos por delitos deconsumo o posesión de cannabis”.

Además, dice que una gran cantidad de personas recluidas en loscentros penitenciarios locales y federales son consumidores y/onarcomenudistas que conviven con delincuentes de alta peligrosidad.“Ésa es una de las razones por las que el sistema penal mexicanose debe reestructurar y revisar la proporcionalidad de las penas yel uso del aparato coercitivo del Estado mexicano”, recalca.

ENORME VALOR DEL MERCADO CRIMINAL

Otro trabajo del Reporte número 92, del Centro de EstudiosSociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, exponeel planteamiento en el foro sobre la mariguana de Zara Snapp de laONG Global Comission on Drug Policy, quién responsabilizó a lapolítica prohibicionista de la creación de un mercado criminalcon un valor aproximado de 320 mil millones de dólares, que muevefácilmente mercancía ilícita a través de las fronteras; deabandonar la preocupación por la salud, y de criminalizar yestigmatizar a los consumidores, de acuerdo a Gabriel FernándezEspejel.

Foto: PGR

Este investigador, por ejemplo, abordó el tema de laregulación en el consumo, autoproducción y derechos humanos, quese desarrolló en las audiencias públicas para las alternativas deregulación de la marihuana.

¿Cuántos de los planteamientos y las propuestas realizadas endichas audiencias serán tomados en cuenta para la nuevalegislación? Seguramente muy pocos.

Dice Fernández Espejel que la maestra Luisa Conesa Labastida,abogada constitucionalista, ahondó en el tema del autoconsumo unavez que precisara que los derechos humanos interdependientes estánconectados, por lo que exhorta a no favorecer uno en perjuicio deotro.

Además, de acuerdo al analista, apuntó que el Estado (enespecífico el Poder Legislativo) debe acompañar estas acciones enfavor de la interdependencia y progresividad con la implementaciónde una política de gasto. Actualmente, la política de drogas,bajo la perspectiva de seguridad pública (o prohibicionista),eroga alrededor de 790 mil millones de pesos, mientras que entratamiento de salud y derechos humanos gasta 23 mil millones depesos.

También expone que el gasto no puede definirse mediante estaproporcionalidad, en el sentido de que las limitacionespresupuestales no deben constituir un obstáculo para que senulifiquen o se reduzcan los derechos sociales. Por el contrario,se requiere de un órgano regulador que pueda revisar y sancionar,que coadyuve en políticas públicas transversales y que garanticeel derecho a la información sobre los riesgos asociados, supotencia, su capacidad medicinal, entre otros.

DISPOSICIONES LEGALES MERAMENTE PUNITIVAS

José de Jesús González Rodríguez, investigador del CESOP,explica que las normas legales a nivel internacional referentes ala producción, comercialización y consumo de marihuana, hanmostrado rasgos que van desde la más estricta penalización hastala permisividad. “En ese contexto, las tendencias que seadvierten actualmente en cuanto a los rasgos de la normatividad queeventualmente se promulgue al respecto, permiten vislumbrar unagradual despenalización en el consumo recreativo del cannabis yuna tendencia a la adopción de medidas de carácter multilateralque maticen la connotación meramente punitiva del fenómeno”,expone.

Más en el caso de los trabajos que lleva a cabo el Congreso dela Unión todo apunta que únicamente se permitirá la marihuanapara usos medicinales.

A su juicio, la naturaleza de una práctica que implica elcultivo, distribución, comercialización y consumo de unasustancia que es considerada ilícita en algunas naciones, mientrasque es perfectamente legal en otras, acentúa la necesidad deconcebir y diseñar disposiciones de carácter multilateral queconstruyan las bases de una salida paulatina a un problema decarácter global.

Foto: Ilustrativa archivo OEM

Hace hincapié en lo que sucede: las disposiciones legales decarácter eminentemente punitivo han ido poco a poco demostrando suescasa eficacia, sobre todo cuando esas medidas no van inmersas enuna política integral en materia de sustancias estupefacientes ysobre todo cuando existen políticas públicas contradictoriassobre el mismo tema en naciones vecinas.

“Las enormes ganancias del mercado ilícito de las drogas y laatroz violencia que caracteriza a la disputa de los mercados sonaspectos que deben ser especialmente examinados en una eventualdiscusión legislativa del tema”, concluye.

En cuanto a la regulación de la marihuana y la seguridadpública en nuestro país, Rafael López Vega, después de unamplio análisis, plantea en sus comentarios finales:

“La coincidencia analítica entre expertos de diversasnacionalidades en que el modelo prohibicionista está agotado, queha tenido impactos negativos en la seguridad pública, y en lossistemas de impartición y procuración de justicia, alienta lanecesidad de colocar en el centro del debate las especificidadesque experimenta cada país en el combate a la producción, tráficoy consumo de drogas ilícitas”.

