/ lunes 13 de noviembre de 2023

Empleados de salud de QRoo tienen miedo, les cuesta trabajo practicar un aborto: capacitadora

Activistas en Quintana Roo advierten que pese a la despenalización del aborto en la entidad las autoridades fallan al difundir el proceso para acceder a este derecho

En la madrugada del 26 de octubre de 2022, las y los habitantes de la ciudad de Quintana Roo se despertaron con la noticia de que el aborto había sido despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, la votación en el Congreso local fue 10 votos a favor y 3 en contra; convirtiéndose en el décimo primer estado del país en permitir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La iniciativa aprobada reformaba los artículos 92, 93, 94, 95 y 97, en sus fracciones II, III y IV; se adicionaba un párrafo segundo y tercero al artículo 92; y se derogaba el artículo 96, todos del Código Penal de Quintana Roo.

Ahora, el artículo 92 establece que el aborto es la interrupción del embarazo “después de la semana 12 de gestación” y que se entiende por “persona gestante” a cualquier persona con aparato reproductor femenino y con capacidad de gestar, independientemente de su edad, apariencia física u orientación sexual.

El artículo 93 modificado, indica que se penalizará con cárcel a quien se procure un aborto o consienta que otro se lo provoque después de las 12 semanas; el artículo 94 define el aborto forzado como la interrupción del embarazo en cualquier momento, sin el consentimiento de la persona gestante y se castiga con prisión. El artículo 95 indica que, si el aborto es forzado por médico, partero o enfermero, será, además, suspendido de su profesión de dos a cinco años. Sin embargo, a un año de la despenalización del aborto, activistas y acompañantes opinan que no hay acceso garantizado al aborto.

Antes de la despenalización del aborto en Quintana Roo, se sabía que había tres hospitales que ofrecían aborto seguro: Hospital General de Playa del Carmen, Hospital Integral de Isla Mujeres y Hospital Materno Infantil Morelos. La Coordinadora de Género y Violencia de la Secretaría de Salud, Margery Sugey señaló que desde 2021 hacían un trabajo con el aborto seguro: “tuvimos capacitaciones de IPAS porque desde el centro nacional nos pidieron iniciar con estos procesos indistintos antes que estuviera legalizado en el estado”. Pero, para la mayoría de las activistas y grupos entrevistados, el programa de Aborto Seguro en Quintana Roo no fue otra cosa que simulación, no se tradujo en un acceso real.

La psicóloga Cristina Montejo, del Colectivo Ajal Yaakun y directora del Instituto Xunaan, comentó: “Creo que no ha cambiado mucho el acceso, no se han hecho acciones contundentes indicando que el aborto seguro es un derecho y si bien se ha hablado de que existen los servicios de aborto seguro en lugares como Playa del Carmen e Isla Mujeres, la verdad es que no se está practicando”.

Silvia Chuc, del poblado Gobernanza, explicó: “antes, a nivel estatal, existían tres módulos de aborto seguro que tenían protocolo y cuyos lineamientos estaban establecidos desde las instituciones federales y las instancias correspondientes. Nosotras ya teníamos conocimiento de que había un módulo que tenía gente preparada en el hospital de Playa del Carmen, el asunto es que nunca se le dio difusión. El gobierno estatal no quiso hacer público que había un espacio donde las mujeres podían ir y practicarse un aborto seguro, ni siquiera en casos de violación, es decir, la aplicación de la NOM 046 ya era un problema desde antes”.

Margery Sugey dijo que se les retiró el presupuesto del programa de aborto de este año, aunque, el personal capacitado se mantiene y su propósito es formar a más personal. “Desde la Coordinación de Género y Violencia de la Secretaría de Salud estamos pendientes de saber cómo hacer un diagnóstico, qué tipo de personal necesitamos, cómo fortalecer al personal para que se pueda otorgar el servicio, estamos comenzando, y hemos encontramos muy buena respuesta de los hospitales, pues por competencia y normativa, nos corresponde al sector salud atender a las mujeres que requieran un aborto”.

Respecto a la capacitación del personal médico, Vanessa González, de DAS Cancún, comentó: “este año dimos capacitación a médicos, enfermeras, personal de salud de la ciudad de Cancún, como de Solidaridad, y nos percatamos que una amplía mayoría de las y los empleados de salud tienen miedo, es decir, además de sus propias concepciones, digamos filosóficas y morales, les cuesta trabajo practicar un aborto. Además, tienen miedo de recibir algún tipo de falta administrativa por haber dado un servicio de este tipo.

“Para quienes están en espacio de toma de decisiones y de altos mandos –directores de unidades médicas hasta coordinadores de hospitales–, el tema es la objeción de conciencia, pues empleados de la salud la utilizan para no practicar un aborto, y están en su derecho, pero hay que garantizar que en toda unidad haya personal a favor del aborto”, explicó.

