/ domingo 24 de marzo de 2019

Apuestan por el desarme y control financiero del crimen organizado

En la estrategia se evitará repetir el derramamiento de sangre que se registró durante las gestiones de administraciones pasadas

La estrategia en contra del crimen organizado deberá concentrarse en el desarme de los grupos belicosos y la reducción de su poder financiero, de acuerdo al análisis de especialistas sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que actualmente analiza el Senado de la República.

En este documento, al que tuvo acceso El Sol de México, se establece que el crimen organizado concentra su poder en tres ejes: poder de fuego, control territorial y armas. Ante esto, el Gobierno federal apuesta es por el desarme, desmovilización y reinserción social.

En la estrategia, que avalará el Senado en los próximos días, se reconoce que es mucha la sangre derramada combatiendo al narcotráfico, por eso ahora los esfuerzos estarán contra el dinero y los bienes de estos grupos violentos, con una policía especializada llamada “Guardia de Finanzas”, además de fortalecer a la Policía Cibernética con nuevas tecnologías.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, la senadora de Morena, Lucía Trasviña Waldenrath, dice que solo el 20 por ciento de la inseguridad y violencia se erradican con el uso de la fuerza pública, pues el 80 por ciento se soluciona a través de programas sociales que atiendan demandas de educación, salud, empleo y combate a la pobreza.

El especialista de la UNAM, Javier Oliva Posadas, advierte que el tiempo se acaba para lograr un efectivo combate a la corrupción y a la delincuencia, por lo que llamó a establecer programas que sirvan para promover en la población la cultura de la legalidad.

El documento señala también que más allá del narcotráfico y el crimen organizado, la vida del ciudadano está impactada por los delitos del orden común. En el hogar, en el barrio, traslado al trabajo, la escuela y circular por calles, los mexicanos viven en constante miedo.

El fenómenos delictivo no se circunscribe a los llamados delitos violentos (robo a mano armada, asalto a casa habitación, secuestro, lesiones, homicidio) y algunas expresiones de criminalidad organizada (principalmente narcotráfico y el tráfico de personas), también están los llamados “delitos de cuello blanco” como el desvío de recursos, la defraudación, el cohecho, la malversación y lavado de dinero, así como infracciones penales cometidas específicamente por servidores públicos como la prevaricación, el abuso de autoridad, el uso de recursos públicos con fines electorales, la suplantación de funciones y otros relacionados con la violación de derechos humanos.

“Entre unos y otros existen, sin embargo, vasos comunicantes y redes de complicidad evidentes o discretos pero en todo caso insoslayables. La delincuencia organizada no puede existir sin un grado de involucramiento de funcionarios públicos que ofrezcan un margen de protección e impunidad”, se lee en el texto.

El académico Gerardo Rodríguez Sánchez Lara (ITAM-CIDE), por su parte, urgió a que se avance en la profesionalización de las corporaciones policíacas, lo que debe incluir mejoras en las condiciones de horario y salario de los uniformados.

Mientras Lizbeth Eugenia Rosas y Jaime Domingo López Buitrón, especialistas del INACIPE y CIDE, respectivamente, se pronunciaron por hacer efectiva la incautación de recursos financieros de la delincuencia y así contar con recursos para resarcir a las víctimas de delitos y reinvertir en programas de seguridad.

El documento gubernamental radicado en la Comisión de Seguridad Pública, destaca que el tamaño, la extensión y el poder de grupos criminales como los que existen en México, sólo puede entenderse “por una corrupción de dimensión equivalente en las oficinas públicas, particularmente –aunque no en forma exclusiva– en los aparatos de prevención y combate a la delincuencia, procuración e impartición de justicia”.

DRAMÁTICA REALIDAD

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al año se cometen 31 millones de delitos, el 99 por ciento de ellos quedan impunes y a veces hasta 100 homicidios dolosos al día.

La estrategia policial y belicista aplicada en los últimos 12 años ha dejado una tragedia humana y social de dimensiones incalculables: más de 200 mil personas asesinadas y más de 37 mil que se encuentran desaparecidas –de las que casi cinco mil son menores de edad-.

El promedio de vida de un joven que ingresa a la delincuencia es de seis meses y muere de manera violenta.

Además, México es percibido por la comunidad internacional como uno de los países más corruptos, violentos e inseguros, de acuerdo a información del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional. México ocupa la posición 138 de 180 países, obteniendo una calificación de 28 puntos sobre cien.

Por eso la propuesta gubernamental de alinear la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; generar la mejor coordinación institucional entre los responsables de aplicarla; imponer orden en el gobierno para terminar con el blindaje oficial, la corrupción, la impunidad y el influyentismo; impulsar la dignificación y mejoramiento de los cuerpos de seguridad; y generar una sólida coordinación con cada estado y municipio; además de impulsar las reformas legales necesarias.

