/ domingo 31 de mayo de 2020

SCJN decidirá uso de Ejército en seguridad pública

El alcalde Leoncio Morán Sánchez asegura que el decreto del Presidente violenta la Carta Magna

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Río- Farjat definirá en los próximos días si da entrada o no, para su revisión y análisis, a la primera controversia constitucional promovida por un municipio en contra del acuerdo que permite disponer de las Fuerzas Armadas de forma permanente en tareas de seguridad pública.

El recurso fue presentado por el alcalde de Colima, Colima, Leoncio Morán Sánchez, quien asegura que dicho decreto “violenta el marco constitucional en perjuicio de los órdenes municipales, pues incumple las condiciones consignadas en la Constitución”.

Expone que el decreto no hace que las instancias militares que se centran en labores policiales estén subordinadas a las autoridades civiles y tampoco aclara sobre los sitios en que harán sus labores o cómo se fiscalizarán éstas.

Y aunque hace un reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas en el país, se insiste ante la Suprema Corte en que el decreto violenta la Carta Magna y abre paso a que se distorsione la labor militar y se socave su legitimidad.

“Consideramos que con este acuerdo que el Presidente presentó los más lastimados son los miembros de las fuerzas armadas, pues ninguno de ellos decidió ingresar a la institución para luego ser policía de proximidad, dado que esa responsabilidad corresponde a las autoridades locales”, se indica.

En su demanda, el Ayuntamiento de Colima señala que se impugnan actos del Poder Ejecutivo Federal, a través del presidente de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Desde la tarde del viernes, el ministro presidente del máximo tribunal del país, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea turnó el expediente a la ministra Margarita Ríos-Farjat, quien se incorporó en enero del año pasado a la Corte, para que revise e instruya el procedimiento correspondiente respecto a la controversia constitucional 85/2020.

En caso de admitir a trámite el recurso promovido por el Ayuntamiento de Colima, Ríos Farjat comenzará con el estudio de todos los argumentos presentados, tanto por la alcaldía como por el Ejecutivo Federal, para que en los próximos meses se elabore un proyecto de sentencia que sea discutido por el pleno de la Suprema Corte de Justicia.

Fue el pasado 11 de mayo cuando presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador publicó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo para disponer de las Fuerzas Armadas permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

De esta forma a partir de ese día, el Ejército y la Marina apoyarán a la Guardia Nacional “en las funciones de seguridad pública, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años”.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Río- Farjat definirá en los próximos días si da entrada o no, para su revisión y análisis, a la primera controversia constitucional promovida por un municipio en contra del acuerdo que permite disponer de las Fuerzas Armadas de forma permanente en tareas de seguridad pública.

El recurso fue presentado por el alcalde de Colima, Colima, Leoncio Morán Sánchez, quien asegura que dicho decreto “violenta el marco constitucional en perjuicio de los órdenes municipales, pues incumple las condiciones consignadas en la Constitución”.

Expone que el decreto no hace que las instancias militares que se centran en labores policiales estén subordinadas a las autoridades civiles y tampoco aclara sobre los sitios en que harán sus labores o cómo se fiscalizarán éstas.

Y aunque hace un reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas en el país, se insiste ante la Suprema Corte en que el decreto violenta la Carta Magna y abre paso a que se distorsione la labor militar y se socave su legitimidad.

“Consideramos que con este acuerdo que el Presidente presentó los más lastimados son los miembros de las fuerzas armadas, pues ninguno de ellos decidió ingresar a la institución para luego ser policía de proximidad, dado que esa responsabilidad corresponde a las autoridades locales”, se indica.

En su demanda, el Ayuntamiento de Colima señala que se impugnan actos del Poder Ejecutivo Federal, a través del presidente de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Desde la tarde del viernes, el ministro presidente del máximo tribunal del país, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea turnó el expediente a la ministra Margarita Ríos-Farjat, quien se incorporó en enero del año pasado a la Corte, para que revise e instruya el procedimiento correspondiente respecto a la controversia constitucional 85/2020.

En caso de admitir a trámite el recurso promovido por el Ayuntamiento de Colima, Ríos Farjat comenzará con el estudio de todos los argumentos presentados, tanto por la alcaldía como por el Ejecutivo Federal, para que en los próximos meses se elabore un proyecto de sentencia que sea discutido por el pleno de la Suprema Corte de Justicia.

Fue el pasado 11 de mayo cuando presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador publicó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo para disponer de las Fuerzas Armadas permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

De esta forma a partir de ese día, el Ejército y la Marina apoyarán a la Guardia Nacional “en las funciones de seguridad pública, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años”.

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