Sobre este tema Margery aseguró que “a pesar de que hay los objetores de conciencia, tenemos personal que no es objetor, y nuestro objetivo es también capacitar a médicos generales que otorguen este servicio”. Además, para evitar negativas y obstáculos en el servicio, centralizaron la atención por medio de un correo electrónico (vio.gen.sesa@gmail.com), solicitando a la usuaria que se comunique por ese medio y mencione cuál es el servicio que requiere, si sabe cuántas semanas tiene, de qué municipio es y número telefónico para comunicarnos con ella.

“Cuando llega ese correo, nosotros lo remitimos al hospital para que se le brinde la atención. Mandamos los datos y a través de la trabajadora social o psicóloga, se comunican con la usuaria para generarle una cita. Esa es la metodología que hemos adoptado para que las mujeres no se sientan que hay una negativa al servicio”.

La nueva propuesta de los Servicios Estatales de Salud (Sesa) para evitar la interacción de usuarias con personal objetor o para asegurar el acceso, fue cuestionada por colectivas al considerar que no respeta el manejo de los datos personales y se genera burocracia en el servicio.

Trabajdores de Salud ignoran la NOM 046

Margery Sugey explicó que en los casos de violación los médicos siguen la NOM 046, pero este año no han tenido ninguna interrupción por causal de violación, sólo por interrupción voluntaria.

Al respecto, Yunitzilim, de Marea Verde, Quintana Roo, comentó: “la experiencia con la NOM 046 es que no la respetan, porque siguen obligando a las usuarias a presentar una denuncia penal, y niegan el servicio e incluso siguen cuestionando las semanas en las que se pueda dar la interrupción”.

Cristina Montejo recordó: “me han tocado casos en donde las mujeres llegan, ni siquiera en el marco de aborto voluntario, llegan por alguna causal, por violencia sexual y se supone que no debería haber problema por la NOM 046 y, aun así, les han negado el servicio. En el poblado José María Morelos también conozco dos casos similares, y eso ocurre en todo el estado, me parece que no ha habido voluntad política respecto a la aplicación de la NOM 046”.

La Coordinadora de Género y Violencia Margery Sugey afirmó que desde la despenalización del aborto tienen un registro de 10 abortos legales realizados en los hospitales.

La cifra proporcionada por el sector salud contrasta con la atención que ofrecen las organizaciones a las mujeres en la zona sur del estado. Yunitzilim, de la Colectiva Marea Verde, indicó: “Yo no soy acompañanta, pero me tienen como referencia para canalizar, y por día, en promedio, suelo recibir mensajes de dos mujeres. Y no necesariamente se resuelve ese día, o no hay certeza en si deciden o no continuar con el acompañamiento, pero al menos puedo decir que tienen la confianza de escribirme cuando están considerando abortar”.

Paola Porras, de la misma colectiva, es una de las acompañantes que se encarga de dar seguimiento a esos primeros contactos. “Este año calculo que hemos atendido 150 abortos, ya sea brindando los medicamentos o sólo el acompañamiento, porque así se sienten más seguras. Las edades de las mujeres que nos buscan suelen oscilar entre los 20 a 27 años y de ahí las cifras varían, hemos tenido chicas de 17 hasta 43 años”.

Cecilia Balam, lleva seis años siendo acompañante, no lo hace de tiempo completo, y desde la despenalización ha atendido a 15 mujeres, del poblado Othón P. Blanco y de lugares cercanos como Bacalar.

Los Servicios Estatales de Salud identifican el norte de Quintana Roo como la region con más solicitudes de aborto, destacando los municipios de Benito Juárez y Solidaridad que registran la mayoría de abortos legales (en total 10).

En opinión de Vanesa González, de la organización DAS de Cancún, “la despenalización no alteró dramáticamente el número de acompañamientos que brindamos, se mantiene bastante igual. Eso de que con la despenalización miles iban a salir a abortar, la verdad es que es sólo fantasía de los antiderechos. La realidad es que las mujeres prefieren no abortar, es decir, no se embarazan a propósito para pasar por un aborto. La cifra de abortos que solemos acompañar son en promedio 100 por mes en todo el estado. Aclarando que no tenemos gran difusión al respecto”.

Silvia Chuc explicó la importancia de modificar la Ley de Salud para garantizar el acceso seguro al aborto. “Nuestro trabajo ha sido impulsarlo, trabajar la iniciativa y hacer lobby con algunos diputados y diputadas. Sin embargo, a pesar de que el Congreso local cambió el Código Penal, pues no todos están a favor”.

A casi un año de cumplirse la despenalización del aborto en esta entidad, las colectivas perciben menos miedo cuando alguna mujer les escribe para preguntarles por el aborto, pero no es suficiente, indicaron que faltan políticas públicas por parte de la Secretaría de Salud que favorezcan el acceso al aborto.


Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.



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En la madrugada del 26 de octubre de 2022, las y los habitantes de la ciudad de Quintana Roo se despertaron con la noticia de que el aborto había sido despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, la votación en el Congreso local fue 10 votos a favor y 3 en contra; convirtiéndose en el décimo primer estado del país en permitir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La iniciativa aprobada reformaba los artículos 92, 93, 94, 95 y 97, en sus fracciones II, III y IV; se adicionaba un párrafo segundo y tercero al artículo 92; y se derogaba el artículo 96, todos del Código Penal de Quintana Roo.

Ahora, el artículo 92 establece que el aborto es la interrupción del embarazo “después de la semana 12 de gestación” y que se entiende por “persona gestante” a cualquier persona con aparato reproductor femenino y con capacidad de gestar, independientemente de su edad, apariencia física u orientación sexual.

El artículo 93 modificado, indica que se penalizará con cárcel a quien se procure un aborto o consienta que otro se lo provoque después de las 12 semanas; el artículo 94 define el aborto forzado como la interrupción del embarazo en cualquier momento, sin el consentimiento de la persona gestante y se castiga con prisión. El artículo 95 indica que, si el aborto es forzado por médico, partero o enfermero, será, además, suspendido de su profesión de dos a cinco años. Sin embargo, a un año de la despenalización del aborto, activistas y acompañantes opinan que no hay acceso garantizado al aborto.

Antes de la despenalización del aborto en Quintana Roo, se sabía que había tres hospitales que ofrecían aborto seguro: Hospital General de Playa del Carmen, Hospital Integral de Isla Mujeres y Hospital Materno Infantil Morelos. La Coordinadora de Género y Violencia de la Secretaría de Salud, Margery Sugey señaló que desde 2021 hacían un trabajo con el aborto seguro: “tuvimos capacitaciones de IPAS porque desde el centro nacional nos pidieron iniciar con estos procesos indistintos antes que estuviera legalizado en el estado”. Pero, para la mayoría de las activistas y grupos entrevistados, el programa de Aborto Seguro en Quintana Roo no fue otra cosa que simulación, no se tradujo en un acceso real.

La psicóloga Cristina Montejo, del Colectivo Ajal Yaakun y directora del Instituto Xunaan, comentó: “Creo que no ha cambiado mucho el acceso, no se han hecho acciones contundentes indicando que el aborto seguro es un derecho y si bien se ha hablado de que existen los servicios de aborto seguro en lugares como Playa del Carmen e Isla Mujeres, la verdad es que no se está practicando”.

Silvia Chuc, del poblado Gobernanza, explicó: “antes, a nivel estatal, existían tres módulos de aborto seguro que tenían protocolo y cuyos lineamientos estaban establecidos desde las instituciones federales y las instancias correspondientes. Nosotras ya teníamos conocimiento de que había un módulo que tenía gente preparada en el hospital de Playa del Carmen, el asunto es que nunca se le dio difusión. El gobierno estatal no quiso hacer público que había un espacio donde las mujeres podían ir y practicarse un aborto seguro, ni siquiera en casos de violación, es decir, la aplicación de la NOM 046 ya era un problema desde antes”.

Margery Sugey dijo que se les retiró el presupuesto del programa de aborto de este año, aunque, el personal capacitado se mantiene y su propósito es formar a más personal. “Desde la Coordinación de Género y Violencia de la Secretaría de Salud estamos pendientes de saber cómo hacer un diagnóstico, qué tipo de personal necesitamos, cómo fortalecer al personal para que se pueda otorgar el servicio, estamos comenzando, y hemos encontramos muy buena respuesta de los hospitales, pues por competencia y normativa, nos corresponde al sector salud atender a las mujeres que requieran un aborto”.

Respecto a la capacitación del personal médico, Vanessa González, de DAS Cancún, comentó: “este año dimos capacitación a médicos, enfermeras, personal de salud de la ciudad de Cancún, como de Solidaridad, y nos percatamos que una amplía mayoría de las y los empleados de salud tienen miedo, es decir, además de sus propias concepciones, digamos filosóficas y morales, les cuesta trabajo practicar un aborto. Además, tienen miedo de recibir algún tipo de falta administrativa por haber dado un servicio de este tipo.

“Para quienes están en espacio de toma de decisiones y de altos mandos –directores de unidades médicas hasta coordinadores de hospitales–, el tema es la objeción de conciencia, pues empleados de la salud la utilizan para no practicar un aborto, y están en su derecho, pero hay que garantizar que en toda unidad haya personal a favor del aborto”, explicó.

