El Presidente Andrés Manuel López Obrador emitió el decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, aunque no hay cambios en lo anunciado en días pasados y no se informa sobre qué subsecretarías habrá de desaparecer o modificarse.
De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se establece que los criterios se rigen bajo la eficiencia, honestidad, austeridad y justicia, y ante “la crisis mundial del modelo neoliberal”, por lo que el Jefe del Ejecutivo propuso que no será despedido ningún trabajador.
En el documento se detalla que no habrá contratación de personal y que de forma voluntaria se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25 por ciento de manera progresiva.
“Es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. De la misma forma, los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de Subdirector hasta Presidente”, informa el DOF.
En este sentido, no se ejercerá el 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros, lo que incluye a lo supuestamente comprometido.
Sobre la cancelación de las subsecretarías, el presidente no establece cuáles, pero sí señala en el decreto que se cancelarán 10, pero que se garantizará el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos.
Sin cambios a lo anunciado en Palacio Nacional, el mandatario firmó que se extenderá hasta el 1 de agosto la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia del coronavirus.
Mientras que deberán de permanecer cerradas la mitad de las oficinas, con excepción de las que atiendan de manera directa al público o aquéllas que son esenciales para el bienestar del pueblo.
“En este periodo, se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario, con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas e inmuebles, entre otros ahorros”, explica.
Abunda que se posponen las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los siguientes programas prioritarios como la pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de personas con discapacidad; así como Sembrando Vida, Programa de apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, Becas para el Bienestar Benito Juárez, Construcción de las 100 Universidades Públicas y La Escuela es Nuestra.
Además de la construcción del Aeropuerto General Felipe Ángeles, la construcción de la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, entre otras obras, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dispondrá de los recursos necesarios para cumplir cabalmente con la entrega de participaciones federales a los estados, el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública.
López Obrador deja claro que no se podrá utilizar sin autorización de SHCP recursos de fondos o fideicomisos creados por acuerdo o decreto del Poder Ejecutivo y que tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional, y las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.
En el Diario Oficial se informa que la eficiencia, la honestidad y la austeridad permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos; asimismo, se otorgarán 3 millones de créditos a personas y a pequeñas empresas familiares, y se crearán 2 millones de empleos, lo cual hará posible proteger a 25 millones de familias mexicanas, al 70% de los hogares de la república, donde habitan los más pobres y la mayoría de los integrantes de las clases medias del país.
