/ miércoles 19 de enero de 2022

¿Adiós a las casetas telefónicas públicas? La razón por la que podrían retirarlas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal debe analizar concesiones otorgadas y autorice el retiro inmediato de aquellas que han perdido el objetivo

La diputada federal del PRI, Marcela Guerra Castillo, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que se retiren las casetas telefónicas públicas, que ya son obsoletas, se encuentran en condiciones deplorables, rotas, inservibles, rayadas, llenas de basura y actualmente sirven sólo para fines publicitarios.

La propuesta de Marcela Guerra es para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) federal analice las concesiones otorgadas y autorice el retiro inmediato de aquellas que han perdido el objetivo con el que en su momento se instalaron.

➡ IFT investiga presunto monopolio de venta de tarjetas SIMs ilegales

La también vicepresidenta de la Mesa Directiva hizo un llamado para que la SICT se abstenga de prorrogar u otorgar nuevas concesiones, pues muchas de estas cabinas -varias de ellas sin aparato telefónico- se utilizan como espacios publicitarios de las propias empresas, para colocar volantes de ventas, créditos, promoción de algún negocio, o incluso para campañas electorales.

Ante el desuso, dijo, de acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en cinco años sólo desaparecieron 21 por ciento de estas cabinas, ya que de las 25 mil 48 que existían en 2015, se registraron 19 mil 682 en 2020. De este mercado Telmex tiene el 72 por ciento; ACE Telecom, 12.9; Logística Industrial, 7.6; Maxcom, 0.5 y Megacable 0.2 por ciento.

La proposición también exhorta al IFT para que, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales del país, realice las acciones que estime necesarias para retirar las casetas telefónicas públicas, que hoy son aparatos inservibles y obsoletos para los objetivos que fueron instalados, pues ahora sólo dañan la infraestructura vial, obstaculizan la movilidad y su recolocación presume ilegalidad.

La diputada añade que como coordinadora del Grupo de Trabajo para la Implementación de la Agenda 2030 en la Cámara de Diputados, esta propuesta busca atender diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas como: Salud y Bienestar, Ciudades y Comunidades Sostenibles, Producción y Consumos Responsables, Acción por el Clima y Vida de Ecosistemas Terrestres.

Explicó, que se prevé obtener beneficios como disminuir la contaminación terrestre; aprovechar espacios para mejorar las calles con postes de luz, jardines o árboles; reutilizar los materiales con los que fueron realizadas las cabinas; además de prevenir la comisión de delitos e incrementar la seguridad de las personas que transitan por las calles, debido a que dichas casetas incluso sirven como escalón para acceder a robar domicilios o negocios.

Señaló que la Ciudad de México es la entidad que cuenta con el mayor número de casetas de telefonías públicas, con un promedio de 17 por cada mil habitantes, lejos de las cuatro líneas por cada mil habitantes que en promedio tiene el Estado de México; sin embargo, ninguna entidad federativa se salva de este problema.

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La diputada federal del PRI, Marcela Guerra Castillo, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que se retiren las casetas telefónicas públicas, que ya son obsoletas, se encuentran en condiciones deplorables, rotas, inservibles, rayadas, llenas de basura y actualmente sirven sólo para fines publicitarios.

La propuesta de Marcela Guerra es para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) federal analice las concesiones otorgadas y autorice el retiro inmediato de aquellas que han perdido el objetivo con el que en su momento se instalaron.

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La también vicepresidenta de la Mesa Directiva hizo un llamado para que la SICT se abstenga de prorrogar u otorgar nuevas concesiones, pues muchas de estas cabinas -varias de ellas sin aparato telefónico- se utilizan como espacios publicitarios de las propias empresas, para colocar volantes de ventas, créditos, promoción de algún negocio, o incluso para campañas electorales.

Ante el desuso, dijo, de acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en cinco años sólo desaparecieron 21 por ciento de estas cabinas, ya que de las 25 mil 48 que existían en 2015, se registraron 19 mil 682 en 2020. De este mercado Telmex tiene el 72 por ciento; ACE Telecom, 12.9; Logística Industrial, 7.6; Maxcom, 0.5 y Megacable 0.2 por ciento.

La proposición también exhorta al IFT para que, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales del país, realice las acciones que estime necesarias para retirar las casetas telefónicas públicas, que hoy son aparatos inservibles y obsoletos para los objetivos que fueron instalados, pues ahora sólo dañan la infraestructura vial, obstaculizan la movilidad y su recolocación presume ilegalidad.

La diputada añade que como coordinadora del Grupo de Trabajo para la Implementación de la Agenda 2030 en la Cámara de Diputados, esta propuesta busca atender diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas como: Salud y Bienestar, Ciudades y Comunidades Sostenibles, Producción y Consumos Responsables, Acción por el Clima y Vida de Ecosistemas Terrestres.

Explicó, que se prevé obtener beneficios como disminuir la contaminación terrestre; aprovechar espacios para mejorar las calles con postes de luz, jardines o árboles; reutilizar los materiales con los que fueron realizadas las cabinas; además de prevenir la comisión de delitos e incrementar la seguridad de las personas que transitan por las calles, debido a que dichas casetas incluso sirven como escalón para acceder a robar domicilios o negocios.

Señaló que la Ciudad de México es la entidad que cuenta con el mayor número de casetas de telefonías públicas, con un promedio de 17 por cada mil habitantes, lejos de las cuatro líneas por cada mil habitantes que en promedio tiene el Estado de México; sin embargo, ninguna entidad federativa se salva de este problema.

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