/ sábado 18 de abril de 2020

CNDH urge a Sistema Penitenciario aplicar medidas contra Covid-19

El organismo señaló que factores como ausencia de instalaciones sanitarias convierten a la población penitenciaria susceptible de contagio al virus

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó al Sistema Penitenciario Nacional a la aplicación de medidas urgentes de control y mitigación de riesgos frente a la pandemia del Covid-19, así como a la adopción de medidas emergentes en favor de las personas privadas de la libertad.

Al emitir un pronunciamiento, la CNDH expresó su preocupación ante la situación en la que se encuentran los centros de readaptación social a nivel nacional, lo que se agrava por las condiciones actuales ante la expansión por Covid-19.

"En reiteradas ocasiones ha subrayado las deficiencias en la infraestructura en el sistema de salud que enfrentan, la carencia de personal médico y medicamentos especializados, la alta densidad poblacional de los establecimientos, la sobrepoblación, el hacinamiento en el que conviven las personas", refiere la CNDH.

Detalla que al conjuntarse esas deficiencias con factores de riesgo como la ausencia de limpieza, agua potable, materiales desinfectantes, déficit de espacios humanamente habitables y de instalaciones sanitarias suficientes y adecuadas, convierten a la población penitenciaria mayormente susceptible de contagio y propagación de ese virus.

Ante estas condiciones, el organismo enfatizó a la población penitenciaria no se les están garantizando los derechos a la salud, a la integridad personal y a la vida de las personas privadas de la libertad, en conjugación con otros derechos ante la pandemia que se vive, "por lo que el Estado mexicano tendría que enfrentar y asumir los impactos que se vayan presentando ante las inminentes violaciones a los derechos humanos que enfrentarían dichas personas".

La CNDH se pronunció en reforzar todas las acciones necesarias preventivas, urgentes e inmediatas, con perspectiva de género, enfoque especial y diferenciado a todas las personas privadas de la libertad para garantizar prioritariamente el derecho a la salud.

Además de que se facilite la distribución de materiales informativos en video, audio, impresos o gráficos accesibles y con los ajustes razonables que permitan a las personas con discapacidad, así como, a las personas indígenas y extranjeras que no hablen o comprendan el español acceder a información suficiente sobre el cuidado de su salud y se garantice que las personas privadas de la libertad tengan comunicación permanente vía telefónica con sus familiares en el exterior o por cualquier otro medio o tecnología.

Se diseñe y ejecute un Programa Nacional de Despresurización Penitenciaria conforme a la grave contingencia sanitaria mundial y nacional que se vive, acondicionando unidades médicas y hospitalarias, llevar la atención integral y seguimiento preciso de control de casos positivos y sospechosos.

En coordinación con el Poder Judicial, se analicen, evalúen y determinen en el menor tiempo posible, tomando en consideración la libertad anticipada, condicionada, sustitución y suspensión temporal de las penas, o bien, a través de la preliberación por criterios de política penitenciaria y cuyos delitos sean de bajo impacto, y estén prontas a cumplir sus condenas, siempre que cumplan con los requisitos previstos por las normas en la materia.

En caso de que se pudieran dar las circunstancias legales para el acceso a mecanismo de preliberación se diseñe un programa de seguimiento y monitoreo técnico de las personas que accedan a él, con la finalidad de garantizar que las personas se estén reinsertando socialmente de manera efectiva y no se reincida en la comisión de un delito.

Cabe destacar que la CNDH envió el Pronunciamiento al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social y los 32 Sistemas Penitenciarios del país; a los once Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los titulares de los 32 Poderes Judiciales de los Estados, los 31 Gobernadores del país y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Asimismo, a los 32 Congresos Locales, a la Secretaria General de la Cámara de Diputados y la Secretaría General del Senado de la República, a las 32 Comisiones de Derechos Humanos locales y a los titulares de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Salud, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con cifras del Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario emitido por esta Comisión Nacional en el año 2019, en el 63 por ciento de los centros de reclusión del país existen deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios, en el 32.79 por ciento de los centros supervisados hay deficiencia en los servicios de salud, en el 33 por ciento de las prisiones hay sobrepoblación y el 32 por ciento hacinamiento.


