/ jueves 8 de abril de 2021

En primera adquisición con UNOPS, la 4T compró solo un tercio de medicinas

Reconocen que un alto número de claves fueron declaradas desiertas

En la primera compra que hizo el Gobierno federal, acompañado de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), sólo pudo adquirir 36 por ciento de todos los medicamentos que requería el sistema de salud en México para cubrir la demanda del segundo semestre de 2019 y el año 2020.

Al presentar un balance de los ocho cuadros básicos que se compraron en la primera licitación pública internacional, la UNOPS y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) relatan que de tres mil 90 claves sólo se compró 36 por ciento de los medicamentos a un costo de siete mil 869 millones de pesos, de un total de 14 mil 473 millones que se tenía como presupuesto.

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En el documento del acuerdo entre la UNOPS y el Insabi se reconoce que “un alto número de claves fueron declaradas desiertas debido a que, entre otros, no se presentaron proveedores al proceso, o lo hicieron a precios mayores a los de referencia”, en gran medida por la declaratoria de la pandemia.

La licitación LA-012000991-E82-2019 dio como resultado “una adjudicación de 36 por ciento de las claves licitadas correspondientes a 54 por ciento del presupuesto referencial (siete mil 869 millones de pesos). Vale la pena hacer notar que esta licitación no contempló la distribución de medicamentos”, dice el documento.

La UNOPS y el Insabi aseguran que a partir de esa experiencia se elaboró “una serie de lecciones aprendidas y recomendaciones de mejora” con la idea de crear una estrategia planificada de compra.

En su análisis de lo sucedido, el Insabi informó que hubo problemas en las fases de evaluación de propuestas porque los plazos fueron limitados para el análisis de información legal, administrativa y técnica. Agregó que el mecanismo utilizado no considera un método para subsanar consultas durante la evaluación y tampoco permite el “proceso de negociación” de medicamentos e insumos. En la última fase del proceso, la emisión y gestión de los contratos fue delegada a cada institución del sistema público de salud.

En la primera compra que hizo el Gobierno federal, acompañado de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), sólo pudo adquirir 36 por ciento de todos los medicamentos que requería el sistema de salud en México para cubrir la demanda del segundo semestre de 2019 y el año 2020.

Al presentar un balance de los ocho cuadros básicos que se compraron en la primera licitación pública internacional, la UNOPS y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) relatan que de tres mil 90 claves sólo se compró 36 por ciento de los medicamentos a un costo de siete mil 869 millones de pesos, de un total de 14 mil 473 millones que se tenía como presupuesto.

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En el documento del acuerdo entre la UNOPS y el Insabi se reconoce que “un alto número de claves fueron declaradas desiertas debido a que, entre otros, no se presentaron proveedores al proceso, o lo hicieron a precios mayores a los de referencia”, en gran medida por la declaratoria de la pandemia.

La licitación LA-012000991-E82-2019 dio como resultado “una adjudicación de 36 por ciento de las claves licitadas correspondientes a 54 por ciento del presupuesto referencial (siete mil 869 millones de pesos). Vale la pena hacer notar que esta licitación no contempló la distribución de medicamentos”, dice el documento.

La UNOPS y el Insabi aseguran que a partir de esa experiencia se elaboró “una serie de lecciones aprendidas y recomendaciones de mejora” con la idea de crear una estrategia planificada de compra.

En su análisis de lo sucedido, el Insabi informó que hubo problemas en las fases de evaluación de propuestas porque los plazos fueron limitados para el análisis de información legal, administrativa y técnica. Agregó que el mecanismo utilizado no considera un método para subsanar consultas durante la evaluación y tampoco permite el “proceso de negociación” de medicamentos e insumos. En la última fase del proceso, la emisión y gestión de los contratos fue delegada a cada institución del sistema público de salud.

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