/ lunes 15 de enero de 2024

Decomiso de armas cae al nivel más bajo en tres sexenios

La reducción en los primeros cinco años de la presente administración fue de 2 por ciento respecto a la de Peña Nieto y de 70 por ciento, en comparación con la de Calderón

En cinco años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decomisó dos por ciento menos armas que en el mismo periodo de Enrique Peña Nieto y 70 por ciento menos que en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, informó el Ejército a El Sol de México a través de una solicitud de acceso a la información.

De acuerdo con la información proporcionada, en cinco años (2019 a 2023) las Fuerzas Armadas decomisaron 29 mil 836 armas de fuego, mientras que en los primeros cinco años de la administración del priista Enrique Peña Nieto (de 2013 a 2017) fueron 30 mil 249, y de 2007 a 2011, en el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, la Sedena sacó de circulación 106 mil 31 artefactos.

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En los primeros cinco años de la administración de Vicente Fox la Sedena decomisó ocho mil 899 artefactos (de 2001 a 2005).

Desde hace 23 años, las entidades con mayor número de aseguramientos son Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa, que tienen altos índices de violencia y operaciones de grupos del crimen organizado, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Entre los grupos criminales que operan en estos estados están el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo (CDG) y La Familia Michoacana.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció en diciembre pasado que 70 por ciento de las armas que ingresan a México de manera ilegal son fabricadas y vendidas en Estados Unidos a criminales de este lado de la frontera. “No es un problema sólo de los Estados Unidos o nada más de México, es un problema que lo tenemos que trabajar juntos”, dijo.

El Departamento de Seguridad Interior (DHS) de EU informó, a finales de septiembre, que en el año fiscal ha confiscado tres mil 538 armas de fuego que pretendían ser traficadas al territorio mexicano, del 1 de octubre de 2022 a julio de 2023, como parte de las operaciones en conjunto con el gobierno mexicano para frenar el tráfico ilegal de armas y fentanilo.

En las últimas dos décadas, 84 mil 137 artefactos fueron decomisados en entidades de la frontera norte del país, como Tamaulipas, Sonora y Chihuahua, lo que representa 40 por ciento del total de incautaciones de armas de fuego en todo el territorio desde el año 2000. El histórico hasta 2023 es de 205 mil 858 artefactos asegurados por el Ejército.

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Sin embargo, la cifra proporcionada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 29 mil 836 armas incautadas en los últimos cinco años— es muy inferior a la que declaró el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, durante la conferencia matutina del 1 de mayo de 2023, cuando informó que en la actual administración federal llevaban, hasta esa entonces, 39 mil 782 armas de fuego aseguradas.

El profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en temas de defensa y seguridad, Javier Oliva Posada, explicó que la baja incautación en el gobierno de López Obrador se debe a que el Presidente ha puesto a los militares a realizar tareas no relacionadas con la seguridad nacional.


Desde que asumió la Presidencia, López Obrador ha ordenado a las Fuerzas Armadas trabajar en proyectos de obra pública, hacerse cargo de las aduanas y aeropuertos del país y apoyar en desastres naturales y en la contingencia sanitaria por la Covid-19.

“La baja en decomisos en este sexenio tiene que ver con el número de actividades que el Presidente de manera inopinada le ha asignado a las Fuerzas Armadas; además, el presupuesto ha disminuido, México es el país que peor trata a su Ejército”, comentó.

El general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, señaló que de 2019 a 2023, el Ejército ha participado en dos mil 823 proyectos de obra pública, lo que representa un aumento en comparación con el periodo de 2006 a 2018 cuando la Sedena construyó 851 obras civiles y militares.

Actualmente, la Secretaría de la Defensa mantiene a sus elementos trabajando en 74 proyectos de obra pública propios y 367 de otras instituciones. Las propias consisten en la construcción de hospitales militares regionales, cuarteles generales y unidades habitacionales militares.

Las obras civiles consisten en 30 puentes internacionales, 315 sucursales del Banco del Bienestar, 22 obras asociadas a la construcción del Tren Maya (tramos 5, 6 y 7), acueductos y aeropuertos. Además de la administración de tres aeropuertos y de las aduanas.

Para el investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, otro factor es la disminución de inversión operativa para el Ejército, que es de uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que coloca a México como el segundo país que menos invierte en sus Fuerzas Armadas, lo que impacta en la poca contratación de nuevos elementos castrenses para las tareas de seguridad.