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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó al Sistema Penitenciario Nacional a la aplicación de medidas urgentes de control y mitigación de riesgos frente a la pandemia del Covid-19, así como a la adopción de medidas emergentes en favor de las personas privadas de la libertad.

Al emitir un pronunciamiento, la CNDH expresó su preocupación ante la situación en la que se encuentran los centros de readaptación social a nivel nacional, lo que se agrava por las condiciones actuales ante la expansión por Covid-19.

"En reiteradas ocasiones ha subrayado las deficiencias en la infraestructura en el sistema de salud que enfrentan, la carencia de personal médico y medicamentos especializados, la alta densidad poblacional de los establecimientos, la sobrepoblación, el hacinamiento en el que conviven las personas", refiere la CNDH.

Detalla que al conjuntarse esas deficiencias con factores de riesgo como la ausencia de limpieza, agua potable, materiales desinfectantes, déficit de espacios humanamente habitables y de instalaciones sanitarias suficientes y adecuadas, convierten a la población penitenciaria mayormente susceptible de contagio y propagación de ese virus.

Ante estas condiciones, el organismo enfatizó a la población penitenciaria no se les están garantizando los derechos a la salud, a la integridad personal y a la vida de las personas privadas de la libertad, en conjugación con otros derechos ante la pandemia que se vive, "por lo que el Estado mexicano tendría que enfrentar y asumir los impactos que se vayan presentando ante las inminentes violaciones a los derechos humanos que enfrentarían dichas personas".

La CNDH se pronunció en reforzar todas las acciones necesarias preventivas, urgentes e inmediatas, con perspectiva de género, enfoque especial y diferenciado a todas las personas privadas de la libertad para garantizar prioritariamente el derecho a la salud.

Además de que se facilite la distribución de materiales informativos en video, audio, impresos o gráficos accesibles y con los ajustes razonables que permitan a las personas con discapacidad, así como, a las personas indígenas y extranjeras que no hablen o comprendan el español acceder a información suficiente sobre el cuidado de su salud y se garantice que las personas privadas de la libertad tengan comunicación permanente vía telefónica con sus familiares en el exterior o por cualquier otro medio o tecnología.

Se diseñe y ejecute un Programa Nacional de Despresurización Penitenciaria conforme a la grave contingencia sanitaria mundial y nacional que se vive, acondicionando unidades médicas y hospitalarias, llevar la atención integral y seguimiento preciso de control de casos positivos y sospechosos.

En coordinación con el Poder Judicial, se analicen, evalúen y determinen en el menor tiempo posible, tomando en consideración la libertad anticipada, condicionada, sustitución y suspensión temporal de las penas, o bien, a través de la preliberación por criterios de política penitenciaria y cuyos delitos sean de bajo impacto, y estén prontas a cumplir sus condenas, siempre que cumplan con los requisitos previstos por las normas en la materia.

En caso de que se pudieran dar las circunstancias legales para el acceso a mecanismo de preliberación se diseñe un programa de seguimiento y monitoreo técnico de las personas que accedan a él, con la finalidad de garantizar que las personas se estén reinsertando socialmente de manera efectiva y no se reincida en la comisión de un delito.

Cabe destacar que la CNDH envió el Pronunciamiento al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social y los 32 Sistemas Penitenciarios del país; a los once Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los titulares de los 32 Poderes Judiciales de los Estados, los 31 Gobernadores del país y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Asimismo, a los 32 Congresos Locales, a la Secretaria General de la Cámara de Diputados y la Secretaría General del Senado de la República, a las 32 Comisiones de Derechos Humanos locales y a los titulares de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Salud, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con cifras del Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario emitido por esta Comisión Nacional en el año 2019, en el 63 por ciento de los centros de reclusión del país existen deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios, en el 32.79 por ciento de los centros supervisados hay deficiencia en los servicios de salud, en el 33 por ciento de las prisiones hay sobrepoblación y el 32 por ciento hacinamiento.


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