En México la violencia es un asunto del día a día, por lo que la sociedad –muy a pesar de todos– se acostumbró a escuchar noticias sobre asaltos, secuestros, y hasta homicidios. No obstante, de vez en cuando surge un caso que, pese a la normalización, nos saca del adormecimiento, ya sea por la relevancia mediática que toma o por la brutalidad del acto, como sucedió con el secuestro y asesinato de Silvia Vargas, la hija del extitular de la Conade Nelson Vargas.
Era el 10 septiembre de 2007 cuando Silvia Vargas salió de su casa en la delegación Magdalena Contreras, minutos antes de las 07:00 horas, con rumbo a la escuela.
Según contó Nelson Vargas a El Universal en 2020, durante esa mañana trató de comunicarse en varias ocasiones con su hija, sin tener éxito; sólo consiguió contactar un hombre: Silvia había sido secuestrada y debía entregar tres millones de dólares si quería recuperarla.
La amenaza fue brutal desde el inicio. El extitular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) contaba con 10 días para entregar el rescate, pero cada día que pasara le enviarían un dedo de las manos de su hija.
Pasaron 17 días desde el secuestro hasta que el antiguo funcionario recibió una llamada de los secuestradores para decirle que ya no estaban interesados en su dinero y que no volverían a contactarlo. Sin embargo, el paradero de Silvia Vargas continuó como una interrogante.
Fue hasta diciembre de 2008, un año después del plagio, que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que un cuerpo localizado en una vivienda en la alcaldía Tlalpan fue identificado como Silvia Vargas.
Según se dio a conocer más tarde, la joven murió debido a que su estado de salud se complicó durante una de las amputaciones que le pretendían realizar los secuestradores. Lo anterior habría ocurrido sólo tres días después de que fue privada de la libertad.
La investigación reveló que fue el chofer de la víctima quien dio la información para realizar el secuestro, apoyado por un grupo criminal conocido como "Los Rojos", que operaban en el Distrito Federal, Estado de México y Guerrero.
El caso de Silvia Vargas Escalera se volvió uno de los más recordados en la historia reciente de México, no sólo porque su padre fuera un antiguo funcionario público, sino porque hasta la fecha, sólo una persona ha sido sentenciada por el secuestro y asesinato de la joven.
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