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El especialista destacó que la pandemia por el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad de Covid-19, impactó también en el decomiso de armas, porque lasFuerzas Armadas se dedicaron a apoyar a la población con la instalación de hospitales ambulatorios, la distribución de vacunas y su aplicación, en lugar de atender el tema de la seguridad pública.



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En cinco años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decomisó dos por ciento menos armas que en el mismo periodo de Enrique Peña Nieto y 70 por ciento menos que en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, informó el Ejército a El Sol de México a través de una solicitud de acceso a la información.

De acuerdo con la información proporcionada, en cinco años (2019 a 2023) las Fuerzas Armadas decomisaron 29 mil 836 armas de fuego, mientras que en los primeros cinco años de la administración del priista Enrique Peña Nieto (de 2013 a 2017) fueron 30 mil 249, y de 2007 a 2011, en el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, la Sedena sacó de circulación 106 mil 31 artefactos.

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En los primeros cinco años de la administración de Vicente Fox la Sedena decomisó ocho mil 899 artefactos (de 2001 a 2005).

Desde hace 23 años, las entidades con mayor número de aseguramientos son Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa, que tienen altos índices de violencia y operaciones de grupos del crimen organizado, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Entre los grupos criminales que operan en estos estados están el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo (CDG) y La Familia Michoacana.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció en diciembre pasado que 70 por ciento de las armas que ingresan a México de manera ilegal son fabricadas y vendidas en Estados Unidos a criminales de este lado de la frontera. “No es un problema sólo de los Estados Unidos o nada más de México, es un problema que lo tenemos que trabajar juntos”, dijo.

El Departamento de Seguridad Interior (DHS) de EU informó, a finales de septiembre, que en el año fiscal ha confiscado tres mil 538 armas de fuego que pretendían ser traficadas al territorio mexicano, del 1 de octubre de 2022 a julio de 2023, como parte de las operaciones en conjunto con el gobierno mexicano para frenar el tráfico ilegal de armas y fentanilo.

En las últimas dos décadas, 84 mil 137 artefactos fueron decomisados en entidades de la frontera norte del país, como Tamaulipas, Sonora y Chihuahua, lo que representa 40 por ciento del total de incautaciones de armas de fuego en todo el territorio desde el año 2000. El histórico hasta 2023 es de 205 mil 858 artefactos asegurados por el Ejército.

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Sin embargo, la cifra proporcionada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 29 mil 836 armas incautadas en los últimos cinco años— es muy inferior a la que declaró el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, durante la conferencia matutina del 1 de mayo de 2023, cuando informó que en la actual administración federal llevaban, hasta esa entonces, 39 mil 782 armas de fuego aseguradas.

El profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en temas de defensa y seguridad, Javier Oliva Posada, explicó que la baja incautación en el gobierno de López Obrador se debe a que el Presidente ha puesto a los militares a realizar tareas no relacionadas con la seguridad nacional.


Desde que asumió la Presidencia, López Obrador ha ordenado a las Fuerzas Armadas trabajar en proyectos de obra pública, hacerse cargo de las aduanas y aeropuertos del país y apoyar en desastres naturales y en la contingencia sanitaria por la Covid-19.

“La baja en decomisos en este sexenio tiene que ver con el número de actividades que el Presidente de manera inopinada le ha asignado a las Fuerzas Armadas; además, el presupuesto ha disminuido, México es el país que peor trata a su Ejército”, comentó.

El general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, señaló que de 2019 a 2023, el Ejército ha participado en dos mil 823 proyectos de obra pública, lo que representa un aumento en comparación con el periodo de 2006 a 2018 cuando la Sedena construyó 851 obras civiles y militares.

Actualmente, la Secretaría de la Defensa mantiene a sus elementos trabajando en 74 proyectos de obra pública propios y 367 de otras instituciones. Las propias consisten en la construcción de hospitales militares regionales, cuarteles generales y unidades habitacionales militares.

Las obras civiles consisten en 30 puentes internacionales, 315 sucursales del Banco del Bienestar, 22 obras asociadas a la construcción del Tren Maya (tramos 5, 6 y 7), acueductos y aeropuertos. Además de la administración de tres aeropuertos y de las aduanas.

Para el investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, otro factor es la disminución de inversión operativa para el Ejército, que es de uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que coloca a México como el segundo país que menos invierte en sus Fuerzas Armadas, lo que impacta en la poca contratación de nuevos elementos castrenses para las tareas de seguridad.

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