/ sábado 17 de julio de 2021

¿Por qué están matando a los defensores ambientalistas en México?

Históricamente, los pueblos indígenas se han mantenido firmes en la defensa de sus territorios

En lo que va del año se han registrado al menos 28 asesinatos de defensores ambientalistas y líderes indígenas en México, lo que refleja una clara crisis de violencia que ha encendido la alerta por los homicidios de activistas, pero ¿por qué están asesinando a los activistas ambientales?

Según la organización Indigenous Peoples Rights International (Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional), históricamente, los pueblos indígenas se han mantenido firmes en la defensa de sus territorios, razón la cual han sido objeto de los episodios de violencia que han cobrado la viuda de los líderes ambientalistas y defensores de tierras que quedan en la sombra de la impunidad.

Justamente, uno de los principales motivos de los asesinatos es la inacción del Estado mexicano en sus diferentes niveles de gobierno ante el alza de violencia.

Por ello, la organización exhortó a las autoridades a que ejerzan su obligación de “investigar los asesinatos, otorgar justicia, verdad y medidas de no repetición hacia las y los sobrevivientes, sus familiares y la comunidad".

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“En Chiapas, desde el año pasado, se ha reportado una situación particularmente grave. En el municipio de Aldama, en medio de la región de los Altos, hay una disputa territorial que data de 1970 entre ejidos colindantes de Manuel Utrilla en Chenalhó y Aldama por 60 hectáreas. Las comunidades Tsotsiles que habitan ese territorio han reportado que son víctimas de un asedio que pone en riesgo sus vidas. Como consta en la documentación entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[2] existe un grupo armado que de manera permanente mantiene amenazada a las comunidades disparando con armas de fuego en contra de la población civil. En el 2020, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas documentó, en un período de 17 días, 56 agresiones armadas en contra de 12 comunidades de Aldama. Hasta este momento, se han reportado 3499 personas en desplazamiento forzado intermitente, 23 heridos de bala y 7 personas asesinadas, una de ellas este año”, relata.

Situaciones similares se viven en Oaxaca, Michoacán, Sonora, Morelos y otros estados de la República Mexicana.

Asesinan a activistas David Díaz Valdez y Simón Pedro Pérez

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el último asesinato ocurrió la semana pasada, pues el defensor del Medioambiente David Díaz Valdez, residente de la ciudad de Manzanillo Colima y el defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas, Simón Pedro Pérez López, en el municipio de Simojovel, fueron las víctimas mortales por armas de fuego.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEDMA) indicó en un informe emitido en abril que en México "prevalece una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural, la tierra y el territorio".

No solo son los asesinatos

Además de los 18 asesinaros que se registraron en el año 2020, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental también contabilizó 90 agresiones a defensores ambientalistas perpetradas en 65 ataques distintos.

Luego de que se diera el asesinato del activistas Pérez López, en Chiapas, Indigenous Peoples Rights International señaló que al menos en su recuentos se registran 14 víctimas mortales como represalia a su lucha por la defensa de sus derechos en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sonora.

"Señalamos la inacción del Estado mexicano en sus diferentes niveles de Gobierno y le recordamos la obligación de investigar los asesinatos, otorgar justicia, verdad y medidas de no repetición hacia las y los sobrevivientes, sus familiares y la comunidad", demandó la organización.

En un comunicado, también condenó y manifestó su preocupación por los actos que vulneran a los pueblos indígenas y aseguró que dichos actos de violencia también traen consigo consecuencias en las comunidades indígenas, no solo alas familias de los asesinados.

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“La defensa de sus derechos depende de su cohesión como pueblos, de sus asambleas e instancias de decisión comunitaria. La forma como la violencia ha irrumpido en sus territorios lastima fuertemente el tejido social y la vida que depende de ello”, expresó.

Finalmente, exhortó a la sociedad civil en su conjunto a que se sensibilice sobre la necesidad de demandar y visibilizar "la terrible situación que se presenta en las comunidades y, sumar esfuerzos, desde sus formas y medios propios para que se escuchen las dignas voces de los pueblos indígenas por justicia y el respeto a sus derechos colectivos sin impunidad".

