/ miércoles 11 de agosto de 2021

Escuelas privadas dejan mesa de diálogo con el Gobierno sobre certificación

La NOM impulsada por la Secretaría de Economía busca regular y certificar la calidad del servicio de las escuelas particulares

Las universidades y las escuelas particulares abandonaron de la mesa de diálogo con la Secretaría de Economía que se había instalado para construir la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-237-SE-2020 que busca regular y certificar la calidad de servicios de las escuelas particulares.

Las organizaciones de escuelas particulares representadas en la Alianza de Colegios Multiculturales de México, la Alianza para la Educación Superior, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP y la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) anunciaron que se levantaron de la mesa por considerar que esa certificación incrementará el costo de la educación particular.

“Traerá como consecuencia costos adicionales de operación para la educación particular, lo que afectará los bolsillos de las familias y desaparecerá a las escuelas particulares más pequeñas, además de crear un negocio millonario para unas cuantas empresas certificadoras”.

El proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-237-SE-2020, elaborado por la dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, tiene por objetivo regular los servicios que brindan las escuelas particulares para evitar que abusen o efectúen cobros excesivos sin aparente justificación, “consideramos que de ser aprobado generará una sobrerregulación” dijeron los directivos de las escuelas.

Contrario a lo manifestado públicamente por Jesús Cantú, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, el proceso que él denomina como de construcción de la NOM 237, dista mucho de ser “participativo”, “inclusivo” y “de atención e incorporación” de las preocupaciones de los prestadores de servicios educativos, indicaron desde instituciones particulares.

Representantes de instituciones educativas privadas señalaron que la certificación encarecerá sus servicios. / Foto: Cuartoscuro

Los representantes del gobierno Federal que participan en ese proceso: la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Economía y el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), así como asesores externos del gobierno, “han marginado la participación de quienes representamos a instituciones particulares, han coartado nuestra libertad de expresión, haciendo uso hostil e intransigente de su calidad de autoridad y han restringido la posibilidad de diálogo cuando se expresa algo contrario a lo que es su interés escuchar, hasta el punto de expulsar sin razón o justificación, a representantes de las escuelas particulares, y haciendo gala del autoritarismo cancelándoles la transmisión”, denunciaron en conferencia de prensa.

Indicaron que pese a que fueron invitados a ser parte del proceso, como dictan las reglas de normalización, su participación “ha sido de convidados de piedra, porque no sólo no se toman en cuenta nuestras aportaciones y señalamientos sobre la gravedad que enmarcan los criterios impulsados, sino que se nos calla de forma arbitraria y se nos hizo firmar un documento de confidencialidad para que ninguno de los asistentes pudiéramos dar a conocer nuestros desacuerdos por la forma como lo están realizando”.

A todo ello denunciaron que hay irregularidades procedimentales, puesto que al término de cada una de las sesiones plenarias que se han desarrollado, no se han compartido las minutas y la autoridad insiste en denominarlas como acuerdos, a pesar de no serlo porque no incluyen su oposición.

“No queremos dejar de señalar que para participar en las reuniones de trabajo fuimos obligados a firmar un convenio de confidencialidad y un código de ética que nos amordaza para no compartir abiertamente todas las irregularidades inherentes a la NOM-237 y que han sido expuestas por todas las asociaciones, organizaciones, federaciones e instituciones, tanto en los comentarios enviados en respuesta a la consulta pública, así como en el Grupo de Trabajo”.

Insistieron que la escuela particular está normada en la Ley General de Educación (LGE) y la Ley General de Educación Superior (LEGS), cuyo cumplimiento es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En consecuencia, la Secretaría de Economía (SE) y la Profeco carecen de facultades para emitir normas en materia educativa.

“Es decir, toda supervisión y sanciones que cometan las instituciones educativas particulares están estipuladas en la Ley General de Educación. Por lo tanto, no tienen por qué duplicar supervisiones ni sanciones a través de una norma emitida por una autoridad que carece de facultades y que la Ley de Protección al Consumidor le prohíbe”.