Comenta, además, lo lamentable del caso mexicano donde lainseguridad pública adopta formas de violencia “que van del roboy el secuestro hasta la tortura, la de-saparición, eldesplazamiento y el homicidio. Las diferentes aristas del crimenorganizado se suman a las condiciones socioeconómicas yculturales, a la debilidad de instituciones locales que vulneran eimpiden sistemáticamente la posibilidad de que miles de mexicanospuedan contar con proyectos de vida alejados de la violencia y lapobreza. Proyectos de vida que necesitan anclarse a la exigencia deque se garanticen condiciones sociales que den lugar alcumplimiento de los derechos humanos”, finaliza.

*En prisiones estatales la incidencia es de casi 10%

*Mercado criminal que mueve 320 mil mdd al año

 |Segunda parte| 

México no se distinguirá por contar con niños “motos” niancianos “pachecos” si la Cámara de Diputados aprueba en lospróximos meses la legalización de la marihuana solo con finesmedicinales, en los términos de la minuta enviada por el Senado dela República. Pero tampoco sobresaldrá por avanzar en el sistemapenitenciario, porque en el documento no está contemplada unaamnistía o algo por el estilo para beneficio de los encarceladospor consumo o narcomenudeo.

Hay que recordar que, en torno a la marihuana, a sugerencia delpropio presidente Peña Nieto hubo una serie de eventos, foros yaudiencias.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) dela Cámara de Diputados realizó un trabajo acerca de losmismos.

Salvador Moreno Pérez, investigador del CESOP, sobre la actualproblemática indica que en términos generales los delitosrelacionados con el consumo y posesión de marihuana en pequeñascantidades son agregados en los delitos contra la salud.

Consulta aquí la primeraparte: 

“La información sobre la cantidad de detenidos por ese motivoes escasa y deficiente. Según estadísticas elaboradas porCatalina Pérez Correa en 2014, de un total de 24 mil 884 internosen centros federales, 42.1 por ciento estaba recluido por delitoscontra la salud, lo que equivale a poco más de 10 mil 500personas”, precisa.

Proporciona enseguida los resultados de la Primer Encuestarealizada a Población Interna en Centros Federales deReadaptación Social 2012 (consistentes con lo anterior), ya que unalto porcentaje de personas, que reportan estar sentenciadas portransporte y posesión de narcóticos (siendo la primera y segundamención más frecuente).

“Los datos -explica- muestran que del total de las personasencuestadas, 23 por ciento están sentenciadas por posesión y 25por ciento por transporte de drogas; 9.3 por ciento reportó estarsentenciado por venta al menudeo de narcóticos y uno por ciento dela población total está sentenciada por consumo”.

En tanto, añade, “en los centros penitenciarios estatales, en2014, según Catalina Pérez Correa existían alrededor de 18 mil464 internos, de los cuales 10 por ciento está recluido pordelitos contra la salud, una tercera parte de ellos estaba porposesión simple, lo que -según la especialista-, con ese delitono se prueba la intención de venta o suministro, y el artículo477 de la Ley General de Salud menciona que el delito de posesiónsimple se acredita cuando una persona posee alguno de los“narcóticos señalados en la tabla en cantidad menor a la queresulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla” y“cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no puedaconsiderarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aungratuitamente”. Dicha conducta es sancionable con penas de entre“diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días demulta”.

En sus comentarios finales, Moreno Pérez precisa entre otrascuestiones que, después de un debate en el Congreso de la Uniónen las “Audiencias Públicas sobre la regulación de lamarihuana”, un aspecto que obtuvo consenso entre losparticipantes fue “que la política de drogas - en especial ladel consumo de marihuana- debe cambiarse. Uno de los temas conmayor aceptación fue la amnistía para presos por delitos deconsumo o posesión de cannabis”.

Además, dice que una gran cantidad de personas recluidas en loscentros penitenciarios locales y federales son consumidores y/onarcomenudistas que conviven con delincuentes de alta peligrosidad.“Ésa es una de las razones por las que el sistema penal mexicanose debe reestructurar y revisar la proporcionalidad de las penas yel uso del aparato coercitivo del Estado mexicano”, recalca.

ENORME VALOR DEL MERCADO CRIMINAL

Otro trabajo del Reporte número 92, del Centro de EstudiosSociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, exponeel planteamiento en el foro sobre la mariguana de Zara Snapp de laONG Global Comission on Drug Policy, quién responsabilizó a lapolítica prohibicionista de la creación de un mercado criminalcon un valor aproximado de 320 mil millones de dólares, que muevefácilmente mercancía ilícita a través de las fronteras; deabandonar la preocupación por la salud, y de criminalizar yestigmatizar a los consumidores, de acuerdo a Gabriel FernándezEspejel.

