/ martes 16 de abril de 2019

Habrá cinturón de seguridad de la Guardia Nacional en el Istmo

El nuevo cuerpo de seguridad, tendrá facultades para vigilar y detener a migrantes y extranjeros que no cumplan con las obligaciones que establece la Ley de Migración

El gobierno mexicano trabaja en el establecimiento de un cinturón de seguridad en el Istmo de Tehuantepec para detener a los migrantes que logren cruzar la frontera sur, a través del despliegue de la Guardia Nacional, confirmaron fuentes de Protección Civil Nacional.

El nuevo cuerpo de seguridad, según las leyes secundarias que lo norman, tendrá facultades para vigilar y detener a migrantes y extranjeros que no cumplan con las obligaciones que establece la Ley de Migración.

La Guardia Nacional podrá realizar, además, operativos carreteros en aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, parques, presas, ríos, espacios urbanos e inmuebles .

La pretensión del gobierno federal es de facultar a los más de 40 mil policías, militares y marinos para llevar a cabo revisiones en las carreteras y pedir documentos como parte de una nueva estrategia migratoria, es inconstitucional porque viola los derechos humanos, se discrimina y se podrían caer en detenciones arbitrarias, señalan especialistas.

Para Gretchen Kunher, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), tal como está planteada la iniciativa de Ley General de la Guardia Nacional, elaborada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo y el asesor jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, se está tratando de facultar a la guardia para controles migratorios carreteros.

“Algo parecido a El Plan Frontera Sur, implementado por el presiente Enrique Peña Nieto en 2014, y que dejó cientos de personas agrícolas e indígenas detenidas y deportadas”, señala en entrevista Kunher.

Fuente: SEGOB / Gráfico: Luis Calderón Guerra

Señala que el Plan Frontera Sur en el que participó la Secretaría de Marina, trataron de bajar a las personas de los trenes con varias tácticas, que iban más rápido, construyeron paredes en las entradas y por ello se dejó de usar tanto el tren durante un tiempo.

“Me imagino que por eso se pone énfasis en las carreteras, y si bien el Instituto Nacional de Migración puede pedir auxilio a otras autoridades, no puede llevar a cabo el acto en sí, el de hacer revisiones ni pedir documentos migratorios, no veo cómo va a funcionar esto”, alertó.

De acuerdo a la iniciativa de Ley General de la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo policial prestará apoyo al INM para verificar que los extranjeros residentes en territorio nacional cumplan con las obligaciones que establece la ley migratoria, como lo es el apoyar en el aseguramiento que realice el INM y en su caso, resguardar dentro de las instalaciones migratorias permitidas a los extranjeros que violen la ley.

Esto a decir de Gretchen Kunher, es arbitrario, ya que no hay forma de subirte a un autobús y saber quién es migrante y quién no, y bajo la Constitución ninguna autoridad puede preguntar a un mexicano su situación migratoria.

En este sentido, afirma que la pretensión que crear un cinturón de seguridad en el Istmo, es una táctica que se ha considerado en varias administraciones dentro de nuestro país y que nunca se ha concretado por diversas razones.

El gobierno mexicano trabaja en el establecimiento de un cinturón de seguridad en el Istmo de Tehuantepec para detener a los migrantes que logren cruzar la frontera sur, a través del despliegue de la Guardia Nacional, confirmaron fuentes de Protección Civil Nacional.

El nuevo cuerpo de seguridad, según las leyes secundarias que lo norman, tendrá facultades para vigilar y detener a migrantes y extranjeros que no cumplan con las obligaciones que establece la Ley de Migración.

La Guardia Nacional podrá realizar, además, operativos carreteros en aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, parques, presas, ríos, espacios urbanos e inmuebles .

La pretensión del gobierno federal es de facultar a los más de 40 mil policías, militares y marinos para llevar a cabo revisiones en las carreteras y pedir documentos como parte de una nueva estrategia migratoria, es inconstitucional porque viola los derechos humanos, se discrimina y se podrían caer en detenciones arbitrarias, señalan especialistas.

Para Gretchen Kunher, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), tal como está planteada la iniciativa de Ley General de la Guardia Nacional, elaborada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo y el asesor jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, se está tratando de facultar a la guardia para controles migratorios carreteros.

“Algo parecido a El Plan Frontera Sur, implementado por el presiente Enrique Peña Nieto en 2014, y que dejó cientos de personas agrícolas e indígenas detenidas y deportadas”, señala en entrevista Kunher.

Fuente: SEGOB / Gráfico: Luis Calderón Guerra

Señala que el Plan Frontera Sur en el que participó la Secretaría de Marina, trataron de bajar a las personas de los trenes con varias tácticas, que iban más rápido, construyeron paredes en las entradas y por ello se dejó de usar tanto el tren durante un tiempo.

“Me imagino que por eso se pone énfasis en las carreteras, y si bien el Instituto Nacional de Migración puede pedir auxilio a otras autoridades, no puede llevar a cabo el acto en sí, el de hacer revisiones ni pedir documentos migratorios, no veo cómo va a funcionar esto”, alertó.

De acuerdo a la iniciativa de Ley General de la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo policial prestará apoyo al INM para verificar que los extranjeros residentes en territorio nacional cumplan con las obligaciones que establece la ley migratoria, como lo es el apoyar en el aseguramiento que realice el INM y en su caso, resguardar dentro de las instalaciones migratorias permitidas a los extranjeros que violen la ley.

Esto a decir de Gretchen Kunher, es arbitrario, ya que no hay forma de subirte a un autobús y saber quién es migrante y quién no, y bajo la Constitución ninguna autoridad puede preguntar a un mexicano su situación migratoria.

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