/ domingo 12 de enero de 2020

“Diputados nos ven la cara”, periodistas ven laxas reformas en protección

Señalan que sólo serán cambios para proteger a defensores y no para castigar y prevenir ataques en contra de la libertad de expresión

Periodistas víctimas de la violencia manifestaron su inconformidad por los resultados de los foros a los que los convocó la Cámara de Diputados para discutir las reformas a la Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas y el Mecanismo de Protección.

Según ellos, la propuesta de reforma que se discutirá en San Lázaro no responde a su problemática, ya que sólo se harán cambios para proteger a defensores de derechos humanos, no a periodistas o castigar y prevenir los ataques contra la libertad de expresión.

Omar Bello y Gildo Garza, integrantes de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos y quienes están en el Mecanismo de Protección, aseguraron que pese a que en los foros se expuso la problemática, la iniciativa de reforma es insuficiente.

“Los diputados nos vieron la cara”, aseguraron, ya que advierten que las reformas planteadas en el proyecto de decreto para reformar los artículos sexto y 73 de la Constitución y que también expide La Ley General para Respetar, Proteger, Garantizar y Promover los Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Personas Periodistas, a cargo de integrantes de la Comisión de Gobernación y Población, “es una copia de la iniciativa de la Ley Cerezo”, y con ella se ayuda únicamente a las personas defensoras de Derechos Humanos, pero no a los comunicadores

Omar Bello es un periodista también desplazado del Estado de Guerrero por recibir igualmente por amenazas del crimen organizado en esa entidad), mientras que Gildo Garza es un periodista de Tamaulipas que se encuentra desplazado desde hace dos años y medio en la Ciudad de México por amenazas de muerte de parte del crimen organizado, específicamente del Cártel de Los Zetas, tras haber denunciado actos de corrupción durante el gobierno de Egidio Torre Cantú.

El proyecto, al cual tuvo acceso El Sol de México, plantea modificar los artículos sexto y 74 de la Constitución, así como al Mecanismo de Protección, pero no reflejan las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil –que fueron quienes impulsaron las modificaciones-, y a decir la Asociación que encabeza Garza, es una burla para todos ellos.

Garza enfatizó que “esta ley es la Ley Cerezo, no es la ley que nosotros hemos estado peloteando en diferentes reuniones con la presidenta de la Comisión de Gobernación y cono otros diputados y diputados y otras organizaciones. Haz de cuenta que nosotros perdimos el tiempo un año cabildeando y proponiendo lo que se debería llevar en la reforma, sin embargo, no nos fue tomado en cuenta nada”, reprochó el comunicador.

Incluso, indicó que la iniciativa “está acomodada para defensores de derechos humanos, solamente y no toman en cuenta protocolos de acción a delitos, tampoco las propuestas para una fiscalía de delitos contra periodistas autónoma, ni aspectos para garantizar los derechos humanos de los periodistas”, por lo que concluyó que es una ley hecha exclusivamente para Defensores de Derechos Humanos.

En cuanto al desplazamiento forzado interno que sufren los periodistas, indicó que la propuesta refiere muy por encima este aspecto, pero solamente menciona a los activas de derechos humanos, y concluyó que esta propuesta de Ley “es un refrito de la Ley Cerezo que pusieron al principio”, concluyó.

Incluso, el Comité Cerezo, presume de haber redactado dicha iniciativa, al señalar en su página de internet: “el Comité Cerezo México y Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos fueron las dos organizaciones encargadas de redactar la propuesta de iniciativa de ley general”.

Esto, para los periodistas representa algo desalentador, pues no resuelve la imperiosa y urgente necesidad de frenar y mejorar las leyes que los protejan y mejoren sus condiciones para ejercer su profesión, pues hay que recordar que México es un país que lastimosamente va al frente en toda América Latina en número de periodistas asesinados.

El año 2019 cerró con 11 comunicadores muertos, aunque algunas organizaciones triplican este número en México, mismo al que la organización internacional Reporteros Sin Fronteras cataloga como una de las naciones más peligrosas para ejercer el periodismo, poniéndolo al nivel de Siria.

