Con la reforma al Artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo en materia de reparto de utilidades, el monto destinado a esta prestación incrementará en 100 mil millones de pesos respecto a la cantidad que prevalece hasta este 2021, ya que pasó de 22 días promedio pagados a 57 días, que serán realidad a partir de 2022.
“Miles de trabajadores van a recibir por vez primera utilidades, al romperse la intermediación”, manifestó el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo, Alejandro Salafranca Vázquez en el webinar “Reforma en materia de Subcontratación, ¿qué sigue?
Subrayó que el monto a repartir pasará de 56 mil 120 millones de pesos a 157 mil millones de pesos, respecto a la situación actual en el reparto de utilidades.
De esta manera, el monto del reparto individual que es de siete mil 301 pesos, con el nuevo esquema se elevará a 18 mil 557 pesos, un incremento del 154% que se aplicará a partir de 2022, dijo el funcionario de la STPS, quien consideró como “una reforma importantísima”, esta del artículo 127 de la LFT.
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En cuanto a los plazos para la implementación de esta reforma laboral, la línea del tiempo es del 24 de abril en que entraron en vigor los cambios para la regularización de las plantillas laborales al 24 de mayo. Es decir, 30 días.
Para el Registro de las empresas especializadas el plazo es del 24 de abril al 1 de agosto próximo. Esto es, tienen 90 días para que las incluyan en el padrón. No hay prórroga, dijo Salafranca. El funcionario señaló también que se endurecieron las sanciones en caso de incumplimiento, pero no señaló los montos.
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Destacó que esta reforma es laboral cuya norma troncal es la Ley Federal del Trabajo (LFT). Para evitar simulación y defraudación fiscal, se homologaron los criterios del Código Fiscal, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con la Ley Federal del Trabajo, al igual que las leyes del Infonavit y del Seguro Social.
Asimismo, se reformó la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que en el gobierno federal ya no exista la subcontratación de personal, y se inició un proceso de diagnóstico en todas las dependencias de la administración pública para regularizar al personal subcontratado.
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