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Las organizaciones anunciaron su “decisión de abandonar dicho Grupo de Trabajo para seguir enfocando nuestros esfuerzos en lo que hacemos y a lo que nos dedicamos: impartir educación y preparar el regreso a clases en puerta”.

Insistieron que es momento de apoyar al sector educación, no de sobre regularlo y hacer negocio con certificaciones fuera del marco de la Ley General de Educación.

Las universidades y las escuelas particulares abandonaron de la mesa de diálogo con la Secretaría de Economía que se había instalado para construir la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-237-SE-2020 que busca regular y certificar la calidad de servicios de las escuelas particulares.

Las organizaciones de escuelas particulares representadas en la Alianza de Colegios Multiculturales de México, la Alianza para la Educación Superior, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP y la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) anunciaron que se levantaron de la mesa por considerar que esa certificación incrementará el costo de la educación particular.

“Traerá como consecuencia costos adicionales de operación para la educación particular, lo que afectará los bolsillos de las familias y desaparecerá a las escuelas particulares más pequeñas, además de crear un negocio millonario para unas cuantas empresas certificadoras”.

El proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-237-SE-2020, elaborado por la dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, tiene por objetivo regular los servicios que brindan las escuelas particulares para evitar que abusen o efectúen cobros excesivos sin aparente justificación, “consideramos que de ser aprobado generará una sobrerregulación” dijeron los directivos de las escuelas.

Contrario a lo manifestado públicamente por Jesús Cantú, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, el proceso que él denomina como de construcción de la NOM 237, dista mucho de ser “participativo”, “inclusivo” y “de atención e incorporación” de las preocupaciones de los prestadores de servicios educativos, indicaron desde instituciones particulares.

Representantes de instituciones educativas privadas señalaron que la certificación encarecerá sus servicios. / Foto: Cuartoscuro

Los representantes del gobierno Federal que participan en ese proceso: la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Economía y el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), así como asesores externos del gobierno, “han marginado la participación de quienes representamos a instituciones particulares, han coartado nuestra libertad de expresión, haciendo uso hostil e intransigente de su calidad de autoridad y han restringido la posibilidad de diálogo cuando se expresa algo contrario a lo que es su interés escuchar, hasta el punto de expulsar sin razón o justificación, a representantes de las escuelas particulares, y haciendo gala del autoritarismo cancelándoles la transmisión”, denunciaron en conferencia de prensa.

Indicaron que pese a que fueron invitados a ser parte del proceso, como dictan las reglas de normalización, su participación “ha sido de convidados de piedra, porque no sólo no se toman en cuenta nuestras aportaciones y señalamientos sobre la gravedad que enmarcan los criterios impulsados, sino que se nos calla de forma arbitraria y se nos hizo firmar un documento de confidencialidad para que ninguno de los asistentes pudiéramos dar a conocer nuestros desacuerdos por la forma como lo están realizando”.

A todo ello denunciaron que hay irregularidades procedimentales, puesto que al término de cada una de las sesiones plenarias que se han desarrollado, no se han compartido las minutas y la autoridad insiste en denominarlas como acuerdos, a pesar de no serlo porque no incluyen su oposición.

“No queremos dejar de señalar que para participar en las reuniones de trabajo fuimos obligados a firmar un convenio de confidencialidad y un código de ética que nos amordaza para no compartir abiertamente todas las irregularidades inherentes a la NOM-237 y que han sido expuestas por todas las asociaciones, organizaciones, federaciones e instituciones, tanto en los comentarios enviados en respuesta a la consulta pública, así como en el Grupo de Trabajo”.

Insistieron que la escuela particular está normada en la Ley General de Educación (LGE) y la Ley General de Educación Superior (LEGS), cuyo cumplimiento es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En consecuencia, la Secretaría de Economía (SE) y la Profeco carecen de facultades para emitir normas en materia educativa.

“Es decir, toda supervisión y sanciones que cometan las instituciones educativas particulares están estipuladas en la Ley General de Educación. Por lo tanto, no tienen por qué duplicar supervisiones ni sanciones a través de una norma emitida por una autoridad que carece de facultades y que la Ley de Protección al Consumidor le prohíbe”.

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