El aseguramiento de animales silvestres creció con la entrada en operaciones de la Guardia Nacional (GN), en comparación con lo hecho por la extinta Policía Federal. Un total de 23 mil 142 ejemplares se decomisaron por ambas corporaciones entre enero de 2007 y julio de 2022, de las que 18 mil 495 (80 por ciento) corresponden al gobierno de la Cuatroté, de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia.
El mayor número que se dio en este gobierno fue durante el inicio de la pandemia por el Covid-19. En el año 2020 se registraron 15 mil 702 ejemplares de fauna silvestre incautados en todo el país; al siguiente año descendió a mil 666, y en los primeros siete meses de 2022 apenas documentaron 14.
Te puede interesar: Investigan tráfico de peces y corales de EU
En la administración de Enrique Peña Nieto, en el año 2018 se dio la cifra más alta, con tres mil 380 animales; por su parte, en el sexenio de Felipe Calderón, la más alta fue en 2009, con apenas 225.
La Ciudad de México, Sinaloa, Estado de México y Oaxaca son las entidades donde más se rescataron ejemplares que son traficados a nivel nacional e internacional. Las ventas de animales exóticos representan ganancias de hasta 20 mil millones de dólares anuales, según la Interpol, ya que es el tercer negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial, sólo por detrás del tráfico de armas y la trata de personas.
Tan sólo en la capital del país se aseguraron más de 15 mil 700 ejemplares, esto se debe a que la Ciudad de México funciona como un centro de operaciones que distribuye a todo el mercado nacional y también internacional vía el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México; en Sinaloa la cifra fue de dos mil 970; en Estado de México, con 605 y Oaxaca, con 575. La lista de animales asegurados por la GN muestra a tigres de bengala, panteras, leones, tortugas, iguanas, cocodrilos, pericos, venados, camaleones, serpientes, monos, coyotes, escorpiones, culebras, pumas, geckos, tarántulas, búhos y decenas de variedades más.
Todas estas especies se encuentran protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.
Por otra parte, el Informe mundial sobre los delitos contra la vida silvestre y los bosques 2020 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), señala la amenaza que el tráfico de especies supone para la naturaleza y la biodiversidad en el planeta. Además, destaca que los crímenes contra la vida silvestre afectan a todos los países por sus repercusiones en la diversidad biológica, la salud humana, la seguridad y el desarrollo socioeconómico.
Aunque esto poco ha importado a los traficantes de fauna silvestre. El comercio de estas especies depende de toda una cadena delictiva que inicia desde un cazador, un traficante, un intermediario y un distribuidor, para finalmente llegar al consumidor que puede ser de cualquier estrato social. No importa las condiciones, siempre y cuando se cuente con el poder adquisitivo.
También el comercio de estas especies ha mutado en los últimos años. Los mercados o tianguis populares como el de Sonora, Tepito, Mixhuca y El Salado, en el centro de la Ciudad de México; el Rancho las Tablas Santiago Tianguistenco, Estado de México, o en el paraje de Charco Cercado, municipio de Guadalcázar, en San Luis Potosí, por poner algunos ejemplos, han quedado en el pasado.
➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo
Las transacciones en la actualidad son en línea, es decir se han digitalizado, y se ejecutan con previos depósitos o transferencias antes del envío de los animales.
El Informe de la UNODC 2020 señala que, al igual que otros mercados, el comercio de vida silvestre y sus productos derivados también se ha expandido en la esfera digital. “Las ventas de ciertos productos, como los reptiles vivos y artículos de hueso de tigre se han desplazado a las plataformas en línea y aplicaciones de mensajería encriptada, ya que los traficantes han encontrado nuevas formas de conectarse con compradores potenciales. El comercio en línea es particularmente difícil de combatir debido a la falta de transparencia, los marcos normativos inconsistentes y la limitada capacidad de aplicación de la ley”.