La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió al gobierno federal generar protocolos, modelos y normas oficiales específicas para detectar y atender a niños y adolescentes víctimas de trata de personas, ante la falta de los mismos.
En este sentido, pidió a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Salud (SSa), Secretaría de Educación Pública (SEP) e Instituto Nacional de Migración (INM) impulsar su institucionalización a través de su formalización y sociabilización al interior de éstas, además de su exigibilidad y evaluación constante.
“Este organismo nacional demanda a los tres órdenes de gobierno a intensificar las campañas dirigidas a esta población para que conozcan los riesgos relacionados con la trata de personas y para que promuevan una cultura de consumo de bienes y servicios libres de explotación, y de respeto a los derechos humanos que pueda contribuir progresivamente a la erradicación de la trata de personas”, afirma la CNDH en un comunicado.
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el próximo 30 de julio, señala que, de acuerdo con cifras oficiales proporcionadas por las Procuradurías y Fiscalías Generales, en los ámbitos federal y estatal, entre el 15 de junio de 2012 y el 31 de julio de 2017 fueron identificadas, mediante el inicio de una averiguación previa o carpeta de investigación, 5 mil 245 posibles víctimas, mientras que los datos proporcionados por los órganos jurisdiccionales sólo reportan 790 víctimas derivadas de sentencias condenatorias firmes de los delitos en materia de trata de personas.
Las víctimas con las que se contó con información sobre su edad y sexo (5 mil175 víctimas) el 27 % corresponden a niñas, niños y adolescentes cuyos casos se refieren principalmente a trata de personas con fines de explotación sexual y explotación laboral.
Sin embargo, observa que existen pocas investigaciones iniciadas por otras modalidades de trata de personas establecidas en la Ley General para Prevenir Sanciona y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, como son la captación de personas menores de 18 años de edad por la delincuencia organizada para la comisión de delitos, los matrimonios forzados, las adopciones ilegales y la mendicidad forzada.
Aún, cuando apuntó que estas acciones han sido documentadas tanto por los medios de comunicación como por las Organizaciones de la Sociedad Civil y la academia.
Denunció que, en el periodo que abarca el diagnostico, se da cuenta de la falta de albergues, refugios o casa de medios camino gubernamentales para la atención de hombres con edad mayor a los 13 años, ya que, si bien el alojamiento en refugios gubernamentales para las niñas y adolescentes se observa atendido, ninguno de los refugios adscritos a las autoridades de procuración de justicia brindó alojamiento a este sector.
También señala que México carece de un sistema que brinde información fidedigna en esta materia.
“Los bancos de datos realizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública concentran en un sólo rubro la información correspondiente a los 26 delitos en materia de trata de personas establecidos en la Ley General. Ante ello, resulta imposible que mediante esta información se pueda contar con un panorama certero sobre la incidencia delictiva de todas las conductas que en el país comprenden los delitos en materia de trata de personas”, se lee en su diagnóstico.
Exigió a la SEP desarrollar módulos de prevención y realizar una valoración y actualización a los libros gratuitos de las asignaturas de formación cívica y ética autorizados ante la inexistente e inadecuada información que actualmente contienen, teniendo como prioridad en los apartados de aprendizajes esperados, aspectos de autocuidado, comprensión de la problemática desde una perspectiva de género y opciones de denuncia segura para la comunidad educadora.
Este órgano constitucional autónomo informó que el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, remitió a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el “Diagnóstico para el fortalecimiento a la rendición de informes de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas”, elaborado por este Organismo Nacional en coordinación con el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, con la finalidad de contribuir a los nuevos trabajos que realizará la Comisión Intersecretarial, cuya reinstalación está prevista para el próximo martes 30 de julio.
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