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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) , Luis Raúl González Pérez, indicó que los pendientes en materia de políticas públicas con enfoque de derechos humanos son amplios, así como los problemas que mediante ellas deben atenderse, son muchos y apremiantes; de ahí que se requiera personal capacitado en el servicio público para generarlas y personas, que desde la sociedad civil, participen en su elaboración e implementación, pero sobre todo en su evaluación.
Al participar en la inauguración del Diplomado de Enfoque Basado en Derechos Humanos en las Políticas Públicas de San Luis Potosí, puso en relieve la necesaria dignificación de la Función Pública, que esencialmente pasa por consolidar los procesos de profesionalización, fortalecer el espíritu de servicio a la ciudadanía y garantizar los derechos de trabajadoras y trabajadores.
“Es mediante el debate de ideas y la confrontación de propuestas, generando condiciones para un debate robusto, fuerte y vigoroso, pero sin descalificaciones, ni adjetivaciones o estigmatizaciones que se podrán encontrar las respuestas más adecuadas, y no a través de la imposición de una postura, aunque sea mayoritaria, frente a otras”, dijo.
Enfatizó que los derechos no se hacen efectivos sólo por leyes o por decreto, sino requieren de políticas públicas que ataquen las raíces de la pobreza y la exclusión social y transformen a la sociedad de manera cada vez más equitativa, en que se reconozcan las desventajas que enfrentan diversos grupos de población, se escuchen sus necesidades y se construyan acciones públicas para garantizar que aquéllas no sean un obstáculo para el ejercicio de sus derechos.
En este sentido, destacó que se deben generar políticas públicas diferenciadas a distintos contextos y realidades, pues en el ciclo de vida de estas políticas es fundamental tener un diagnóstico real que valore todas las opciones antes de tomar una decisión o camino para solucionar la problemática abordada, además de que la implementación, seguimiento y evaluación son fundamentales para decidir la permanencia, redireccionamiento o sustitución de la directriz adoptada por un gobierno.
Tras destacar la función que los organismos públicos de derechos humanos tienen en la garantía de las prerrogativas fundamentales mediante la formulación de propuestas en sus informes y recomendaciones, puntualizó que no son órganos que se limiten a señalar las fallas de las autoridades, ya que desde su autonomía son aliados en la construcción de la política pública, por lo cual buscan la interlocución con los Poderes Legislativos y Ejecutivos.
