Al menos para Aldair (hondureño, 24 años) y para Everardo (salvadoreño, 33 años), las autoridades migratorias mexicanas nunca mostraron “alguna muestra de humanidad” en los llamados “vuelos de retorno asistido” a sus respectivos países.
El propósito del gobierno mexicano es “muy claro”, coinciden ambos migrantes centroamericanos: ponerlos lo más lejos de la frontera con Estados Unidos, lo más rápido que sea posible para evitar que crucen a la Unión Americana.
Del 27 de enero de 2020 y al 13 de diciembre de 2021 —de acuerdo con una solicitud de información que presentó El Sol de México al Instituto Nacional de Migración (INM)—, las autoridades mexicanas deportaron a 71 mil 039 migrantes, de al menos 25 nacionalidades, en 552 vuelos, por los cuales el Gobierno federal pagó 670 millones de pesos.
Everardo dice que esto “baja la moral” a las personas que buscan llegar a Estados Unidos y que utilizan el territorio mexicano de tránsito temporal: “Lo que avancé en un mes y medio desde acá (San Salvador) hasta Matehuala (San Luis Potosí), me lo echaron para atrás en un día y medio, en dos vuelos”.
El testimonio del salvadoreño coincide con los datos que dio el INM en la solicitud de información. Los puentes aéreos nacionales definidos por la autoridad migratoria tienen como destino dos ciudades: Tapachula, en Chiapas, y Villahermosa, en Tabasco.
Ahí llegan vuelos de aviones comerciales de la empresa Magnicharter (Grupo Aéreo Monterrey, S.A. de C.V.), ya con migrantes de distintas nacionalidades detenidos en distintos puntos del territorio nacional, procedentes de los aeropuertos de la Ciudad de México; Torreón, Coahuila; Toluca, Estado de México, y Monterrey, Nuevo León.
Además, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; de Cancún, Quintana Roo; de San Luis Potosí; de Hermosillo, Sonora; de Chihuahua; de Tijuana, Baja California; de Tampico, Tamaulipas; del Puerto de Veracruz, y de Zacatecas.
En esas terminales aéreas son separados conforme a su nacionalidad y luego son deportados.
Los destinos internacionales que tienen estos “vuelos de retorno asistido”, según el INM, son Bogotá, Colombia; Guatemala, Guatemala; Lima, Perú; Puerto Príncipe, Haití; Quito, Ecuador; San José, Costa Rica; Tegucigalpa, Honduras; San Salvador, El Salvador, y La Habana, Cuba.
Y sí. Las deportaciones masivas vía aérea son con cargo al erario público.
De acuerdo con registros del INM en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), existen evidencias de dos contratos por 250 millones de pesos como monto máximo, o 100 millones de pesos, como monto mínimo, en 2021, y uno más por 170 millones de pesos, como monto máximo, o 68 millones de pesos, como monto mínimo, en 2020.
Son en total 670 millones de pesos como monto máximo en contratos de adjudicación directa a la empresa Grupo Aéreo Monterrey, S.A. de C.V.
El servicio: “Transportación aérea de migrantes extranjeros, connacionales y servidores públicos a través de vuelos chárter para el cumplimiento de las actividades y funciones del INM”.
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Aldair dice que su cruce a territorio mexicano lo realizó por la frontera con Belice. De ahí bordeó la Península de Yucatán y luego siguió por la ruta del Golfo de México. Después de tres semanas de éxodo migrante fue detenido en el municipio de Minatitlán.
Ahí fue retenido dos noches y luego trasladado vía terrestre a Villahermosa.
Tras unas horas en el aeropuerto de esa ciudad, fue “brincado” en un vuelo chárter a Tegucigalpa.
“Pedí asilo. Nunca me escucharon. No fui esposado, pero el trato que nos dan es humillante. Sólo nos ofrecieron agua. Nada más. En el avión van seis ‘soldados’ de la Guardia Nacional. Dos adelante. Dos en medio. Dos atrás. También vi a dos personas con chalecos de migración (INM)”. En la solicitud de información que presentó este diario al INM se señala que en estos 552 vuelos han participado mil 414 servidores públicos como custodios en los traslados aéreos, los cuales “ejercen cargos de Agentes Federales de Migración, así como suboficiales y subagentes de la Guardia Nacional”.
Vía telefónica, Aldair desde San Pedro Sula y Everardo desde San Salvador, piden no publicar sus nombres reales.
La razón: no quieren problemas con las autoridades migratorias mexicanas, porque ambos van a buscar llegar a Estados Unidos las veces que sean necesarias.
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De acuerdo con la última publicación de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, de enero a noviembre de 2021, en total 87 mil 176 migrantes fueron devueltos a sus respectivas naciones por “retorno asistido”, de los cuales 12 mil 345 eran menores de 18 años.
En los 552 vuelos de “retorno asistido” que realizó el INM de enero de 2020 a diciembre de 2021, los migrantes de nacionalidad hondureña son los que ocupan el primer lugar, con 35 mil 862.
Le siguen los guatemaltecos, con 19 mil 831; los salvadoreños, con ocho mil 901; los nicaragüenses, con tres mil 514; los haitianos, con mil 566, y los cubanos, con 575.
Para organismos civiles como Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), estas “deportaciones ilegales” se están dando bajo el Título 42 del gobierno estadounidense que, “en colusión con el gobierno mexicano, permite la devolución de miles de migrantes de manera exprés a terceros países”.
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Estas acciones —dicen las organizaciones ciudadanas— violan el derecho al debido proceso y al asilo, establecido en la legislación nacional e internacional, además de que no toman en cuenta el interés superior de la niñez ni la perspectiva de género.
El programa Quédate en México, instaurado en la administración de Donald Trump, se reinstauró el 6 de diciembre pasado por una orden judicial, por lo que todos los migrantes que soliciten asilo deberán esperar en México a que se termine el trámite.
