Este 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, también se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Sin embargo, en lo que va de 3 años de la actual administración federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han asesinado a 47 periodistas, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), sin que se tengan avances de la mayoría de estos casos y sin que haya respuesta de su gobierno a las demandas internacionales para que atienda esta situación.
Organizaciones internacionales en pro de los derechos de la prensa y los periodistas como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) o Reporteros Sin Fronteras, coinciden en que los asesinatos y violencia son un obstáculo para la libertad de expresión. Jorge Canahuati, presidente de la SIP, manifestó que la violencia se ve agravada “por los altos niveles de impunidad que rodean a la mayoría de los crímenes contra periodistas”.
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México actualmente ocupa el sexto lugar en materia de impunidad de asesinatos a periodistas, de acuerdo con el Índice Global del Comité de Protección a periodistas y, aunque el Estado mexicano creó, por recomendación de la ONU, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), el tema de la impunidad no se ha podido resolver.
Desde creación de FEADLE, 27 de 92 homicidios contra periodistas han sido tratados
La FEADLE desde 2010 hasta julio de este año, solo ha atraído 27 de 92 homicidios contra periodistas y únicamente logró 5 sentencias dentro de estos 27 casos de homicidios.
Esto significa que hay 65 homicidios de comunicadores que la FEADLE decidió no investigar, pues consideró que las muertes de los comunicadores no tuvieron relación con la actividad periodística.
Adicionalmente a esto, hay 14 periodistas desaparecidos en México desde hace 5 años, sin que existan avances en las investigaciones por estos casos, lo cual puede representar sin duda la omisión del Gobierno ante estos hechos.
Los estados donde más crímenes se cometen en contra de los comunicadores, según el último corte de Gobernación, realizado el 5 de octubre, son: Sonora (8), Guerrero (5), Veracruz (5), Michoacán (4), Estado de México (3) y Oaxaca (3). Pero a estas cifras hay que sumar los dos recientes asesinatos de Alfredo Cardoso en Acapulco, Guerrero y, de Fredy López Arévalo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Durante gobierno de AMLO, 93% de los casos no se investigan: RFS
Al inicio de su gobierno, el presidente López Obrador aseguró que uno de sus compromisos sería dar “justicia y protección” a los periodistas y que desarrollaría un ambicioso plan de seguridad. Pero a la mitad de su gobierno, no solo los delitos se incrementaron, sino que, la impunidad está creciendo.
Datos de la propia Segob señalan que en este gobierno, el 89% de los casos de asesinatos contra periodistas no se investigan, aunque RSF advierte que este indicador rebasa el 93%.
La violencia contra reporteros no es nueva, pero se está recrudeciendo, señalan las organizaciones y el actual gobierno falta a su palabra de garantizar seguridad.
Durante las dos anteriores presidencias de Felipe Calderón y Enrique Peña se cometieron en total 102 asesinatos y 14 desapariciones forzadas de periodistas. Ante esto, la organización RSF presentó una demanda ante La Haya para que se juzguen estos hechos en los que principalmente, acusan, Peña Nieto fue omiso.
Precisamente RSF y la organización civil Propuesta Cívica, presentaron desde 2019 una demanda ante La Haya por omisión a asesinatos contra periodistas, la cual será analizada en el Tribunal Popular de la Corte Penal Internacional que se instaló este mismo 2 de noviembre.
Babina Flores: “Una característica de este Gobierno en el tema de asesinatos de periodistas es el silencio…”
En entrevista con El Sol de México, Babina Flores, representante de RSF en México, subraya que también el gobierno del presidente López Obrador está omitiendo la atención de los asesinatos de periodistas y permite que la impunidad “se enquiste en el país”.
Asimismo, recordó que en el marco de la lucha contra crímenes perpetrados a periodistas y, ante la instalación del Tribunal Popular, el presidente debería de dar una respuesta ante la falta de castigo a quienes asesinan a reporteros.
