La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley del Seguro Social para que los familiares de pensionados desaparecidos hasta por más de un mes puedan recibir los recursos de la pensión de su pariente ausente de acuerdo a los preceptos de la ley, en relación a causa de muerte por seguro de invalidez y vida, con carácter provisional, previo a la solicitud respectiva.
Con 369 votos a favor, el Pleno de la Cámara de diputados avaló el dictamen a la minuta que reforma, y el documento fue enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, con lo se establece que, si un pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, sus familiares o beneficiarios de su pensión disfruten de la misma.
Para este propósito, se deberá comprobar el parentesco y la desaparición del pensionado, exhibiendo la denuncia presentada ante el Ministerio Público correspondiente.
¿Y si regresa el ausente?
Además, si posteriormente y en cualquier tiempo el pensionado se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado, sin que en ningún caso pueda entenderse una obligación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) respecto de aquellos importes que hubieran sido pagados a los beneficiarios. Cuando se compruebe el fallecimiento del pensionado, la transmisión será definitiva.
En la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) señaló que la corrupción, violencia e inseguridad que se vive en México han generado una ola de desapariciones que incluso podrían considerarse forzadas.
Las cifras negras
Mencionó que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en enero de 2019 se reportó tener un registro de 49 mil 180 personas desaparecidas, “lo que se agudiza porque en México las condiciones de desigualdad y pobreza han impedido por décadas el desarrollo social”.
Hoy, dijo, esta Cámara de Diputados asume como propios los reclamos de las y los ciudadanos y legisla de manera contundente para minimizar una crisis humanitaria que ha limitado la seguridad pública.
De acuerdo con la Universidad Iberoamericana y la agrupación Artículo 19, en México, entre 2006 y 2017 se detectaron mil 600 fosas clandestinas en 24 entidades. Además, se exhumaron dos mil 489 cuerpos y 584 restos.
El Poder Legislativo, añadió, contribuye para crear bases sólidas elaborando reformas. “Este documento salvaguarda a las familias que sufren de la ausencia del hombre o mujer de la casa que provee los recursos; el objetivo es proteger a los familiares, del mismo modo que se daría con el fallecimiento del trabajador”.
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