El actual gobierno federal plantea un un giro de 360 grados en la estrategia de seguridad que desde hace 12 años se había aplicando en nuestro país. El nuevo plan tiene como eje la creación de unidades policiacas especializadas en la investigación de lavado de dinero (Guardia de Finanzas), con lo cual se busca dotar de plena operatividad a los protocolos y acciones de la Policía Cibernética.
De acuerdo con el “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”, al cual tuvo acceso El Sol de México, el nuevo gobierno ha identificado los 154 municipios más violentos del país, ubicados en 22 entidades. Además, 61 cabeceras municipales con un índice delictivo “medio” y otros 51 clasificados como “baja” acción criminal.
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El documento, el cual ya fue distribuido entre los diversos mandos militares que se hacen cargo de la seguridad del país desde el pasado 1 de diciembre, incluye las directrices bajo las cuales deberán justificar su actuación.
El manual establece que en las 266 coordinaciones regionales en las que se dividió el país, las más inseguras representan 10.82 por ciento de todo el territorio nacional; 6.2 por ciento, los 154 municipios con mayor violencia e inseguros, y 2.4 por ciento las 61 cabeceras municipales con nivel medio.
En la lista de las entidades más inseguras figuran el Estado de México, con 32 de los 154 municipios más inseguros; Veracruz con 14, Puebla con ocho, Oaxaca con siete, y Guerrero, Morelos y Zacatecas con seis, respectivamente.
En el Estado de México destacan los municipios de Amecameca, Chalco, Ecatepec y Naucalpan de Juárez; Minatitlán, Coatzacoalcos, Zongolica y Córdova, en Veracruz; Acapulco, Ayutla de los Libres y Chilpancingo, en Guerrero.
En el nivel medio de inseguridad están las alcaldías de Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo; los municipios de Masco, Puerto Vallarta, La Barca, Autlán, en Jalisco; así como Guachochi, Ojinaga y Urique, en Chihuahua.
En la lista aparecen cerca de 51 municipios con un nivel bajo en hechos delictivos y de violencia, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Las Margaritas, en Chiapas; así como García, Monterrey, Linares, en Nuevo León.
El documento señala que en cada una de las 266 regiones en que se ha dividido el país se destinarán otros tantos destacamentos de la Guardia Nacional para la prevención, investigación, detención y presentación de detenidos ante el Ministerio Público y aportación de las pruebas exigidas por la ley.
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Para tal fin, se destaca que la prevención será uno de los ejes estratégicos de la seguridad pública, así como la recuperación de los espacios públicos, se combatirá la extorsión, el robo, el secuestro, homicidio, feminicidios y el tráfico de personas, entre otros.
"Hasta ahora, la política de seguridad reduce el fenómeno delictivo a los llamados delitos violentos y algunas expresiones de criminalidad organizada. Pero ha dejado de lado a los llamados “delitos de cuello blanco”. La extensión y el poder de los grupos criminales en México sólo pueden entenderse por la corrupción y las redes de complicidad institucional", indica la ficha de trabajo.
También se establecerán protocolos de intercambio de información y análisis entre las áreas de inteligencia policial y criminal. Se creará una unidad policial especializada en la investigación de lavado de dinero (Guardia de Finanzas) y se dará plena operatividad para las funciones de la Policía Cibernética.
En general, se enfatizará la capacitación y actualización de todos los elementos de seguridad pública en el uso de nuevas tecnologías y habrá una gran apertura para la observancia y la participación de diversos organismos de la sociedad civil y de defensa de derechos humanos nacionales e internacionales.
En el plan de seguridad, López Obrador explica que si el Ejército y la Marina han experimentado procesos de desgaste y de pérdida de confianza entre la población es por las órdenes del mando civil para realizar acciones represivas o para participar en tareas de combate contra la delincuencia que le son ajenas y que no forman parte de sus funciones.
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“Los soldados y marinos no han sido entrenados ni debidamente facultados para prevenir e investigar delitos. Esa falta de correspondencia entre preparación, atribuciones y misión ha derivado en violaciones a los derechos humanos y en atropellos a la población.
Cuando se involucró a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, hace ya 12 años, se argumentó que era una medida temporal en tanto se lograba el saneamiento, la capacitación y la profesionalización de las corporaciones policiales. Hoy las fuerzas públicas civiles se encuentran tan incapacitadas para cumplir su tarea de prevenir y combatir el delito como en 2006”, dice el diagnóstico.
Ante la crisis de violencia delictiva e inseguridad que vive el país, y dada la descomposición e ineficacia de las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno, advierte, resultaría desastroso para la seguridad nacional relevar a las Fuerzas Armadas de su encomienda actual en materia de seguridad pública.
Por ello, el gobierno considera necesario seguir disponiendo de las instituciones castrenses en la preservación y recuperación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia.
El plan también deja claro que "la única acción realista para reducir los niveles de consumo de drogas reside en reorientar de manera negociada y bilateral los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas –masivos, pero personalizados– de reinserción y desintoxicación".
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