Recordó que RSF, desde 2019, exigió al presidente López Obrador que atendiera sus reclamos de justicia y que acompañara su demanda en La Haya, pero a la fecha dijo que ningún funcionario se ha manifestado en torno a este tema.
“Le pedimos al Gobierno, directamente al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que enviará una respuesta a esta comunicación nuestra a la Corte Penal Internacional y hasta la fecha no ha habido ninguna reacción. El silencio dice demasiado y una característica de este Gobierno en el tema de asesinatos de periodistas es el silencio”, lamentó Balbina Flores.
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) considera que “sin cambios estructurales en este sentido, el 2 de noviembre deberá seguir siendo un día de lucha” para que no se olviden las vidas de los periodistas asesinados.
Ejemplos abundan, pero las autoridades solo ‘monitorean’ los asesinatos
Dentro de estos crímenes sin justicia está el de Edgar Esqueda Castro, periodista policiaco asesinado el 5 de octubre de 2017 en San Luis Potosí y que como en muchos otros casos, fue secuestrado y asesinado.
Edgar había sufrido amenazas por su trabajo hacía 5 meses atrás y, aunque denunció los hechos, ninguna medida cautelar le fue otorgada.
El asesinato más reciente en México de un periodista es del fotoperiodista Alfredo Cardoso, quien murió en un hospital de Acapulco, Guerrero, luego que había sido secuestrado y liberado posteriormente tras haber recibido 5 balazos en el cuerpo. Crimen, ante el cual, activistas exigen al Gobierno federal y estatal que se aclare su asesinato.
El jueves anterior, fue asesinado también el fotorreportero Fredy López Arévalo, en San Cristóbal de las Casas, frente a su domicilio.
Balbina Flores reprochó que desde que arribó la nueva administración, "en la Fiscalía General de la República (FGR), aunque se supone que es autónoma, no se están atrayendo los casos de periodistas asesinados” y únicamente se monitorean.
Resaltó que la FEADLE aunque fue creada como un órgano de la FGR para investigar los delitos a periodistas, no lo está haciendo y destaca los pobres números que tienen en materia de investigación y sentencias logradas: solo 37 carpetas abiertas y 5 sentencias.
Destaca que la autoridad federal no aclara si estas cifras son a nivel federal o estatal, pero supone que el gobierno las presenta de manera conjunta para engrosar el volumen, no obstante resalta que “son bajísimos sus números y eso significa que no están priorizando los asesinatos contra periodistas”.
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Subraya que estos casos se quedan en las fiscalías locales y aunque estos organismos de justicia están obligadas a implementar protocolos especiales de investigación, no siempre lo aplican y no se sabe qué ocurre con estos casos.
Ejemplificó que hay asesinatos que RSF acompaña para darles seguimiento, como el caso de Mario Gómez Sánchez, corresponsal de El Heraldo de Chiapas, ocurrido en 2018 en Yajalón, Chiapas y que a la fecha sigue sin avances el juicio ni tampoco la investigación del autor intelectual.
Gómez tenía protección de la autoridad por amenazas a su vida por su trabajo de informar, pero después se le retiraron y unos hombres armados le dispararon el 21 de septiembre cuando salió de su casa.
En abril del 2021 se detuvo a un cuarto sujeto presuntamente implicado en homicidio del reportero, en Cancún, Quintana Roo, pero a la fecha no se ha detenido a quien ordenó el asesinato.
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La representante de RSF concluye que todos estos elementos van construyendo la impunidad permanente en los asesinatos de periodistas. Ante lo cual, recomienda que no solo es importante que el Gobierno fortalezca el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en lo económico, sino también, en material humano, pues resalta que no es posible que existan sólo 39 personas en la estructura de este mecanismo para todo el país, cuando hay más de 1500 defensores y periodistas que reciben medidas de protección.
“No es suficiente el Mecanismo para un país con mucha violencia y sobre todo porque el propio Mecanismo ha detectado 5 regiones o estados donde la violencia contra la prensa es constante y no hay ahí una medida preventiva, sino reactiva”, concluyó la activista.
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