La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional la obligación penal que existe en el estado de Hidalgo y que obliga a que las mujeres o personas gestantes a presentar una denuncia previa antes de poder realizarse un aborto.
Así lo resolvió el Alto Tribunal al revisar un amparo promovido por una adolescente que fue víctima de agresión sexual y amenazas por parte de su agresor, y a quien el agente del Ministerio Público le negó “de manera reiterada” la posibilidad de abortar debido a que presentó su denuncia después de haberse enterado de su embarazo.
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El argumento para negarle este derecho fue porque el artículo 158, fracción II, del Código Penal para el Estado de Hidalgo limita la interrupción de embarazo producto de una violación y lo condiciona a la existencia de una denuncia previa.
En su proyecto la ministra Ana Margarita Ríos Farjat concluyó que prohibir la interrupción legal del embarazo, producto de una violación, genera daños y sufrimientos graves a las mujeres víctimas de este delito y las obliga a mantener un embarazo no deseado producto de un hecho traumático, “lo que constituye una forma de tortura y malos tratos”.
Por todo lo anterior es que la Sala votó por unanimidad a favor de declarar inconstitucional el artículo analizado e invalidó las actuaciones del Ministerio Público, ordenando a las autoridades implicadas reparar el daño que ha sufrido la víctima “comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y de no repetición”.
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Esto incluye a las autoridades sanitarias del Estado, pues su negativa para realizar el aborto “se tradujo en una serie de violaciones graves a los derechos de las víctimas y su madre, que incluso derivaron en la necesidad de que estas tuvieran que desplazarse a la Ciudad de México para realizar la interrupción del embarazo en una institución privada”.
Para el cumplimiento de estas responsabilidades, la Sala vinculó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que solicite o condiciones las acciones necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de quienes ahora gozan de la protección federal de la justicia.
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