/ domingo 29 de marzo de 2020

FGR, Segob y CFE, bajo la lupa por violar derechos de indígenas

Hasta el momento ningún caso se ha judicializado y no se ha impuesto alguna sanción a los responsables

Desde el 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició 25 carpetas de investigación contra servidores públicos por infringir derechos de maternidad, no brindar servicio de hospitalización, prestar indebidamente el servicio público, omisiones contrarias a la administración de justicia, y retardar o entorpecer la función de investigación o procuración de justicia en contra de personas indígenas, sin que hasta el momento algún caso se haya judicializado o impuesto sanción alguna.

De acuerdo con información obtenida a través de transparencia, en las investigaciones iniciadas por la CNDH se menciona la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, la Semarnat, la FGR, Segob, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como los gobiernos de Chiapas y Estado de México, e incluso la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes, desde su ámbito, han violentado los derechos de las comunidades indígenas.

El informe refiere que, en el 2019, último año de Luis Raúl González Pérez al frente de la CNDH, se iniciaron 25 carpetas de investigación por denuncias de violaciones a derechos humanos en contra de personas indígenas, de las cuales solo 13 permanecen en investigación y el resto fueron concluidas por desistimiento, no existir materia, o por decisión de la autoridad responsable.

Además, se destaca que también se emitieron 34 medidas cautelares dirigidas a diversas autoridades federales y estatales por desplazamientos forzados, amenazas, desapariciones y agresiones a comunidades indígenas, sin que hasta el momento —ya en la administración de Rosario Piedra Ibarra— se haya informa- do del avance al respecto.

Entre los casos reportados por la dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia de la CNDH, está el iniciado el 20 de mayo de 2015 en Michoacán, en el que se acusa a la CFE y la Conagua de faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, así como omitir prestar el servicio en materia de electricidad, suspender, retrasar o brindar deficientemente los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en prejuicio de comunidades indígenas. Otro es el que se inició el 11 de septiembre de 2019 en Veracruz, donde se señala a la Fiscalía General de la República (FGR) por acciones y omisiones que transgreden los derechos de los indígenas, faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones.

Según datos del Inegi, en el país hay 12 millones 25 mil 947 personas indígenas, quienes representan 10.1 por ciento de la población total. De ellas, 4 millones 623 mil 197 no hablan una lengua indígena y 7 millones 387 mil 341 son mayores de 3 años hablantes de lenguas indígenas.

La CNDH señala que en 2019 las quejas más recurrentes fueron de las etnias: totonaca, náhuatl, huichol, otomíes, triki, tzotzil, tlapaneca, zapoteca, mixteca, mayo, ikoot, mazateco, raramuri y tzeltal.

Además, pide al gobierno federal adopte medidas que garanticen el derecho al más alto nivel posible de salud para las personas con discapacidad, habitantes de comunidades indígenas o rurales.

Propone, asimismo, que el sector salud realice a este sector de la población los diagnósticos oportunamente, con atención adecuada, intervención efectiva y canalización eficiente, para que no experimenten deterioros derivados de la prestación insuficiente o negligente del servicio de salud.

Alberto Manuel Athié Gallo, quien fungía como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que renunció a dicho cargo tras la llegada de Rosario Piedra, sostiene que el organismo nacional perdió su autonomía.

El activista señaló que la CNDH debe tener la fuerza y autonomía para investigar las presuntas violaciones de derechos por parte de autoridades, no sólo las de gobiernos en el pasado, sino también del actual, y eso es lo que está en juego.

“Las violaciones de derechos humanos no sólo son cosa del pasado, están sucediendo hoy, en este momento. La Comisión de los Derechos Humanos debería atender los pendientes del pasado, incluso algunos deberían de hacerse ante instancias internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana o la OEA, y formar comisiones permanentes”, dijo.

Desde el 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició 25 carpetas de investigación contra servidores públicos por infringir derechos de maternidad, no brindar servicio de hospitalización, prestar indebidamente el servicio público, omisiones contrarias a la administración de justicia, y retardar o entorpecer la función de investigación o procuración de justicia en contra de personas indígenas, sin que hasta el momento algún caso se haya judicializado o impuesto sanción alguna.

De acuerdo con información obtenida a través de transparencia, en las investigaciones iniciadas por la CNDH se menciona la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, la Semarnat, la FGR, Segob, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como los gobiernos de Chiapas y Estado de México, e incluso la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes, desde su ámbito, han violentado los derechos de las comunidades indígenas.

El informe refiere que, en el 2019, último año de Luis Raúl González Pérez al frente de la CNDH, se iniciaron 25 carpetas de investigación por denuncias de violaciones a derechos humanos en contra de personas indígenas, de las cuales solo 13 permanecen en investigación y el resto fueron concluidas por desistimiento, no existir materia, o por decisión de la autoridad responsable.

Además, se destaca que también se emitieron 34 medidas cautelares dirigidas a diversas autoridades federales y estatales por desplazamientos forzados, amenazas, desapariciones y agresiones a comunidades indígenas, sin que hasta el momento —ya en la administración de Rosario Piedra Ibarra— se haya informa- do del avance al respecto.

Entre los casos reportados por la dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia de la CNDH, está el iniciado el 20 de mayo de 2015 en Michoacán, en el que se acusa a la CFE y la Conagua de faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, así como omitir prestar el servicio en materia de electricidad, suspender, retrasar o brindar deficientemente los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en prejuicio de comunidades indígenas. Otro es el que se inició el 11 de septiembre de 2019 en Veracruz, donde se señala a la Fiscalía General de la República (FGR) por acciones y omisiones que transgreden los derechos de los indígenas, faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones.

Según datos del Inegi, en el país hay 12 millones 25 mil 947 personas indígenas, quienes representan 10.1 por ciento de la población total. De ellas, 4 millones 623 mil 197 no hablan una lengua indígena y 7 millones 387 mil 341 son mayores de 3 años hablantes de lenguas indígenas.

La CNDH señala que en 2019 las quejas más recurrentes fueron de las etnias: totonaca, náhuatl, huichol, otomíes, triki, tzotzil, tlapaneca, zapoteca, mixteca, mayo, ikoot, mazateco, raramuri y tzeltal.

Además, pide al gobierno federal adopte medidas que garanticen el derecho al más alto nivel posible de salud para las personas con discapacidad, habitantes de comunidades indígenas o rurales.

Propone, asimismo, que el sector salud realice a este sector de la población los diagnósticos oportunamente, con atención adecuada, intervención efectiva y canalización eficiente, para que no experimenten deterioros derivados de la prestación insuficiente o negligente del servicio de salud.

Alberto Manuel Athié Gallo, quien fungía como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que renunció a dicho cargo tras la llegada de Rosario Piedra, sostiene que el organismo nacional perdió su autonomía.

El activista señaló que la CNDH debe tener la fuerza y autonomía para investigar las presuntas violaciones de derechos por parte de autoridades, no sólo las de gobiernos en el pasado, sino también del actual, y eso es lo que está en juego.

“Las violaciones de derechos humanos no sólo son cosa del pasado, están sucediendo hoy, en este momento. La Comisión de los Derechos Humanos debería atender los pendientes del pasado, incluso algunos deberían de hacerse ante instancias internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana o la OEA, y formar comisiones permanentes”, dijo.

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