/ viernes 4 de enero de 2019

Ante INE electrónica, piden blindar datos personales

Expertos dicen que deben existir mecanismos que garanticen la protección de los biométricos

La implementación de la credencial electrónica debe estar precedida por mecanismos que garanticen la protección de datos personales y blindaje contra posibles fraudes electorales, coincidieron especialistas en derecho electoral.

Julio Jiménez, académico de la Universidad La Salle, explicó que en nuestro país ya existen identificaciones digitales, tales como el CURP o la firma electrónica ante la Secretaría de Hacienda, por lo que no es descabellado que el Instituto Nacional Electoral transite hacia esa dirección, pero siempre y cuando implemente medidas legales de seguridad.

Te recomendamos: INE planea validar la identidad digital

“Lo que sí tendríamos que hacer es una serie de reformas constitucionales y a leyes secundarias en materia electoral, tendríamos que impulsar reformas al acceso de la información y datos personales, porque son datos personales. El riesgo es que no tenemos un marco legal electoral con condiciones de certeza que eviten un fraude electoral. La elección tendría que ser electrónica en 12 años como en algunas partes de Estados Unidos”, dijo el especialista en Derecho.

Un ejemplo de lo que podría hacerse para la protección de datos personales es lo que hacen en la Unión Europea, donde empresas particulares resguardan la información de identificación personal en servidores.

Esto lo hacen solamente firmando contratos estrictos de responsabilidad y donde muy pocas personas pueden acceder a ellos, con protocolos precisos de cuándo lo pueden hacer.

Foto: Cuartoscuro


Por su parte, Jorge Aljovín, abogado especialista en temas electorales, comentó que pese a que no hay un impedimento legal para expedir credenciales electrónicas, el problema radica en dos vías: la desconfianza en el sistema electoral del país, y la protección de los datos personales.

“El tema de la protección de los datos personales hoy es vigente, y el INE no ha demostrado, no ha dado las garantías para la protección de estos datos. Tampoco las autoridades nacionales han dado pruebas de que nuestros datos estén bien resguardados, sobre todo si pensamos que no sólo puedan ser usados con fines electorales, sino también con el patrimonio o la identidad de la gente”, comentó el especialista universitario.

La implementación de la credencial electrónica debe estar precedida por mecanismos que garanticen la protección de datos personales y blindaje contra posibles fraudes electorales, coincidieron especialistas en derecho electoral.

Julio Jiménez, académico de la Universidad La Salle, explicó que en nuestro país ya existen identificaciones digitales, tales como el CURP o la firma electrónica ante la Secretaría de Hacienda, por lo que no es descabellado que el Instituto Nacional Electoral transite hacia esa dirección, pero siempre y cuando implemente medidas legales de seguridad.

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“Lo que sí tendríamos que hacer es una serie de reformas constitucionales y a leyes secundarias en materia electoral, tendríamos que impulsar reformas al acceso de la información y datos personales, porque son datos personales. El riesgo es que no tenemos un marco legal electoral con condiciones de certeza que eviten un fraude electoral. La elección tendría que ser electrónica en 12 años como en algunas partes de Estados Unidos”, dijo el especialista en Derecho.

Un ejemplo de lo que podría hacerse para la protección de datos personales es lo que hacen en la Unión Europea, donde empresas particulares resguardan la información de identificación personal en servidores.

Esto lo hacen solamente firmando contratos estrictos de responsabilidad y donde muy pocas personas pueden acceder a ellos, con protocolos precisos de cuándo lo pueden hacer.

Foto: Cuartoscuro


Por su parte, Jorge Aljovín, abogado especialista en temas electorales, comentó que pese a que no hay un impedimento legal para expedir credenciales electrónicas, el problema radica en dos vías: la desconfianza en el sistema electoral del país, y la protección de los datos personales.

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