/ miércoles 17 de julio de 2019

Discuten diputados cambios en modelo de protección a periodistas

El programa Agravio Periodistas de la CNDH cuenta con 250 millones de pesos al año para atender 800 beneficiarios de este programa

En el periodo de enero a junio de este año, han sido asesinados 11 defensores de derechos humanos y periodistas en México, escenario que está obligando a que legisladores y organizaciones civiles revisen la Ley en la materia de protección a estas personas y el mecanismo para protegerles.

Por esto, desde la semana pasada se implementó por iniciativa de organizaciones civiles y la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, las mesas de trabajo para reformar la Ley General para Respetar, Proteger, Garantizar y Promover los Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.

En estas mesas, los participantes coinciden que se debe concertar la ley federal con las distintas legislaturas estatales en la materia; también dotar de personal especializado en atención a víctimas a las instituciones para atenderlas. Pero, principalmente, dotar de mayores recursos a las instancias que atienden a defensores y periodistas.

Las organizaciones civiles participantes, también coincidieron que el tema toral de la reforma a esta ley, es que el Estado debe entender que “es su responsabilidad brindar seguridad y garantías a defensores y periodistas”, y no solo función del mecanismo de protección, por lo que proponen que debe quedar estipulado esto y para ello, consideran que se requiere voluntad política para que se respete la ley.

Para sustentar esto, Rodrigo Santiago Juárez, director general del programa Agravio Periodistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y panelista en estas mesas de trabajo, indicó que la institución a la que pertenece cuenta con 250 millones de pesos al año para atender 800 beneficiarios de este programa, “es decir entre 22 y 25 mil pesos al mes”. Cantidad que recuerda, es insuficiente para para atender a estas personas.

Santiago Juárez expresó que ante la creciente violencia que hay en el país contra defensores y periodistas, “al paso que vamos tendremos mil beneficiarios en el programa”.

Los panelistas, señalaron también que las fiscalías estatales tienen que ser mejoradas con mayor presupuesto, desde la Cámara, para poder brindar mejores medidas de protección a las víctimas y la ley no se solo letra muerta.

Sara Mendiola Landeros, directora de Propuesta Cívica expresó que en la iniciativa se debe ser muy puntual en que no se necesita la creación de un sistema de mecanismos locales de protección, “pues eso generaría una cascada del mas burocracia institucional y que no funcionaría”; abundó que no es la salida crear mecanismos estatales, y propuso que lo que tenemos que apostar es la creación de un sistema nacional, “donde las instituciones en su conjunto, sean corresponsables en el tema de protección sistema de protección”.

En su oportunidad, la legisladora Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, y moderadora de las mesas de trabajo, expresó a El Sol de de México, su compromiso para perfeccionar esta ley, así como el mecanismo de protección, para que cumplan con su trabajo de manera normal, en un clima de libertad y apegado a derecho y por ello, aseguró que se abrirá el espacio de discusión a todos los actores implicados en el tema.

“Queremos que sea una iniciativa de consenso, no una imposición, sino que todos aporten los elementos necesarios para que pueda haber un ordenamiento jurídico que pueda resolver el problema que tenemos actualmente”, reiteró.

Rocío Barrera recordó que, desde abril pasado, se realizaron cinco mesas de trabajo, y se contempla la realización de seis mesas técnicas de parlamento abierto para la dictaminación de la Ley, además de la realización de tres foros regionales: Monterrey, Chiapas, y en la Ciudad de México, el cual se contemplará una perspectiva internacional de derecho contemplado.

A la mesa acudieron Claudia Cruz Santiago, directora del mecanismo federal de protección a periodistas y defensores de derechos humanos; Javier Carrasco Solís, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, AC; Gabriel Carmona Albuquerque, director de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo de Protección; Ricardo Pavón, director general de Protección integral de personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México; Mario Andrés Hurtado Cardozo, investigador de la organización Propuesta Cívica; José Eduardo Morales Montes, titular de la fiscalía de Chiapas, titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos contra Periodistas en Chiapas; Olga Guzmán Vergara, directora del Área de Incidencia Nacional e Internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos; Ángeles Hernández Alvarado, de la RED TDT; Sara Mendiola, de Propuesta Cívica; Cecilia Real Rodríguez, directora de Proyecto Provoces, entre otros especialistas.

