Es ofensivo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando afirma que las mujeres protestan por la violencia de género porque están siendo manipuladas por la derecha o grupos conservadores, expone Patricia Olamendi Torres, integrante a escala mundial del Consejo Consultivo de la Mesa Directiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM.
“Yo creo que es lamentable y ofensivo porque (el Presidente) parte de la idea de que las mujeres no podemos decidir en cuanto si paramos o marchamos o hacemos acciones de ese tipo. Ese reiterado de que la derecha te manipula es como tratarnos como tontitas, esa no es la respuesta. Él tiene que dar respuesta inmediata a la problemática”, comenta en entrevista con El Sol de México.
Como consultora internacional de ONUMujeres, Olamendi Torres elaboró el Protocolo para la Investigación del Feminicidio, una guía de investigación judicial que ha sido propuesta para toda Latinamérica.
Señala que el actual Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, pertenece a una corriente de abogados mexicanos conservadores, de aquellos que desde 2012 se opusieron a tipificar el delito de feminicidios en México.
Gertz Manero dijo que es difícil acreditar un feminicidio.
-No, no es difícil. Desde que surgió el tipo penal de feminicidio hay una corriente de abogados, yo diría muy muy conservadora, que rechazan los derechos humanos, que tienen diferentes puntos de vista, y gente que simplemente no le entiende. Desde que surgió el tipo penal preguntaban, pero por qué vale más la vida de una mujer que la de un hombre. Simplemente no entienden los derechos humanos- explica en una entrevista concedida 24 horas antes de que la Fiscalía General de la República enviara a la Cámara de Diputados una nueva propuesta para castigar el feminicidio.
¿Alejandro Gertz está en esa corriente conservadora?
-Yo no sé si Alejandro Gertz Manero ha llevado siquiera un caso de feminicidio. Pero él forma parte de una corriente de abogados muy tradicionales, queda evidenciado en su propuesta inicial de reforma. No sólo quiere regresar al pasado, sino al pasado del pasado, como estaban los Códigos Penales en los 60 y 70. Esa sola presentación basta para ver su pensamiento respecto a los delitos e investigación criminal.
“México tiene compromisos derivados de la firma de tratados, recomendaciones y sentencias internacionales por las actuaciones de las autoridades mexicanas, la sentencia más reconocida es campo algodonero. Lo que pasa es que cuando salen con estas propuestas (de eliminar el feminicidio) uno se queda pensando: ¡bueno que no leen!”, agrega.
¿Cómo ve la propuesta de crear una fiscalía especializada para la atención de feminicidios?
-A nivel federal tendría poco sentido porque la muerte violenta de una mujer regularmente es de fuero común, pero si se unifica el Código Penal Federal en un solo código entonces sí valdría la pena tener un aparato así. En los estados, por ejemplo, empieza a haber fiscalías. Pero los estados no le han puesto la fuerza y la capacidad a esas fiscalías. Lo han hecho como un cumplimiento formal en muchos de los casos, nombrando a dos o tres personas, que es insuficiente para hacer la investigación que se requiere.
Expone que en México, a diferencia de otros países, una de las fallas en el sistema de investigación y atención a los feminicidios es que no se impone una medida de restricción inmediata al agresor, sino que las víctimas sufren con acciones como el aislamiento temporal en refugios en los que se resuelve un juicio.
“Está demostrado -y los tratados así lo dicen- que la única y verdadera atención para la víctima es que el agresor sea detenido o sea retirado o puesto en prisión preventiva”, recomienda.
Al reprobar el decálogo improvisado por López Obrador para atender el feminicidio, Olamendi destaca acciones concretas, como generar un cuerpo policíaco especializado, darle facultades también a juzgados mixtos, cívicos o de paz, para conocer inmediatamente de estas agresiones y, con ello, lograr la detención inmediata del presunto agresor y desarrollar peritos con capacidad de investigación.
Además, recomienda, contar con un fondo que permita apoyar a las víctimas. Explica que el gobierno puede destinar el cinco o siete por ciento de plazas de jefa de departamento para abajo para darle ingreso inmediato y trabajo a las víctimas.
“El presidente tiene en sus manos la posibilidad de instrumentar una política pública inmediata de atención a los feminicidios. Si eso se convierte en cuestionamiento al comportamiento de las mujeres que exigimos justicia y protección del Estado, no hay manera. Hablamos dos lenguajes. Le pedimos proteja, cuide, es su responsabilidad constitucional, y él nos contesta la derecha o el neoliberalismo”, concluye.
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