Desde el inicio del sexenio, los roces que el presidente Andrés Manuel López Obrador y personajes afines a la llamada Cuarta Transformación han tenido con la comunidad académica y científica del país han ido creciendo, hasta al punto de que hoy en día se tiene a cientos de científicos manifestando sus inconformidades contra ciertas decisiones del Gobierno y, al menos, tres movimientos estudiantiles.
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Desde la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) acusados por presunto crimen organizado y hasta conflictos entre el Gobierno y diversas instituciones de educación pública como la UNAM o el CIDE, este es el panorama que viven los estudiantes y científicos durante la llamada 4T.
La 4T vs. la comunidad científico-estudiantil
En septiembre de 2021 se dio a conocer que la FGR intentó obtener, por tercera ocasión, una orden de aprehensión en contra de 31 científicos, a quienes señaló por el presunto desvío de más de 471 millones de pesos desde el Conacyt.
Originalmente se trataba de una denuncia presentada por María Elena Álvarez-Buylla, directora de este instituto, que acusó que a través del Foro Consultivo Científico y Tecnológico estos científicos aprobaron la "indebida" asignación de estos recursos.
De sus investigaciones, la FGR concluyó que estos fondos fueron invertidos en "gastos personales" y no en financiar proyectos académicos, por lo que los señaló por delitos como delincuencia organizada. Sin embargo, en dos ocasiones, un juez desechó librar estas órdenes de aprehensión al considerar que los argumentos de la fiscalía carecían de sustento y validez.
Esto llevó a la comunidad científica, tanto a nivel nacional como internacional, a expresar su total respaldo a los 31 científicos y a exigir a la FGR y al Gobierno frenar dicha indagatoria. Pese a lo anterior no se tiene noticia de que se haya desistido en esta acción.
Otro episodio protagonizado por el Conacyt ocurrió al inicio del sexenio, cuando establecieron los llamados Programas Nacionales Estratégicos, mejor conocidos como Pronaces, ejes que según el Consejo buscaban articular esfuerzos en favor de problemáticas nacionales concretas en temas de educación, salud, vivienda, energía o cambio climático, entre otros.
Estos programas fueron diseñados, según lo comunicó el propio Conacyt, con ayuda de diversas secretarías de Estado, entidades federativas y el propio Gobierno federal con el objetivo de "incidir en la consecución del bienestar de la sociedad'".
Sin embargo, nuevamente la comunidad científica no tardó en señalar diversas irregularidades, como la reducción del presupuesto y los tiempos de las convocatorias de ciencia básica. Además, acusaron que en el fondo con estas decisiones "desterraron" todas aquellas ciencias que son consideradas neoliberales por el Gobierno, como la biotecnología, la inteligencia artificial, la computación cuántica y la fotónica, entre otros proyectos.
Otro de los problemas que ha enfrentado el Gobierno fue provocado directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en octubre del año pasado criticó en diversas ocasiones a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debido a que "no estuvieron a la altura de las circunstancias" frente al liberalismo.
Estos dichos sobre que la Universidad necesitaba "una sacudida" provocaron que diversos políticos y académicos salieran en defensa de la máxima casa de estudios, misma que incluso respondió al Presidente, a través de un comunicado, en el que aseguró que el compromiso y la solidaridad de la universidad eran incuestionables, así como su libertad de cátedra.
Como todas las situaciones anteriormente expuestas, los tres movimientos estudiantiles que hoy en día existen en el país han sido producto de diversas decisiones tomadas por personajes dentro del Gobierno federal.
Tal es el caso del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) o la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) que han acusado una imposición en su dirección general por parte del Conacyt, una intromisión por parte del Gobierno de Puebla y un fuerte recorte presupuestal por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el objetivo de debilitar sus funciones, respectivamente.
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Sin duda la situación del CIDE es la que más ha recibido atención. Sin embargo, debido a que en las últimas semanas estas universidades y otros centros educativos se han unido para exigir su autonomía; desde diversas esferas de la sociedad se menciona que estas protestas podrían escalar más allá de meros reclamos locales y subir sus protestas por una mejora en torno a la educación pública y la libertad científica en el país.
