/ sábado 2 de mayo de 2020

Indígenas exigen información del coronavirus en su lengua

La comunidad zoque de Chiapas ganó un amparo para que se implementen las medidas de prevención ante la crisis sanitaria

El poblado de Nuevo Francisco León en Ocosingo, Chiapas es una zona rural en la que habitan indígenas zoques, donde el acceso a una línea telefónica o a internet es complicado y la llegada de agua es, tal cual, a cuenta gotas por lo que contagiarse de coronavirus se convierte en una sentencia de muerte.

Datos de la Secretaría de Gobernación indican que 784 indígenas se han sometido a pruebas para detectar SARS-CoV2, de las cuales 209 dieron positivo. Las entidades con mayor cantidad de personas con este diagnóstico se encuentran en Quintana Roo con 36, Ciudad de México con 27, Estado de México con 25 y Yucatán con 18.

Uno de estos casos se dio a principios de abril en “Nuevo Francisco León”. El enfermo terminó suicidándose, pero el problema para la comunidad zoque no terminó ahí, al contrario, inició.

Al principio los pobladores hicieron un llamado a las autoridades municipales y estatales, para el levantamiento del cadáver, pero al no haber acudido, fueron los mismos integrantes del ejido quienes manipularon el cuerpo para luego sepultarlo.

Después, conscientes del riesgo de que más casos por Covid-19 se dieran al interior de “Nuevo Francisco León” solicitaron ayuda de las autoridades. Aunque personal de la Secretaría de Salud estatal de Chiapas acudió, sólo fue para inspeccionar visualmente, indicando a los habitantes que tenían que resguardarse en sus domicilios, no permitir las entradas y salidas del poblado y que las personas que habían tenido contacto con el cuerpo del occiso, deberían estar bajo supervisión médica, lo cual no aconteció.

A partir de ese momento, los zoques de Ocosingo tomaron conciencia de que, al igual que la mayoría de las comunidades indígenas del país, carecen de la preparación y de infraestructura para afrontar la emergencia sanitaria.

Por la situación que se vive en “Nuevo Francisco León”, la jueza Minerva López Constantino ordenó establecer en lo inmediato a la comunidad las medidas preventivas destinadas a la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica el Covid-19.

Además se determinó que es imperativo identificar a quienes tuvieron contacto con la persona contagiada por el virus, a fin de que se les practiquen las pruebas correspondientes para conocer si fueron infectadas también y de ser así, se les brinde la atención médica necesaria para salvar su vida.

“Las autoridades responsables tendrán, bajo su más estricta responsabilidad, proceder de la forma que estimen pertinente para garantizar la salud y la vida de los pobladores, adoptando las medidas que correspondan para cada caso en particular, lo cual puede incluir la instalación de una unidad médica ambulatoria en la comunidad”, señala el resolutivo.

Incluso, la juzgadora ordenó suministrar agua potable por la cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos básicos de consumo humano de los pobladores de la comunidad, es decir, la cantidad de 50 litros diarios por cada habitante de un inmueble.

“De resultar necesario y dentro de las posibilidades con las que se cuente, las responsables deberán asegurar que, tanto las personas que habitan el poblado, como el personal médico o de asistencia que envíen para dar cumplimiento a la presente determinación, tengan los accesos básicos a telefonía e internet para comunicarse en caso de emergencia”, sentenció la jueza.

En este contexto, la Secretaría de Gobernación (Segob) enfatizó que si bien existen campañas de información en lenguas indígenas, la dependencia pugnó porque se refuercen las estrategias de pertinencia cultural de sana distancia y de cuidados en casa ante el Covid-19 en las comunidades.

Además, ha pedido que la colaboración armónica entre gobierno y sociedad, clave para el éxito de la estrategia frente a la epidemia, se logra precisamente cuando las autoridades trabajan para garantizar los derechos de todas y todos, tomando a los derechos humanos como aliados para enfrentar la pandemia.

Por último, la emergencia sanitaria demanda, dice la Segob, proteger de forma diferenciada a los grupos con mayores riesgos a consecuencia de la pandemia en situaciones de vulnerabilidad o de las violencias que el confinamiento pueda generar, debido a los contextos sociales.

