Integrantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) tramitaron un amparo en contra de los cambios al reglamento interior del instituto, que dotaron de más poder a José Antonio Romero Tellaeche, director general del Centro.
Desde enero académicos y estudiantes cideítas demandaron que María Elena Álvarez-Buylla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), citó de manera irregular a los integrantes de la Asamblea de Asociados del instituto con la finalidad de aprobar estas modificaciones.
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“Por ello, más de 60 integrantes de la comunidad -alumnxs, profesorxs y personal administrativo- suscribimos este amparo. Este ya ha sido admitido y confiamos en que la justicia federal reconocerá que la razón nos asiste en la defensa de la legalidad y la autonomía”, señalaron a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
Desde finales del año pasado Romero Tellaeche designó a Jordy Micheli y a Mónica Santillán como secretario académico y de vinculación del CIDE, respectivamente, a pesar de que ambos no contaban con los requisitos para adoptar estas atribuciones.
Fue así que en una sesión celebrada en enero de este año la titular del Conacyt convocó al Consejo Directivo del CIDE para aprobar una reforma al Estatuto General del Centro que facilitara los cambios solicitados por el director del instituto y de paso restar poder a los académicos del Centro.
Lo anterior debido a que esta reforma permite que el nombramiento del director general quede en manos únicamente del Conacyt, y que personas ajenas al instituto puedan ocupar puestos clave de la administración, haciendo más difícil que profesores del instituto puedan ocupar estos puestos.
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“En primer lugar, los cambios al Estatuto causan agravio a toda la comunidad en tanto que minimizan las condiciones de autonomía y capacidad de organización interna reconocidas por el artículo 3 constitucional”, señalaron.
Además, se dijeron preocupados de que con estos cambios se “subordina al CIDE a lo que disponga el Poder Ejecutivo, otorgándole línea directa a través de la directora del Conacyt”. Por todo lo anterior es que la Comunidad tramitó este amparo para que las autoridades de justicia del país decidan si los cambios adoptados por el CIDE fueron o no legales.
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