/ domingo 19 de julio de 2020

Ilegal, control del Ejército en puertos y aduanas

Va contra ordenamientos constitucionales, aseguran legisladores de oposición

Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el viernes que las Fuerzas Armadas resguardarán los puertos marítimos y las aduanas del país, legisladores de oposición señalaron que esto va en contra de los ordenamientos constitucionales para los que fueron creados la Armada de México y el Ejército, pues el Articulo 129 estipula que en tiempos de paz “ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

No obstante, el presidente López Obrador sostuvo que pondrá al Ejército y a la Marina a gobernar los puertos y las aduanas para extinguir la corrupción y ponerle un alto al tráfico de drogas por esos accesos.

El presidente dijo durante su gira por el Puerto de Manzanillo en Colima: “tomé la decisión de que las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, lo mismo en el caso de puertos”.

Pero ante esta declaración, la legisladora de Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Martha Tagle, señaló a este rotativo que darle atribuciones a las secretarías de Marina y Defensa Nacional no sólo para vigilar, sino también para controlar administrativamente los puertos son acciones que están “fuera de su naturaleza jurídica”.

La diputada dijo que “no hay ningún acuerdo publicado para conocer los alcances de esa instrucción ni sus fundamentos legales”, por lo que apuntó que el Ejecutivo tiene que detallar al Congreso estas acciones. Pues recordó que, aunque el Ejército ya realiza tareas de vigilancia en puertos, aeropuertos y aduanas, se debe conocer cómo van a operar administrativamente.

Subrayó que se debe saber si esta instrucción contraviene lo que establece el Artículo 129 de la Constitución.

Por su parte, la perredista Verónica Juárez Piña, lideresa de ese grupo parlamentario e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, consideró que el presidente de la República, ante cualquier deficiencia o problema, antes de fortalecer a las autoridades civiles y mejorar la coordinación entre la federación y los estados, está recurriendo a las Fuerzas Armadas, lo que no conviene al país.


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Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el viernes que las Fuerzas Armadas resguardarán los puertos marítimos y las aduanas del país, legisladores de oposición señalaron que esto va en contra de los ordenamientos constitucionales para los que fueron creados la Armada de México y el Ejército, pues el Articulo 129 estipula que en tiempos de paz “ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

No obstante, el presidente López Obrador sostuvo que pondrá al Ejército y a la Marina a gobernar los puertos y las aduanas para extinguir la corrupción y ponerle un alto al tráfico de drogas por esos accesos.

El presidente dijo durante su gira por el Puerto de Manzanillo en Colima: “tomé la decisión de que las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, lo mismo en el caso de puertos”.

Pero ante esta declaración, la legisladora de Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Martha Tagle, señaló a este rotativo que darle atribuciones a las secretarías de Marina y Defensa Nacional no sólo para vigilar, sino también para controlar administrativamente los puertos son acciones que están “fuera de su naturaleza jurídica”.

La diputada dijo que “no hay ningún acuerdo publicado para conocer los alcances de esa instrucción ni sus fundamentos legales”, por lo que apuntó que el Ejecutivo tiene que detallar al Congreso estas acciones. Pues recordó que, aunque el Ejército ya realiza tareas de vigilancia en puertos, aeropuertos y aduanas, se debe conocer cómo van a operar administrativamente.

Subrayó que se debe saber si esta instrucción contraviene lo que establece el Artículo 129 de la Constitución.

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