/ domingo 25 de agosto de 2019

Cincuenta mexicanos, sentenciados a muerte en EU

La mayoría están recluidos en California y Texas, otros se encuentran en centros penitenciarios de Arizona, Arkansas, Florida, Nevada, Ohio, Oklahoma y Oregon

A principios de mes, una corte de apelaciones del noveno circuito en California, Estados Unidos, anuló la sentencia de muerte dictada en contra del mexicano Carlos Avena Guillén, impuesta en 1982 por el asesinato de dos personas en un intento de robo, pero aún quedan medio centenar de connacionales en corredores de la muerte del vecino país.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de los 50 mexicanos convictos por asesinato, que aún enfrentan la pena capital en la Unión Americana, 27 se encuentran recluidos en prisiones de California, 16 en Texas, y uno en Arizona, Arkansas, Florida, Nevada, Ohio, Oklahoma y Oregon.

A pesar de que ninguno de ellos tiene, aún, fecha para su ejecución, la reciente decisión del presidente Donald Trump de reanudar, tras 16 años de moratoria, la pena de muerte a nivel federal ha puesto en alerta a las autoridades mexicanas ante un nuevo debate sobre el tema. Y es que, aunque a ninguno de los mexicanos condenados le afecta directamente la decisión de la administración republicana, a consideración de Ignacio Pinto León, abogado especialista en justicia estadounidense y sobre migración, sí puede provocar que las fiscalías estatales alienten el debate para ejecutar a quien ya han sido sentenciados a pena capital y por algún motivo continúan en el corredor de la muerte.

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos –explicó el experto en entrevista con El Sol de México-retoma las ejecuciones en casos que han sido llevados por la justicia federal y no por la vía estatal, que es la más común para los procesos con pena de muerte, lo que jurídicamente no tendría por qué afectar a los mexicanos sentenciados en cortes estatales a esta condena, sin embargo, lo que sí puede suceder es que la medida desate un nuevo debate nacional y con eso se aceleré la programación de las ejecuciones”, dijo el experto.

La decisión estadounidense ha puesto en alerta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que encabeza Marcelo Ebrard, y que a través del Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital apoya a las personas mexicanas sentenciadas a la pena de muerte en Estados Unidos, así como a las que enfrentan procesos judiciales que podrían culminar con la imposición de dicha sentencia.

“Siempre hacemos un esfuerzo extra y tras este anuncio aún más para que ningún mexicano vaya a recibir la pena de muerte”, dijo en entrevista Julián Escutia Rodríguez, Director General de Protección a Mexicanos en el Exterior.

Destacó que desde su creación, en el año 2000, el Programa ha logrado que más de mil connacionales hayan librado la sentencia de muerte, en el vecino país.

“Es un programa para lo cual tenemos contratado un despacho de abogados especialistas en pena de muerte. Lo que hacemos cuando conocemos de algún mexicano que pueda ser condenado a pena de muerte, primero le aplicamos un cuestionario muy detallado, después entramos en contacto con los fiscales que llevarían el caso y cuando sabemos que se buscará la pena capital, se activa todas las instancias legales”, explicó.

A principios de mes, una corte de apelaciones del noveno circuito en California, Estados Unidos, anuló la sentencia de muerte dictada en contra del mexicano Carlos Avena Guillén, impuesta en 1982 por el asesinato de dos personas en un intento de robo, pero aún quedan medio centenar de connacionales en corredores de la muerte del vecino país.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de los 50 mexicanos convictos por asesinato, que aún enfrentan la pena capital en la Unión Americana, 27 se encuentran recluidos en prisiones de California, 16 en Texas, y uno en Arizona, Arkansas, Florida, Nevada, Ohio, Oklahoma y Oregon.

A pesar de que ninguno de ellos tiene, aún, fecha para su ejecución, la reciente decisión del presidente Donald Trump de reanudar, tras 16 años de moratoria, la pena de muerte a nivel federal ha puesto en alerta a las autoridades mexicanas ante un nuevo debate sobre el tema. Y es que, aunque a ninguno de los mexicanos condenados le afecta directamente la decisión de la administración republicana, a consideración de Ignacio Pinto León, abogado especialista en justicia estadounidense y sobre migración, sí puede provocar que las fiscalías estatales alienten el debate para ejecutar a quien ya han sido sentenciados a pena capital y por algún motivo continúan en el corredor de la muerte.

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos –explicó el experto en entrevista con El Sol de México-retoma las ejecuciones en casos que han sido llevados por la justicia federal y no por la vía estatal, que es la más común para los procesos con pena de muerte, lo que jurídicamente no tendría por qué afectar a los mexicanos sentenciados en cortes estatales a esta condena, sin embargo, lo que sí puede suceder es que la medida desate un nuevo debate nacional y con eso se aceleré la programación de las ejecuciones”, dijo el experto.

La decisión estadounidense ha puesto en alerta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que encabeza Marcelo Ebrard, y que a través del Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital apoya a las personas mexicanas sentenciadas a la pena de muerte en Estados Unidos, así como a las que enfrentan procesos judiciales que podrían culminar con la imposición de dicha sentencia.

“Siempre hacemos un esfuerzo extra y tras este anuncio aún más para que ningún mexicano vaya a recibir la pena de muerte”, dijo en entrevista Julián Escutia Rodríguez, Director General de Protección a Mexicanos en el Exterior.

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