El poblado de Nuevo Francisco León en Ocosingo, Chiapas es una zona rural en la que habitan indígenas zoques, donde el acceso a una línea telefónica o a internet es complicado y la llegada de agua es, tal cual, a cuenta gotas por lo que contagiarse de coronavirus se convierte en una sentencia de muerte.

Datos de la Secretaría de Gobernación indican que 784 indígenas se han sometido a pruebas para detectar SARS-CoV2, de las cuales 209 dieron positivo. Las entidades con mayor cantidad de personas con este diagnóstico se encuentran en Quintana Roo con 36, Ciudad de México con 27, Estado de México con 25 y Yucatán con 18.

Uno de estos casos se dio a principios de abril en “Nuevo Francisco León”. El enfermo terminó suicidándose, pero el problema para la comunidad zoque no terminó ahí, al contrario, inició.

Al principio los pobladores hicieron un llamado a las autoridades municipales y estatales, para el levantamiento del cadáver, pero al no haber acudido, fueron los mismos integrantes del ejido quienes manipularon el cuerpo para luego sepultarlo.

Después, conscientes del riesgo de que más casos por Covid-19 se dieran al interior de “Nuevo Francisco León” solicitaron ayuda de las autoridades. Aunque personal de la Secretaría de Salud estatal de Chiapas acudió, sólo fue para inspeccionar visualmente, indicando a los habitantes que tenían que resguardarse en sus domicilios, no permitir las entradas y salidas del poblado y que las personas que habían tenido contacto con el cuerpo del occiso, deberían estar bajo supervisión médica, lo cual no aconteció.

A partir de ese momento, los zoques de Ocosingo tomaron conciencia de que, al igual que la mayoría de las comunidades indígenas del país, carecen de la preparación y de infraestructura para afrontar la emergencia sanitaria.

Por la situación que se vive en “Nuevo Francisco León”, la jueza Minerva López Constantino ordenó establecer en lo inmediato a la comunidad las medidas preventivas destinadas a la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica el Covid-19.

Además se determinó que es imperativo identificar a quienes tuvieron contacto con la persona contagiada por el virus, a fin de que se les practiquen las pruebas correspondientes para conocer si fueron infectadas también y de ser así, se les brinde la atención médica necesaria para salvar su vida.

“Las autoridades responsables tendrán, bajo su más estricta responsabilidad, proceder de la forma que estimen pertinente para garantizar la salud y la vida de los pobladores, adoptando las medidas que correspondan para cada caso en particular, lo cual puede incluir la instalación de una unidad médica ambulatoria en la comunidad”, señala el resolutivo.

Incluso, la juzgadora ordenó suministrar agua potable por la cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos básicos de consumo humano de los pobladores de la comunidad, es decir, la cantidad de 50 litros diarios por cada habitante de un inmueble.

“De resultar necesario y dentro de las posibilidades con las que se cuente, las responsables deberán asegurar que, tanto las personas que habitan el poblado, como el personal médico o de asistencia que envíen para dar cumplimiento a la presente determinación, tengan los accesos básicos a telefonía e internet para comunicarse en caso de emergencia”, sentenció la jueza.

En este contexto, la Secretaría de Gobernación (Segob) enfatizó que si bien existen campañas de información en lenguas indígenas, la dependencia pugnó porque se refuercen las estrategias de pertinencia cultural de sana distancia y de cuidados en casa ante el Covid-19 en las comunidades.

Además, ha pedido que la colaboración armónica entre gobierno y sociedad, clave para el éxito de la estrategia frente a la epidemia, se logra precisamente cuando las autoridades trabajan para garantizar los derechos de todas y todos, tomando a los derechos humanos como aliados para enfrentar la pandemia.

Por último, la emergencia sanitaria demanda, dice la Segob, proteger de forma diferenciada a los grupos con mayores riesgos a consecuencia de la pandemia en situaciones de vulnerabilidad o de las violencias que el confinamiento pueda generar, debido a los contextos sociales.

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