/ domingo 8 de enero de 2017

Riesgoso aprobar la Ley de Seguridad Interior: Diputados

Rechaza el diputado del PRD, Alejandro Ojeda, debatir en estemomento la Ley de Seguridad Interior y advirtió que ante elmalestar social, sería riesgoso abrir una puerta a la represiónmilitar.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, advirtió quedebatir la participación del Ejército en materia de seguridadpública en este momento es muy delicado, una intervención militaren contra de las protestas populares y pacíficas por los malosmanejos de la actual administración pública, sería tanto comoecharle gasolina al fuego.

El descontento emerge de los efectos acumulados de una políticaeconómica que por más de 30 años debilitó la base del aparatoproductivo nacional, incrementó la pobreza, provocó ladesigualdad extrema y la descomposición del tejido social,aseguró.

Pidió diferenciar entre la movilización social en contra delgasolinazo y los actos vandálicos suscitados en tiendasdepartamentales, porque estos últimos están claramenteorganizados y manipulados para crear un clima de incertidumbre ymiedo entre la población, y con ello justificar la represióncontra quienes expresen su descontento contra el actualrégimen.

Por ello, pidió al Partido Revolucionario Institucional (PRI)no solo revisar con seriedad la posibilidad de realizar un periodoextraordinario para dar marcha atrás a los gasolinazos, sinofrenar sus ímpetus de aprobar una Ley de Seguridad Interior, cuyofin pareciera no solo regular la actuación del Ejército en tareasde seguridad pública, sino la de firmarle un cheque en blanco paraejercer la represión.

Ante el anuncio de que el próximo martes habría reunión dediputados y senadores para iniciar la revisión y el debate sobrela Ley de Seguridad Interior, el diputado federal dijo que esinadmisible que el PRI rechace un periodo extraordinario paratratar el asunto del gasolinazo y pretenda legislar al vapor parasacar adelante dicha legislación.

Además, subrayó que cualquier reglamentación que se pretendahacer para normar la participación del Ejército mexicano en lalucha contra el narcotráfico, debe contemplar la aprobación de laLey General Contra la Desaparición Forzada de Personas.

Reiteró que no se puede firmar un papel en blanco para permitirque los militares entren a una casa sin orden de cateo o delitoflagrante, ni permiso de los habitantes de un domicilio.

Insistió en que sacar de su domicilio o detener a la fuerza acualquier persona y subirlo a camionetas oficiales o no, sin queexista caso urgente, flagrancia en la comisión de algún delito niorden de aprehensión y, lo que es peor, llevárselos con rumbodesconocido, debe considerarse como un delito grave y tipificarsecomo desaparición forzada.

Desafortunadamente, dijo, son cada vez más comunes lasgrabaciones de las cámaras de seguridad o los celulares que sesuben a las redes sociales, donde se acredita la posibleparticipación de elementos del Ejército en la detención ydesaparición forzada de personas, además de la vulneración desus derechos a la inviolabilidad del domicilio y a la libertad,así como a la transgresión de la integridad personal ypersonalidad jurídica.

Por todo lo anterior, subrayó, es necesario avanzar en latipificación como delito grave de la desaparición forzada,considerada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos comouna violación grave a los derechos humanos.

Consideró que en México prevalece una situación crítica enmateria de desapariciones forzadas, que de acuerdo a la oficina delAlto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, existe unaestimación de 26 mil 798 personas que se encuentran “nolocalizadas” en el país, según el Informe sobre la Situaciónde Derechos Humanos en México, de la Comisión Interamericana delos Derechos Humanos.

Rechaza el diputado del PRD, Alejandro Ojeda, debatir en estemomento la Ley de Seguridad Interior y advirtió que ante elmalestar social, sería riesgoso abrir una puerta a la represiónmilitar.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, advirtió quedebatir la participación del Ejército en materia de seguridadpública en este momento es muy delicado, una intervención militaren contra de las protestas populares y pacíficas por los malosmanejos de la actual administración pública, sería tanto comoecharle gasolina al fuego.

El descontento emerge de los efectos acumulados de una políticaeconómica que por más de 30 años debilitó la base del aparatoproductivo nacional, incrementó la pobreza, provocó ladesigualdad extrema y la descomposición del tejido social,aseguró.

Pidió diferenciar entre la movilización social en contra delgasolinazo y los actos vandálicos suscitados en tiendasdepartamentales, porque estos últimos están claramenteorganizados y manipulados para crear un clima de incertidumbre ymiedo entre la población, y con ello justificar la represióncontra quienes expresen su descontento contra el actualrégimen.

Por ello, pidió al Partido Revolucionario Institucional (PRI)no solo revisar con seriedad la posibilidad de realizar un periodoextraordinario para dar marcha atrás a los gasolinazos, sinofrenar sus ímpetus de aprobar una Ley de Seguridad Interior, cuyofin pareciera no solo regular la actuación del Ejército en tareasde seguridad pública, sino la de firmarle un cheque en blanco paraejercer la represión.

Ante el anuncio de que el próximo martes habría reunión dediputados y senadores para iniciar la revisión y el debate sobrela Ley de Seguridad Interior, el diputado federal dijo que esinadmisible que el PRI rechace un periodo extraordinario paratratar el asunto del gasolinazo y pretenda legislar al vapor parasacar adelante dicha legislación.

Además, subrayó que cualquier reglamentación que se pretendahacer para normar la participación del Ejército mexicano en lalucha contra el narcotráfico, debe contemplar la aprobación de laLey General Contra la Desaparición Forzada de Personas.

Reiteró que no se puede firmar un papel en blanco para permitirque los militares entren a una casa sin orden de cateo o delitoflagrante, ni permiso de los habitantes de un domicilio.

Insistió en que sacar de su domicilio o detener a la fuerza acualquier persona y subirlo a camionetas oficiales o no, sin queexista caso urgente, flagrancia en la comisión de algún delito niorden de aprehensión y, lo que es peor, llevárselos con rumbodesconocido, debe considerarse como un delito grave y tipificarsecomo desaparición forzada.

Desafortunadamente, dijo, son cada vez más comunes lasgrabaciones de las cámaras de seguridad o los celulares que sesuben a las redes sociales, donde se acredita la posibleparticipación de elementos del Ejército en la detención ydesaparición forzada de personas, además de la vulneración desus derechos a la inviolabilidad del domicilio y a la libertad,así como a la transgresión de la integridad personal ypersonalidad jurídica.

Por todo lo anterior, subrayó, es necesario avanzar en latipificación como delito grave de la desaparición forzada,considerada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos comouna violación grave a los derechos humanos.

Consideró que en México prevalece una situación crítica enmateria de desapariciones forzadas, que de acuerdo a la oficina delAlto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, existe unaestimación de 26 mil 798 personas que se encuentran “nolocalizadas” en el país, según el Informe sobre la Situaciónde Derechos Humanos en México, de la Comisión Interamericana delos Derechos Humanos.

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