En lo que va del año se han registrado al menos 28 asesinatos de defensores ambientalistas y líderes indígenas en México, lo que refleja una clara crisis de violencia que ha encendido la alerta por los homicidios de activistas, pero ¿por qué están asesinando a los activistas ambientales?

Según la organización Indigenous Peoples Rights International (Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional), históricamente, los pueblos indígenas se han mantenido firmes en la defensa de sus territorios, razón la cual han sido objeto de los episodios de violencia que han cobrado la viuda de los líderes ambientalistas y defensores de tierras que quedan en la sombra de la impunidad.

Justamente, uno de los principales motivos de los asesinatos es la inacción del Estado mexicano en sus diferentes niveles de gobierno ante el alza de violencia.

Por ello, la organización exhortó a las autoridades a que ejerzan su obligación de “investigar los asesinatos, otorgar justicia, verdad y medidas de no repetición hacia las y los sobrevivientes, sus familiares y la comunidad".

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“En Chiapas, desde el año pasado, se ha reportado una situación particularmente grave. En el municipio de Aldama, en medio de la región de los Altos, hay una disputa territorial que data de 1970 entre ejidos colindantes de Manuel Utrilla en Chenalhó y Aldama por 60 hectáreas. Las comunidades Tsotsiles que habitan ese territorio han reportado que son víctimas de un asedio que pone en riesgo sus vidas. Como consta en la documentación entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[2] existe un grupo armado que de manera permanente mantiene amenazada a las comunidades disparando con armas de fuego en contra de la población civil. En el 2020, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas documentó, en un período de 17 días, 56 agresiones armadas en contra de 12 comunidades de Aldama. Hasta este momento, se han reportado 3499 personas en desplazamiento forzado intermitente, 23 heridos de bala y 7 personas asesinadas, una de ellas este año”, relata.

Situaciones similares se viven en Oaxaca, Michoacán, Sonora, Morelos y otros estados de la República Mexicana.

Asesinan a activistas David Díaz Valdez y Simón Pedro Pérez

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el último asesinato ocurrió la semana pasada, pues el defensor del Medioambiente David Díaz Valdez, residente de la ciudad de Manzanillo Colima y el defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas, Simón Pedro Pérez López, en el municipio de Simojovel, fueron las víctimas mortales por armas de fuego.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEDMA) indicó en un informe emitido en abril que en México "prevalece una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural, la tierra y el territorio".

No solo son los asesinatos

Además de los 18 asesinaros que se registraron en el año 2020, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental también contabilizó 90 agresiones a defensores ambientalistas perpetradas en 65 ataques distintos.

Luego de que se diera el asesinato del activistas Pérez López, en Chiapas, Indigenous Peoples Rights International señaló que al menos en su recuentos se registran 14 víctimas mortales como represalia a su lucha por la defensa de sus derechos en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sonora.

"Señalamos la inacción del Estado mexicano en sus diferentes niveles de Gobierno y le recordamos la obligación de investigar los asesinatos, otorgar justicia, verdad y medidas de no repetición hacia las y los sobrevivientes, sus familiares y la comunidad", demandó la organización.

En un comunicado, también condenó y manifestó su preocupación por los actos que vulneran a los pueblos indígenas y aseguró que dichos actos de violencia también traen consigo consecuencias en las comunidades indígenas, no solo alas familias de los asesinados.

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“La defensa de sus derechos depende de su cohesión como pueblos, de sus asambleas e instancias de decisión comunitaria. La forma como la violencia ha irrumpido en sus territorios lastima fuertemente el tejido social y la vida que depende de ello”, expresó.

Finalmente, exhortó a la sociedad civil en su conjunto a que se sensibilice sobre la necesidad de demandar y visibilizar "la terrible situación que se presenta en las comunidades y, sumar esfuerzos, desde sus formas y medios propios para que se escuchen las dignas voces de los pueblos indígenas por justicia y el respeto a sus derechos colectivos sin impunidad".

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