Por esto, Gildo Garza subrayó que los diputados “nos vieron la cara, porque se hicieron varias reuniones y varias minutas”, de las que enfatizó que no se tomó en cuenta nada. Por lo que concluyó que si los foros de parlamento abierto para hacer esta ley únicamente los realizaron para legitimar la transformación de los artículos 3 y 74 de la Constitución, es una pena, pero adelantó que buscarán mecanismos legales para que se plasmen sus demandas en las reformas.

Periodistas víctimas de la violencia manifestaron su inconformidad por los resultados de los foros a los que los convocó la Cámara de Diputados para discutir las reformas a la Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas y el Mecanismo de Protección.

Según ellos, la propuesta de reforma que se discutirá en San Lázaro no responde a su problemática, ya que sólo se harán cambios para proteger a defensores de derechos humanos, no a periodistas o castigar y prevenir los ataques contra la libertad de expresión.

Omar Bello y Gildo Garza, integrantes de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos y quienes están en el Mecanismo de Protección, aseguraron que pese a que en los foros se expuso la problemática, la iniciativa de reforma es insuficiente.

“Los diputados nos vieron la cara”, aseguraron, ya que advierten que las reformas planteadas en el proyecto de decreto para reformar los artículos sexto y 73 de la Constitución y que también expide La Ley General para Respetar, Proteger, Garantizar y Promover los Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Personas Periodistas, a cargo de integrantes de la Comisión de Gobernación y Población, “es una copia de la iniciativa de la Ley Cerezo”, y con ella se ayuda únicamente a las personas defensoras de Derechos Humanos, pero no a los comunicadores

Omar Bello es un periodista también desplazado del Estado de Guerrero por recibir igualmente por amenazas del crimen organizado en esa entidad), mientras que Gildo Garza es un periodista de Tamaulipas que se encuentra desplazado desde hace dos años y medio en la Ciudad de México por amenazas de muerte de parte del crimen organizado, específicamente del Cártel de Los Zetas, tras haber denunciado actos de corrupción durante el gobierno de Egidio Torre Cantú.

El proyecto, al cual tuvo acceso El Sol de México, plantea modificar los artículos sexto y 74 de la Constitución, así como al Mecanismo de Protección, pero no reflejan las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil –que fueron quienes impulsaron las modificaciones-, y a decir la Asociación que encabeza Garza, es una burla para todos ellos.

Garza enfatizó que “esta ley es la Ley Cerezo, no es la ley que nosotros hemos estado peloteando en diferentes reuniones con la presidenta de la Comisión de Gobernación y cono otros diputados y diputados y otras organizaciones. Haz de cuenta que nosotros perdimos el tiempo un año cabildeando y proponiendo lo que se debería llevar en la reforma, sin embargo, no nos fue tomado en cuenta nada”, reprochó el comunicador.

Incluso, indicó que la iniciativa “está acomodada para defensores de derechos humanos, solamente y no toman en cuenta protocolos de acción a delitos, tampoco las propuestas para una fiscalía de delitos contra periodistas autónoma, ni aspectos para garantizar los derechos humanos de los periodistas”, por lo que concluyó que es una ley hecha exclusivamente para Defensores de Derechos Humanos.

En cuanto al desplazamiento forzado interno que sufren los periodistas, indicó que la propuesta refiere muy por encima este aspecto, pero solamente menciona a los activas de derechos humanos, y concluyó que esta propuesta de Ley “es un refrito de la Ley Cerezo que pusieron al principio”, concluyó.

Incluso, el Comité Cerezo, presume de haber redactado dicha iniciativa, al señalar en su página de internet: “el Comité Cerezo México y Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos fueron las dos organizaciones encargadas de redactar la propuesta de iniciativa de ley general”.

Esto, para los periodistas representa algo desalentador, pues no resuelve la imperiosa y urgente necesidad de frenar y mejorar las leyes que los protejan y mejoren sus condiciones para ejercer su profesión, pues hay que recordar que México es un país que lastimosamente va al frente en toda América Latina en número de periodistas asesinados.

El año 2019 cerró con 11 comunicadores muertos, aunque algunas organizaciones triplican este número en México, mismo al que la organización internacional Reporteros Sin Fronteras cataloga como una de las naciones más peligrosas para ejercer el periodismo, poniéndolo al nivel de Siria.

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