El Instituto Nacional de Migración (INM), que depende de la Secretaría de Gobernación, presentó millonarias irregularidades en la última entrega de la Cuenta Pública 2018, al no presentar documentación de servidores adquiridos por proveedores, mantenimiento, telefonía, arrendamiento vehicular, pagos en demasía en servicios de vigilancia y documentos duplicados.
El órgano fiscalizador encontró pagos indebidos por 3 millones de pesos en la emisión de 114 solicitudes de servicios, las cuales contienen los datos duplicados de número de solicitudes, conceptos de servicio, vehículo y monto; así como de 81 vehículos que no se encontraron registrados en el parque vehicular del Instituto.
Pagos por 2.4 millones de pesos de trabajos de mantenimiento no realizados en las estaciones migratorias de Baja California, Colima, Durango, San Luis Potosí y Sonora.
Además, pagos por 6.8 millones de pesos sin contar con la autorización de tres delegados federales; pagos en demasía en la contratación de servicios de vigilancia por 3.999 millones de pesos pagados a 5 mil 244 guardias que no corresponden al número de elementos comprobados mediante la lista de asistencias y, por la falta de facturas que acredita un importe ejercido de 15.948 millones de pesos.
También falta documentación comprobatoria de contratos de arrendamiento vehicular y mantenimiento preventivo por 19 millones y 26.9 millones de pesos, respectivamente, correspondientes a los servicios de arrendamiento en el primer contrato de 1,087 unidades vehiculares, y en el segundo de los contratos de 1, 470 unidades.
El INM tampoco presentó documentación que acredite a la diferencia entre el presupuesto reportado como ejercicio en la Cuenta Pública y en el Estado del Ejercicio del Presupuesto por 3 mil 309.1 millones, contra el que resultó de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas y los reintegros efectuados a la Tesorería de la Federación por 3 mil 252 millones (57.1 millones).
Asimismo, el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, no acreditó los servicios de telefonía convencional, largas distancias, conducción de señales analógicas, digitales e internet, por 69.1 millones correspondiente a dos contratos.
Falta de aplicación de penas convencionales por 26.1 millones de pesos de tres contratos, debido a que no se entregó la documentación que acredite que el proveedor proporcionó los entregables de inicio; así como por 56.3 millones de los que no se proporcionó reportes.
De la misma manera, faltó documentación del mantenimiento y conservación de inmuebles por 86 millones de pesos.
