Como un golpe a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes), considera el Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF), pagar un reparto de utilidades equivalente a tres meses. Esta medida afectará a más de 4.9 millones de negocios, afirmó su presidente, Armando Leñero Llaca.
Subraya que mientras en otros países se reducen los impuestos a las empresas, como una medida para atraer inversión y generar empleo post-pandemia, México cobra uno de los impuestos sobre la renta más elevados y forzará el pago de un reparto de utilidades (PTU) con un tope.
Manifestó el especialista en asuntos laborales que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en México es de 30%, además de otro impuesto de 10% a los dividendos y se los incrementan a las que menos posibilidades tienen, en términos de recursos para cubrir esta prestación.
Afirmó: “Esto acorrala a las empresas a moverse a la informalidad o dejar de trabajar porque no les alcanzan los recursos”. Y recordó que “México es un mercado donde 4.9 millones de los negocios son MiPyMes y poco más de un millón de esos establecimiento desaparecieron por la pandemia, según cifras del INEGI”.
Sostuvo que además de contrarrestar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, “resulta que el gobierno no da a cambio una prestación de servicios públicos eficientes y tampoco genera otro tipo de estímulos fiscales”.
En su opinión, el problema de fondo es que imponen este pago de PTU como el canal para pasar directo a eliminar la subcontratación, que es lo que debería evitarse a toda costa, por los empleos formales que se generar a través de este esquema, cuando se actúa en la legalidad y, se perderían.
Señaló que no medir las consecuencias de este esquema habla de la escasa representatividad e interés de organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que tiene en las micro y pequeñas empresas en el país, la generación de más del 70% del empleo.
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Y enfatizó que es fundamental comprender que sí bien algunas firmas que ofrecen servicios de subcontratación han actuado de forma ilegal respecto al reparto de utilidades, las leyes son claras sobre cómo actuar.
“Tener que cubrir un costo más alto en PTU, implica más regulación, complicación y confusión entre empresarios que están a punto de “tirar la toalla”, por las pérdidas y los altos costos que deben cubrir”, dijo el presidente del CEEF.
