/ miércoles 3 de julio de 2019

Carecen municipios de Atlas de riesgo ante fenómenos naturales

Necesario trabajar para salvaguardar los derechos de la población

En México, de los dos mil 400 municipios, sólo 370 cuentan con atlas de riesgos, por lo que es necesario trabajar en conjunto para que a través de coordinación y capacitación se logre una mayor preparación y prevención para la salvaguarda de los derechos humanos de la población. Lo anterior se dijo durante los trabajos para el proyecto de iniciativa de la Ley General para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y de Protección Civil.

El senador Cristóbal Arias dijo que ante los fenómenos naturales recientes se ha puesto especial énfasis en ello, por lo que estamos a favor de la gestión integral para los riesgos y la protección civil, cruciales para el desarrollo económico, social, cultural y moral de los ciudadanos.

El legislador de Morena recordó que en la reforma aprobada en 2011, en derechos humanos se estableció la obligación de las autoridades de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos bajo principios de universalidad independencia, indivisibilidad y progresividad.

El presidente de la Comisión de Gobernación agregó que la protección civil y el nuevo enfoque proactivo que se busca no es ajeno al mandato de la reforma, donde también se introdujo el principio pro persona, para que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la Constitución y tratados internacionales de la materia en favor de la protección más amplia.

En su intervención, Daniel Rodríguez Velázquez, de la UNAM, planteó fortalecer a la sociedad mexicana y consolidar la capacidad de los organismos autónomos.

Entre las propuestas destacan el fortalecimiento y actualización de los Atlas de Riesgos; establecer los derechos humanos como elemento transversal y núcleo duro para los actores y respondientes de la gestión integral de riesgo y la protección civil; definir órdenes de prioridad, en primera instancia para niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna; salvaguardar el conjunto de derechos de las personas, para bajar la probabilidad de daños.

En México, de los dos mil 400 municipios, sólo 370 cuentan con atlas de riesgos, por lo que es necesario trabajar en conjunto para que a través de coordinación y capacitación se logre una mayor preparación y prevención para la salvaguarda de los derechos humanos de la población. Lo anterior se dijo durante los trabajos para el proyecto de iniciativa de la Ley General para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y de Protección Civil.

El senador Cristóbal Arias dijo que ante los fenómenos naturales recientes se ha puesto especial énfasis en ello, por lo que estamos a favor de la gestión integral para los riesgos y la protección civil, cruciales para el desarrollo económico, social, cultural y moral de los ciudadanos.

El legislador de Morena recordó que en la reforma aprobada en 2011, en derechos humanos se estableció la obligación de las autoridades de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos bajo principios de universalidad independencia, indivisibilidad y progresividad.

El presidente de la Comisión de Gobernación agregó que la protección civil y el nuevo enfoque proactivo que se busca no es ajeno al mandato de la reforma, donde también se introdujo el principio pro persona, para que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la Constitución y tratados internacionales de la materia en favor de la protección más amplia.

En su intervención, Daniel Rodríguez Velázquez, de la UNAM, planteó fortalecer a la sociedad mexicana y consolidar la capacidad de los organismos autónomos.

Entre las propuestas destacan el fortalecimiento y actualización de los Atlas de Riesgos; establecer los derechos humanos como elemento transversal y núcleo duro para los actores y respondientes de la gestión integral de riesgo y la protección civil; definir órdenes de prioridad, en primera instancia para niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna; salvaguardar el conjunto de derechos de las personas, para bajar la probabilidad de daños.

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