/ jueves 3 de junio de 2021

Ejidatarios de Campeche denuncian corrupción en obra del Tren Maya

Entre los abusos cometidos por la empresa también hay actos de extorsión, engaño y fraude para no pagar

Un grupo de ejidatarios del estado de Campeche denunció que la empresa Barrientos y Asociados S.A. de C.V., contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para negociar el pago por derechos de vía para el proyecto del Tren Maya, ha cometido actos de corrupción y violación a derechos humanos en contra de pobladores.

De acuerdo con María Elena Hernández, integrante del ejido Don Samuel, entre los abusos cometidos por la empresa también hay actos de extorsión, engaño y fraude para no pagar los derechos referidos, lo que se suma a la renuencia de las autoridades para entregar información.

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“No tenemos el alcance de los impactos ambientales, sociales y culturales que nos trae el proyecto. Tampoco tenemos un diseño de lo que es el tren, las vías y el diseño final. Los comisariados fueron presionados para firmar convenios, contratos que, revisados por asesores que ya tenemos, nos dimos cuenta que tienen mucho dolo”, señaló.

El Sol de México publicó en septiembre de 2020 que Fonatur invertiría cerca de 26.7 millones de pesos para contratar abogados que se encarguen de los procesos legales para liberar de asentamientos irregulares las vías por donde correrán los tramos 3 y 4 del Tren Maya.

Sobre estas acusaciones se buscó a Fonatur para conocer su postura pero al cierre de edición seguía sin responder.

Leticia Cruz, asesora legal de algunos ejidatarios afectados, señaló que si bien son varios los comisarios que han sido defraudados, no se tiene información de a cuánto asciende este fraude, ni tampoco los metros cuadrados que debieron ser pagados a cada comunidad.

“No hay una cifra como tal, no sabríamos contestar, porque si bien es cierto que en el proceso marca que tenemos que contar con una tabla de avalúo (realizada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales), también es cierto que nunca nos la mostraron”, dijo.

Pese a lo anterior, las autoridades ejidales y personas de los más de seis ejidos denunciantes, entre los que también se encuentran los de División del Norte, Haro y Escárcega, aclararon que no se oponen al Tren Maya. Lo que piden es la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que garantice la seguridad de las comunidades y el pago de terrenos.

“La comunidad exige precio justo en el avalúo de sus terrenos y que se haga en conjunto. Porque cada comunidad tiene hechos sus propios avalúos e incluso han tenido mesas de negociaciones”, dijo. .

Un grupo de ejidatarios del estado de Campeche denunció que la empresa Barrientos y Asociados S.A. de C.V., contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para negociar el pago por derechos de vía para el proyecto del Tren Maya, ha cometido actos de corrupción y violación a derechos humanos en contra de pobladores.

De acuerdo con María Elena Hernández, integrante del ejido Don Samuel, entre los abusos cometidos por la empresa también hay actos de extorsión, engaño y fraude para no pagar los derechos referidos, lo que se suma a la renuencia de las autoridades para entregar información.

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“No tenemos el alcance de los impactos ambientales, sociales y culturales que nos trae el proyecto. Tampoco tenemos un diseño de lo que es el tren, las vías y el diseño final. Los comisariados fueron presionados para firmar convenios, contratos que, revisados por asesores que ya tenemos, nos dimos cuenta que tienen mucho dolo”, señaló.

El Sol de México publicó en septiembre de 2020 que Fonatur invertiría cerca de 26.7 millones de pesos para contratar abogados que se encarguen de los procesos legales para liberar de asentamientos irregulares las vías por donde correrán los tramos 3 y 4 del Tren Maya.

Sobre estas acusaciones se buscó a Fonatur para conocer su postura pero al cierre de edición seguía sin responder.

Leticia Cruz, asesora legal de algunos ejidatarios afectados, señaló que si bien son varios los comisarios que han sido defraudados, no se tiene información de a cuánto asciende este fraude, ni tampoco los metros cuadrados que debieron ser pagados a cada comunidad.

“No hay una cifra como tal, no sabríamos contestar, porque si bien es cierto que en el proceso marca que tenemos que contar con una tabla de avalúo (realizada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales), también es cierto que nunca nos la mostraron”, dijo.

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