Las ráfagas de las armas de fuego se escuchan de manera intermitente, es como si arreciara la lluvia, pero en lugar de agua es el metal de las balas y los casquillos que caen al piso. Este es el escenario de un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional (GN) y personas armadas la madrugada del 17 de diciembre de 2019 en Irapuato, Guanajuato, que al finalizar tendrá un saldo de siete pistoleros y un solo agente muerto. Cinco meses después en Valparaíso, Zacatecas, el ambiente es similar con el deceso de cinco civiles armados y dos uniformados heridos.
Ambas tramas y sus actores forman parte de 239 enfrentamientos entre agentes de la GN y civiles armados desde del 1 de julio de 2019, cuando entró en funciones la corporación, hasta el 30 de septiembre de este año, según datos obtenidos mediante una solicitud de acceso a la información pública. En este lapso, los combates dejaron un saldo de 100 agresores civiles fallecidos –presuntamente delincuentes– y 30 heridos, lo que representa un índice de letalidad de 3.3 civiles armados asesinados por cada herido.
De acuerdo con un manual del Comité Internacional de la Cruz Roja publicado en 2010, intitulado Cirugía de Guerra, la relación proporcional entre muertos y heridos en conflictos armados modernos suele ser aproximadamente 1:4, es decir, que por cada persona muerta hay una media de cuatro heridos. Pero en los combates de la Guardia Nacional ocurre al revés: mata más gente que la que hiere.
No sólo esto. Mientras los muertos civiles llegan al centenar, en las filas de este cuerpo de seguridad creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador la cifra mortuoria es apenas de 15 elementos. Esto significa que por cada elemento de la GN muerto, los enfrentamientos dejaron entre seis y siete civiles armados sin vida.
Aunque el presidente López Obrador ha señalado que la violencia no se puede combatir con la violencia, y en su discurso habla de una política de “abrazos, no balazos”, los datos oficiales muestran que en los hechos la Guardia Nacional es tan letal como lo fueron las fuerzas armadas (Ejército y Marina) durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador en ciberseguridad y en seguridad pública del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), quien ha dado seguimiento al tema de enfrentamientos de la Guardia Nacional, explica que estos se clasifican en tres categorías.
“Puede haber un choque entre elementos de la GN y manifestantes pacíficos, o una manifestación pacífica que se torna en una manifestación de alta peligrosidad. Entonces, tiene sentido y se tiene que hacer el uso de la fuerza. La segunda es el enfrentamiento con la micro criminalidad organizada, que realiza robos, hurtos, etcétera. El último es la parte del combate frontal, con la parte de grupos del crimen organizado”, señala.
En cuanto a la letalidad de este cuerpo, el especialista considera que no se puede generalizar que en todos los enfrentamientos hubo la aplicación de uso excesivo de la fuerza por parte la GN, pues existe una variación. Durante su investigación han seleccionado casos representativos en los que encontraron que hay una aplicación de uso de la fuerza con apego a los derechos humanos, incluso cuando es combate de fuerza letal con fuerza letal, y otros casos en donde no.
“Lo encontramos en el enfrentamiento en Aguililla, Michoacán, cuando se dio el operativo para la captura de la Catrina (sicaria del Cártel Jalisco Nueva Generación). Y a inicios del año pasado encontramos casos donde se hace uso excesivo de la fuerza, donde incluso se llegan a tocar casos como ejecución extrajudicial. Esto pasó con un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y la Tropa del Infierno en Nuevo Laredo, Tamaulipas”, destaca.
Las muertes de civiles armados se concentran en cinco entidades: Guanajuato, con 39; Zacatecas, con 16; Michoacán, con 15; Jalisco y Sonora, con siete cada uno.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), responsable de la información, indica que los enfrentamientos “son el resultado de eventos en donde integrantes de la institución hacen uso legítimo de la fuerza con el propósito de repeler una agresión realizada por personas que probablemente son integrantes de la delincuencia organizada, así como de aquellos donde fueron atacados sin poder repeler la agresión”.
Durante su tercer informe de gobierno, el presidente López Obrador aseguró que llevará tiempo pacificar el país, pero que el problema de seguridad no se combatirá con violencia. “Aún con el problema de seguridad que enfrentamos, no hemos caído en enfrentar la violencia con violencia. Podrá llevarnos tiempo el pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender las causas que llevan a la delincuencia”.
No obstante, los 239 eventos entre civiles armados y la GN muestran que en dos años y tres meses se ha registrado una refriega de balas en todo el territorio mexicano cada 3.4 días. Como resultado, la GN ha detenido apenas a 171 agresores.
En cuanto a la política de “abrazos, no balazos”, el investigador de CASEDE destaca que ésta queda fuera de la realidad de lo que ocurre en zonas de Michoacán, Tamaulipas o Guanajuato, que prácticamente se encuentran en guerra.
“Cuando vemos las imágenes de las comunidades estamos viendo un país en guerra o estamos viendo territorios completamente en guerra que no aplican en esta parte de la política de abrazos y no balazos. Y también es muy polémico porque precisamente con la presentación del tercer informe de gobierno, él (López Obrador) hablaba de que estaba conteniendo la violencia, pero las cifras del Secretariado Ejecutivo y de diferentes instituciones indican que hay un incremento en delitos de alto impacto”, subraya Aguilar Antonio.
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