Foto: PGR

Este investigador, por ejemplo, abordó el tema de laregulación en el consumo, autoproducción y derechos humanos, quese desarrolló en las audiencias públicas para las alternativas deregulación de la marihuana.

¿Cuántos de los planteamientos y las propuestas realizadas endichas audiencias serán tomados en cuenta para la nuevalegislación? Seguramente muy pocos.

Dice Fernández Espejel que la maestra Luisa Conesa Labastida,abogada constitucionalista, ahondó en el tema del autoconsumo unavez que precisara que los derechos humanos interdependientes estánconectados, por lo que exhorta a no favorecer uno en perjuicio deotro.

Además, de acuerdo al analista, apuntó que el Estado (enespecífico el Poder Legislativo) debe acompañar estas acciones enfavor de la interdependencia y progresividad con la implementaciónde una política de gasto. Actualmente, la política de drogas,bajo la perspectiva de seguridad pública (o prohibicionista),eroga alrededor de 790 mil millones de pesos, mientras que entratamiento de salud y derechos humanos gasta 23 mil millones depesos.

También expone que el gasto no puede definirse mediante estaproporcionalidad, en el sentido de que las limitacionespresupuestales no deben constituir un obstáculo para que senulifiquen o se reduzcan los derechos sociales. Por el contrario,se requiere de un órgano regulador que pueda revisar y sancionar,que coadyuve en políticas públicas transversales y que garanticeel derecho a la información sobre los riesgos asociados, supotencia, su capacidad medicinal, entre otros.

DISPOSICIONES LEGALES MERAMENTE PUNITIVAS

José de Jesús González Rodríguez, investigador del CESOP,explica que las normas legales a nivel internacional referentes ala producción, comercialización y consumo de marihuana, hanmostrado rasgos que van desde la más estricta penalización hastala permisividad. “En ese contexto, las tendencias que seadvierten actualmente en cuanto a los rasgos de la normatividad queeventualmente se promulgue al respecto, permiten vislumbrar unagradual despenalización en el consumo recreativo del cannabis yuna tendencia a la adopción de medidas de carácter multilateralque maticen la connotación meramente punitiva del fenómeno”,expone.

Más en el caso de los trabajos que lleva a cabo el Congreso dela Unión todo apunta que únicamente se permitirá la marihuanapara usos medicinales.

A su juicio, la naturaleza de una práctica que implica elcultivo, distribución, comercialización y consumo de unasustancia que es considerada ilícita en algunas naciones, mientrasque es perfectamente legal en otras, acentúa la necesidad deconcebir y diseñar disposiciones de carácter multilateral queconstruyan las bases de una salida paulatina a un problema decarácter global.

Foto: Ilustrativa archivo OEM

Hace hincapié en lo que sucede: las disposiciones legales decarácter eminentemente punitivo han ido poco a poco demostrando suescasa eficacia, sobre todo cuando esas medidas no van inmersas enuna política integral en materia de sustancias estupefacientes ysobre todo cuando existen políticas públicas contradictoriassobre el mismo tema en naciones vecinas.

“Las enormes ganancias del mercado ilícito de las drogas y laatroz violencia que caracteriza a la disputa de los mercados sonaspectos que deben ser especialmente examinados en una eventualdiscusión legislativa del tema”, concluye.

En cuanto a la regulación de la marihuana y la seguridadpública en nuestro país, Rafael López Vega, después de unamplio análisis, plantea en sus comentarios finales:

“La coincidencia analítica entre expertos de diversasnacionalidades en que el modelo prohibicionista está agotado, queha tenido impactos negativos en la seguridad pública, y en lossistemas de impartición y procuración de justicia, alienta lanecesidad de colocar en el centro del debate las especificidadesque experimenta cada país en el combate a la producción, tráficoy consumo de drogas ilícitas”.

Comenta, además, lo lamentable del caso mexicano donde lainseguridad pública adopta formas de violencia “que van del roboy el secuestro hasta la tortura, la de-saparición, eldesplazamiento y el homicidio. Las diferentes aristas del crimenorganizado se suman a las condiciones socioeconómicas yculturales, a la debilidad de instituciones locales que vulneran eimpiden sistemáticamente la posibilidad de que miles de mexicanospuedan contar con proyectos de vida alejados de la violencia y lapobreza. Proyectos de vida que necesitan anclarse a la exigencia deque se garanticen condiciones sociales que den lugar alcumplimiento de los derechos humanos”, finaliza.

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