Tras una auditoría informática se confirmó que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), sustrajo información de las y los trabajadores que laboran al servicio de las Empresas Productivas del Estado, Pemex, Subsidiarias y Filiales (EPE-PM-SF), el pasado 8 de julio.
Además, “nuestros trabajadores siguen amenazados por las guardias blancas del ilegal Comité Ejecutivo General del STPRM, junto con los de Petromex e inclusive de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP), por medio del chantaje, amenazas de muerte, despidos y agresiones físicas cotidianas. Es decir se violentan nuestros derechos humanos, legales y contractuales”.
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Así lo denunció a El Sol de México, el dirigente de dicho Sindicato, el abogado Eliel Flores Ángeles, quien cuenta con las afirmaciones de petroleros en los 462 centros de labores en Petróleos Mexicanos. “Nos afirman que este hackeo fue por órdenes de los actuales funcionarios del ilegal Comité Ejecutivo General del STPRM que encabeza Luis Ricardo Aldana Prieto”.
“Esto es el colmo del cinismo y de la tiranía que utilizan y lo dicen sin tapujos, porque a ellos no los perjudica en ninguna de las 36 secciones, porque lo hacen utilizando el nombre de Pemex y tienen todo el apoyo funcionarios administrativos”.
Y citó al subdirector de Capital Humano, Franco O. Veites Palavicini y al jefe de Concertación Laboral, Carlos Víctor Jasso de Anda. Además del titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo y el apoyo de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján.
Puntualizó el líder del SNEPE, que dichos actos ilícitos “pudieran tipificarse como un delito de fraude, mismo que a la letra dice: “…comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido…”
Esto está previsto y sancionado por el Artículo 386 del Código Penal Federal vigente.
Ante esta situación, se dirigen una vez más al presidente Andrés Manuel López Obrador y le demandan “actúe con prestancia y energía antes de que se pierda el control de la operatividad de Pemex, como lo es su cadena de valor productivo y sobre todo, que se pierda la confianza en las empresas del Estado”.
Pemex representa una de las columnas más importantes en materia económica, energética y geoestratégica para la nación.
Además, se deslindan públicamente de los actos de hackeo. “No es producto de la casualidad la repetida siniestralidad en los últimos 30 años dentro de dichas industrias petroleras, ni los incidentes, por decirlo amablemente, como el ocurrido el reciente 25 de julio de este 2022 a las 13:11 horas el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza.
Comentó además que ninguno de los escritos enviados al Ejecutivo federal prosperan sino que les han dado “muerte de escritorio”, en donde el SNEPE, refieren las áreas de oportunidad para la mejora operativa continua de Pemex, seguridad en materia de instalaciones estratégicas, para el incremento de la productividad, protección al medio ambiente, combate a la corrupción y atención a la salud.
“Ya nos cansamos de escribirle y citarle nuestra disposición de que estamos e espera de su llamado que no vemos que llegue, para coadyuvar como trabajadores activos, jubilados, transitorios y asociados, con más de 25 años de experiencia dentro de la ex paraestatal Pemex y ahora Empresa del Estado, en el rescate geoestratégico de nuestra soberanía energética, inclusive a nivel internacional: Deer Park, en Houston, Texas.
Para concluir, reiteran la pérdida de “esperanza” en “muchos de sus funcionarios más cercanos, sobre todo los dependientes de las Empresas del Estado y de la STPS, no obstante estar el SNEPE legalmente constituido en tiempo y forma.
“Dichas dependencias subordinadas a su cargo nos siguen bloqueando a la fecha, nuestra legal personalidad jurídica y solo están al servicio de un ilegalmente legitimado Comité Ejecutivo General del STPRM, en franca y abierta violación de nuestros derechos adquiridos”.
Y vuelven a demandar al Ejecutivo federal una audiencia.
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