Sobre este tema Margery aseguró que “a pesar de que hay los objetores de conciencia, tenemos personal que no es objetor, y nuestro objetivo es también capacitar a médicos generales que otorguen este servicio”. Además, para evitar negativas y obstáculos en el servicio, centralizaron la atención por medio de un correo electrónico (vio.gen.sesa@gmail.com), solicitando a la usuaria que se comunique por ese medio y mencione cuál es el servicio que requiere, si sabe cuántas semanas tiene, de qué municipio es y número telefónico para comunicarnos con ella.

“Cuando llega ese correo, nosotros lo remitimos al hospital para que se le brinde la atención. Mandamos los datos y a través de la trabajadora social o psicóloga, se comunican con la usuaria para generarle una cita. Esa es la metodología que hemos adoptado para que las mujeres no se sientan que hay una negativa al servicio”.

La nueva propuesta de los Servicios Estatales de Salud (Sesa) para evitar la interacción de usuarias con personal objetor o para asegurar el acceso, fue cuestionada por colectivas al considerar que no respeta el manejo de los datos personales y se genera burocracia en el servicio.

Trabajdores de Salud ignoran la NOM 046

Margery Sugey explicó que en los casos de violación los médicos siguen la NOM 046, pero este año no han tenido ninguna interrupción por causal de violación, sólo por interrupción voluntaria.

Al respecto, Yunitzilim, de Marea Verde, Quintana Roo, comentó: “la experiencia con la NOM 046 es que no la respetan, porque siguen obligando a las usuarias a presentar una denuncia penal, y niegan el servicio e incluso siguen cuestionando las semanas en las que se pueda dar la interrupción”.

Cristina Montejo recordó: “me han tocado casos en donde las mujeres llegan, ni siquiera en el marco de aborto voluntario, llegan por alguna causal, por violencia sexual y se supone que no debería haber problema por la NOM 046 y, aun así, les han negado el servicio. En el poblado José María Morelos también conozco dos casos similares, y eso ocurre en todo el estado, me parece que no ha habido voluntad política respecto a la aplicación de la NOM 046”.

La Coordinadora de Género y Violencia Margery Sugey afirmó que desde la despenalización del aborto tienen un registro de 10 abortos legales realizados en los hospitales.

La cifra proporcionada por el sector salud contrasta con la atención que ofrecen las organizaciones a las mujeres en la zona sur del estado. Yunitzilim, de la Colectiva Marea Verde, indicó: “Yo no soy acompañanta, pero me tienen como referencia para canalizar, y por día, en promedio, suelo recibir mensajes de dos mujeres. Y no necesariamente se resuelve ese día, o no hay certeza en si deciden o no continuar con el acompañamiento, pero al menos puedo decir que tienen la confianza de escribirme cuando están considerando abortar”.

Paola Porras, de la misma colectiva, es una de las acompañantes que se encarga de dar seguimiento a esos primeros contactos. “Este año calculo que hemos atendido 150 abortos, ya sea brindando los medicamentos o sólo el acompañamiento, porque así se sienten más seguras. Las edades de las mujeres que nos buscan suelen oscilar entre los 20 a 27 años y de ahí las cifras varían, hemos tenido chicas de 17 hasta 43 años”.

Cecilia Balam, lleva seis años siendo acompañante, no lo hace de tiempo completo, y desde la despenalización ha atendido a 15 mujeres, del poblado Othón P. Blanco y de lugares cercanos como Bacalar.

Los Servicios Estatales de Salud identifican el norte de Quintana Roo como la region con más solicitudes de aborto, destacando los municipios de Benito Juárez y Solidaridad que registran la mayoría de abortos legales (en total 10).

En opinión de Vanesa González, de la organización DAS de Cancún, “la despenalización no alteró dramáticamente el número de acompañamientos que brindamos, se mantiene bastante igual. Eso de que con la despenalización miles iban a salir a abortar, la verdad es que es sólo fantasía de los antiderechos. La realidad es que las mujeres prefieren no abortar, es decir, no se embarazan a propósito para pasar por un aborto. La cifra de abortos que solemos acompañar son en promedio 100 por mes en todo el estado. Aclarando que no tenemos gran difusión al respecto”.

Silvia Chuc explicó la importancia de modificar la Ley de Salud para garantizar el acceso seguro al aborto. “Nuestro trabajo ha sido impulsarlo, trabajar la iniciativa y hacer lobby con algunos diputados y diputadas. Sin embargo, a pesar de que el Congreso local cambió el Código Penal, pues no todos están a favor”.

A casi un año de cumplirse la despenalización del aborto en esta entidad, las colectivas perciben menos miedo cuando alguna mujer les escribe para preguntarles por el aborto, pero no es suficiente, indicaron que faltan políticas públicas por parte de la Secretaría de Salud que favorezcan el acceso al aborto.


Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.



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