Con el objetivo de promover políticas para la inclusión e integración en México de la población migrante, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) hizo un llamado al Estado Mexicano para garantizar sus derechos de y protección internacional.
De acuerdo con datos de la Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR) se estima que al finalizar el 2021 se espera recibir 100 mil solicitudes de asilo, lo que significaría una cifra histórica.
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Mientras que, la Policía Migratoria ha registrado, hasta el mes de julio, un total de 117 mil 052 eventos de detención migratoria, lo que representa un 42% más que el total de detenciones de 2020.
Por su parte, Estados Unidos continúa con su política de expulsión de personas migrantes a nuestro territorio, bajo el argumento de mantener las medidas sanitarias frente a la pandemia de Covid-19.
Lo anterior sumado a la posibilidad de reactivar el programa ‘Quédate en México”, que obliga a miles de solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos en la frontera norte mexicana, exponen los Organismos Públicos de Derechos Humanos.
Este contexto es tan solo una muestra de las situaciones que abonan a la crisis que se está viviendo en el país y que ha obligado a cientos de personas, como hemos visto en los últimos días a movilizarse hacia otras ciudades del país, para buscar soluciones a su situación jurídica, económica y social, en la que se ha observado una vulneración de sus derechos.
Ante los acontecimientos recientes en torno a personas en contextos de movilidad que se encuentran en la frontera sur, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos externó su preocupación por el excesivo uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración.
Las agresiones hacia defensores y periodistas que están monitoreando y acompañando a la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos; y la dilación en los procedimientos de solicitud de asilo y regularización migratoria orillan a las personas a vivir en condiciones precarias provocando la segregación económica y social, narran.
Exigen a gobiernos garantizar los Derechos Humanos
Exigen a los gobiernos federales, gobiernos locales y demás autoridades relacionadas en el tema, a considerar que vivimos una de las crisis humanitarias más graves a nivel mundial, la cual se ha agudizado por la pandemia por el nuevo virus Covid-19.
La agenda de migración y protección internacional requieren que los Estados prioricen en sus políticas de Estado los principios de solidaridad y de cooperación internacional para humanizar la gobernanza de la movilidad internacional, añaden.
Asimismo, plantean retomar los principios de la Resolución 4/19 aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de Todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas, que particularmente destaca que los movimientos migratorios requieren formas de protección diferenciada e individualizada.
Demandan considerar aquellas experiencias locales identificadas como buenas prácticas como ejemplos para la atención, así como línea base para abonar a la construcción de propuestas integrales con enfoque de derechos y de forma intersectorial e intersecretarial.
También establecer mecanismos de coordinación entre la federación, los estados y los municipios para garantizar condiciones dignas en los albergues y lugares habilitados para la estancia de personas en contextos de movilidad, atendiendo a las diversas condicionantes que agravan su situación de vulnerabilidad.
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Garantizar el acceso a oportunidades laborales, a la salud y educación de quienes se vean en la necesidad de tener una estancia prolongada en nuestro país, generar mesas de trabajo para la construcción interdisciplinaria de políticas públicas que den atención de fondo a la crisis migratoria que actualmente se vive, insisten.
Reiteran su compromiso con la protección y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como para el trabajo conjunto y contribuir al análisis y construcción de políticas públicas integrales dirigidas a garantizar los derechos de estos grupos de población y promover su inclusión e integración en México y la región.
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