A 9 AÑOS DE AYOTZINAPA
“La información faltante en estos momentos es la que tiene el Ejército Mexicano y que es una información clasificada, es una información sumamente relevante porque ellos dieron seguimiento a los estudiantes desde su salida (de Ayotzinapa) y durante los hechos”, indicó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos entre la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.
En entrevista para El Sol de México, señala que la principal exigencia que tienen los padres, a nueve años de la desaparición de los normalistas, es que el Ejército entregue los documentos que fueron recabados en el Centro Regional de Fusión de Información (CRFI).
La información faltante es la que tiene el Ejército
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Demanda que se sustenta en los informes presentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en los cuales denunció que a pesar de que ellos pudieron acceder a algunos archivos oficiales, la Sedena negó su existencia y dijo en reiteradas ocasiones que ya entregó todos los documentos en su posesión.
¿Cómo perciben los padres de los jóvenes que a un año de que termine el gobierno del presidente López Obrador haga un llamado para que quienes tengan información sobre el caso se acerquen y la compartan?
Es importante el llamado que realiza, yo creo que no está de más, es importante, sin embargo, creo que gobierno ya hizo una recopilación de información amplia, o sea, ya lleva cinco años pidiendo información, ya ha tenido una diversidad de testigos, informantes, muchas personas ya han declarado, han aportado información.
Desde nuestro punto de vista ya se agotó la información, desde nuestro punto de vista todos los informantes ya dieron la información de la que disponían, yo creo que la información faltante en estos momentos es la que tiene el Ejército Mexicano y que es una información calificada, es una información sumamente relevante porque ellos dieron seguimiento a los estudiantes desde su salida (de Ayotzinapa) y durante los hechos.
(...) Estuvo bien eso, nosotros lo miramos positivo, pero creo que ya se agotó ese mecanismo. Ya dio lo que tenía que dar. Entonces no vemos que existan más informantes con información de calidad sobre el paradero de los jóvenes, no lo vemos al día de hoy. Donde vemos que esa información calificada sobre el paradero está es en los archivos militares y es ahí donde se tiene que hacer los esfuerzos institucionales. Hoy en día el gobierno tendría que presionar para que el Ejército Mexicano aporte esa información.
Parecería que a veces se deja fuera de las exigencias a la Marina, ¿Sus solicitudes también van a esta institución?
La Marina ha cometido también irregularidades, por ejemplo, en todo el tema del basurero, fue una de las instituciones que manipuló el basurero de Cocula, son responsables ellos de eso, pero de que ellos tengan información pendiente de aportar sobre el paradero no. Ellos están bajo investigación y nosotros pedimos que sean sancionados de acuerdo a la ley.
(...) Pero la Defensa Nacional tuvo una participación directa al momento en que estaban desapareciendo los jóvenes y, por ejemplo, la Marina ya tuvo una participación en la investigación, hay varios marinos acusados de tortura, de irregularidades en la investigación este entonces, sí, obviamente hay un señalamiento contra ellos, pero sus señalamientos es en cuanto a las irregularidades cometidas en el proceso, en cambio los militares tuvieron una intervención en el momento de la salida de los estudiantes de la Normal hasta el momento de su desaparición, por lo tanto tienen información que tiene que ver con el paradero, por eso a ellos se les exige de manera directa. La exigencia es más puntual hacia ellos.
En el último informe del GIEI se denunció que Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Sedena, ordenó seguir a los normalistas desde días antes de su desaparición, ¿la Fiscalía lo ha llamado a declarar en alguna de las acusaciones contra los militares vinculados?
No, nosotros no sabemos que se le haya llamado declarar a él ni por parte de la Procuraduría ni por parte de la defensa de los militares.
Recién el viernes pasado denunciaron que un juez aprobó llamar a declarar a los integrantes del GIEI; al presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, y al exfiscal Especial, Omar Gómez Trejo, ¿Cuál fue el razonamiento de la defensa para la solicitud?
Ellos alegan que hubo un efecto corruptor en las investigaciones que pueden modificar toda la indagatoria completa, entonces como hay un efecto corruptor de origen por eso ellos dicen que van a interrogar a Omar Gómez Trejo y a Alejandro Encinas y al GIEI porque son los que hicieron la investigación que hoy en día ellos enfrentan, en eso se funda el razonamiento.
(...) Ellos dicen que hubo irregularidades en la investigación sin que sean precisos todavía en decir en qué consisten esas irregularidades. Son muy genéricas. Desde mi punto de vista son palos de ciego de la defensa, es una argucia defensiva inefectiva y dilatoria.
El viernes tuvieron una reunión en el Consejo de la Judicatura Federal donde dijeron que no quedaron satisfechos y denunciaron este tipo de fallos, ¿Cómo evalúan la actuación del Poder Judicial en relación al caso Ayotzinapa?
El Poder Judicial ha tenido claroscuros en el caso Ayotzinapa, por una parte en los juicios (contra diferentes acusados) se dictó una sentencia de parte del Primer Tribunal Colegiado del Décimo noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, que marcó un derrotero en todo el proceso, porque esta resolución estableció que había sendas irregularidades en la en las investigaciones que llevó a cabo la anterior Procuraduría General de la República, de tal manera que anuló, dejó débil, todas esas investigaciones, razón por la cual muchas personas obtuvieron su libertad.
Eso es positivo porque el Tribunal vino a remarcar las inconsistencias de la verdad histórica, toda la tortura, las irregularidades cometidas. Entonces marcó un punto, un hito importante dentro del caso de Ayotzinapa, pero han venido otras resoluciones, sobre todo las últimas, que han sido en contra (por parte) del Poder Judicial. Ahí creemos nosotros que se ha complicado mucho más.
Se han complicado mucho más las cosas porque contra los militares, digamos, ahí el criterio ha favorecido a los militares, por ejemplo, lo que mencionamos nosotros en el Consejo de la Judicatura es que hubo una medida cautelar que se cambió, un cambio de medida cautelar de prisión preventiva a (prisión) domiciliaria a favor del coronel (Rafael) Hernández Nieto (quien era comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, cuando ocurrió la desaparición de normalistas) entonces hay, desde nuestro punto de vista, una irregularidad.
Después de la salida del GIEI, ¿Ha mejorado la relación con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa?
Nosotros no mantenemos relación con ellos, no es buena la relación. No, el diálogo directo para verificar cómo avanzan las investigaciones es con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia.
Como parte de la Comisión para la Verdad, ¿El gobierno federal les ha informado sobre si presentarán un nuevo informe del caso Ayotzinapa?
Alejandro Encinas ya nos entregó el (segundo) informe en la reunión que tuvimos con el presidente, ese informe ya se nos entregó, pero el acuerdo es que nosotros los vamos a revisar, vamos a verificar cómo está ese informe y bueno, ya posteriormente ellos lo harán público.
Ya decidirá el gobierno si hace una publicación, si hace público el informe o no, por el momento el acuerdo es que nosotros vamos a revisarlos, vamos a ver qué es lo que contiene este informe y ya ellos decidirán si lo hacen público.
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