En el periodo de enero a junio de este año, han sido asesinados 11 defensores de derechos humanos y periodistas en México, escenario que está obligando a que legisladores y organizaciones civiles revisen la Ley en la materia de protección a estas personas y el mecanismo para protegerles.

Por esto, desde la semana pasada se implementó por iniciativa de organizaciones civiles y la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, las mesas de trabajo para reformar la Ley General para Respetar, Proteger, Garantizar y Promover los Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.

En estas mesas, los participantes coinciden que se debe concertar la ley federal con las distintas legislaturas estatales en la materia; también dotar de personal especializado en atención a víctimas a las instituciones para atenderlas. Pero, principalmente, dotar de mayores recursos a las instancias que atienden a defensores y periodistas.

Las organizaciones civiles participantes, también coincidieron que el tema toral de la reforma a esta ley, es que el Estado debe entender que “es su responsabilidad brindar seguridad y garantías a defensores y periodistas”, y no solo función del mecanismo de protección, por lo que proponen que debe quedar estipulado esto y para ello, consideran que se requiere voluntad política para que se respete la ley.

Para sustentar esto, Rodrigo Santiago Juárez, director general del programa Agravio Periodistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y panelista en estas mesas de trabajo, indicó que la institución a la que pertenece cuenta con 250 millones de pesos al año para atender 800 beneficiarios de este programa, “es decir entre 22 y 25 mil pesos al mes”. Cantidad que recuerda, es insuficiente para para atender a estas personas.

Santiago Juárez expresó que ante la creciente violencia que hay en el país contra defensores y periodistas, “al paso que vamos tendremos mil beneficiarios en el programa”.

Los panelistas, señalaron también que las fiscalías estatales tienen que ser mejoradas con mayor presupuesto, desde la Cámara, para poder brindar mejores medidas de protección a las víctimas y la ley no se solo letra muerta.

Sara Mendiola Landeros, directora de Propuesta Cívica expresó que en la iniciativa se debe ser muy puntual en que no se necesita la creación de un sistema de mecanismos locales de protección, “pues eso generaría una cascada del mas burocracia institucional y que no funcionaría”; abundó que no es la salida crear mecanismos estatales, y propuso que lo que tenemos que apostar es la creación de un sistema nacional, “donde las instituciones en su conjunto, sean corresponsables en el tema de protección sistema de protección”.

En su oportunidad, la legisladora Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, y moderadora de las mesas de trabajo, expresó a El Sol de de México, su compromiso para perfeccionar esta ley, así como el mecanismo de protección, para que cumplan con su trabajo de manera normal, en un clima de libertad y apegado a derecho y por ello, aseguró que se abrirá el espacio de discusión a todos los actores implicados en el tema.

“Queremos que sea una iniciativa de consenso, no una imposición, sino que todos aporten los elementos necesarios para que pueda haber un ordenamiento jurídico que pueda resolver el problema que tenemos actualmente”, reiteró.

Rocío Barrera recordó que, desde abril pasado, se realizaron cinco mesas de trabajo, y se contempla la realización de seis mesas técnicas de parlamento abierto para la dictaminación de la Ley, además de la realización de tres foros regionales: Monterrey, Chiapas, y en la Ciudad de México, el cual se contemplará una perspectiva internacional de derecho contemplado.

A la mesa acudieron Claudia Cruz Santiago, directora del mecanismo federal de protección a periodistas y defensores de derechos humanos; Javier Carrasco Solís, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, AC; Gabriel Carmona Albuquerque, director de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo de Protección; Ricardo Pavón, director general de Protección integral de personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México; Mario Andrés Hurtado Cardozo, investigador de la organización Propuesta Cívica; José Eduardo Morales Montes, titular de la fiscalía de Chiapas, titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos contra Periodistas en Chiapas; Olga Guzmán Vergara, directora del Área de Incidencia Nacional e Internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos; Ángeles Hernández Alvarado, de la RED TDT; Sara Mendiola, de Propuesta Cívica; Cecilia Real Rodríguez, directora de Proyecto Provoces, entre otros especialistas.

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