La estrategia en contra del crimen organizado deberá concentrarse en el desarme de los grupos belicosos y la reducción de su poder financiero, de acuerdo al análisis de especialistas sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que actualmente analiza el Senado de la República.

En este documento, al que tuvo acceso El Sol de México, se establece que el crimen organizado concentra su poder en tres ejes: poder de fuego, control territorial y armas. Ante esto, el Gobierno federal apuesta es por el desarme, desmovilización y reinserción social.

En la estrategia, que avalará el Senado en los próximos días, se reconoce que es mucha la sangre derramada combatiendo al narcotráfico, por eso ahora los esfuerzos estarán contra el dinero y los bienes de estos grupos violentos, con una policía especializada llamada “Guardia de Finanzas”, además de fortalecer a la Policía Cibernética con nuevas tecnologías.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, la senadora de Morena, Lucía Trasviña Waldenrath, dice que solo el 20 por ciento de la inseguridad y violencia se erradican con el uso de la fuerza pública, pues el 80 por ciento se soluciona a través de programas sociales que atiendan demandas de educación, salud, empleo y combate a la pobreza.

El especialista de la UNAM, Javier Oliva Posadas, advierte que el tiempo se acaba para lograr un efectivo combate a la corrupción y a la delincuencia, por lo que llamó a establecer programas que sirvan para promover en la población la cultura de la legalidad.

El documento señala también que más allá del narcotráfico y el crimen organizado, la vida del ciudadano está impactada por los delitos del orden común. En el hogar, en el barrio, traslado al trabajo, la escuela y circular por calles, los mexicanos viven en constante miedo.

El fenómenos delictivo no se circunscribe a los llamados delitos violentos (robo a mano armada, asalto a casa habitación, secuestro, lesiones, homicidio) y algunas expresiones de criminalidad organizada (principalmente narcotráfico y el tráfico de personas), también están los llamados “delitos de cuello blanco” como el desvío de recursos, la defraudación, el cohecho, la malversación y lavado de dinero, así como infracciones penales cometidas específicamente por servidores públicos como la prevaricación, el abuso de autoridad, el uso de recursos públicos con fines electorales, la suplantación de funciones y otros relacionados con la violación de derechos humanos.

“Entre unos y otros existen, sin embargo, vasos comunicantes y redes de complicidad evidentes o discretos pero en todo caso insoslayables. La delincuencia organizada no puede existir sin un grado de involucramiento de funcionarios públicos que ofrezcan un margen de protección e impunidad”, se lee en el texto.

El académico Gerardo Rodríguez Sánchez Lara (ITAM-CIDE), por su parte, urgió a que se avance en la profesionalización de las corporaciones policíacas, lo que debe incluir mejoras en las condiciones de horario y salario de los uniformados.

Mientras Lizbeth Eugenia Rosas y Jaime Domingo López Buitrón, especialistas del INACIPE y CIDE, respectivamente, se pronunciaron por hacer efectiva la incautación de recursos financieros de la delincuencia y así contar con recursos para resarcir a las víctimas de delitos y reinvertir en programas de seguridad.

El documento gubernamental radicado en la Comisión de Seguridad Pública, destaca que el tamaño, la extensión y el poder de grupos criminales como los que existen en México, sólo puede entenderse “por una corrupción de dimensión equivalente en las oficinas públicas, particularmente –aunque no en forma exclusiva– en los aparatos de prevención y combate a la delincuencia, procuración e impartición de justicia”.

DRAMÁTICA REALIDAD

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al año se cometen 31 millones de delitos, el 99 por ciento de ellos quedan impunes y a veces hasta 100 homicidios dolosos al día.

La estrategia policial y belicista aplicada en los últimos 12 años ha dejado una tragedia humana y social de dimensiones incalculables: más de 200 mil personas asesinadas y más de 37 mil que se encuentran desaparecidas –de las que casi cinco mil son menores de edad-.

El promedio de vida de un joven que ingresa a la delincuencia es de seis meses y muere de manera violenta.

Además, México es percibido por la comunidad internacional como uno de los países más corruptos, violentos e inseguros, de acuerdo a información del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional. México ocupa la posición 138 de 180 países, obteniendo una calificación de 28 puntos sobre cien.

Por eso la propuesta gubernamental de alinear la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; generar la mejor coordinación institucional entre los responsables de aplicarla; imponer orden en el gobierno para terminar con el blindaje oficial, la corrupción, la impunidad y el influyentismo; impulsar la dignificación y mejoramiento de los cuerpos de seguridad; y generar una sólida coordinación con cada estado y municipio; además de impulsar las reformas legales necesarias.

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