La realidad política, económica, institucional y social de nuestro país presenta grandes problemas y retos complejos que existen desde hace décadas, que se han hecho manifiestos con mayor intensidad recientemente. Todo ello se refleja de manera muy específica en la capacidad del Estado de dotar servicios de agua potable y saneamiento a la población con la calidad y continuidad adecuada, así como de proteger los recursos naturales, incluyendo de manera fundamental el agua, como eje rector para promover la equidad, el desarrollo social y el crecimiento económico en el país.
Los números no mienten y es evidente que tenemos un sector hídrico en crisis. Uno de los principales retos que enfrenta el país es la disparidad geográfica entre la disponibilidad de agua y la distribución de la población y sus actividades económicas. Mientras en el norte, centro y noroeste del país, que ocupan el 78% del territorio, habita el 77% de la población, genera el 83% del PIB y sólo se tiene el 33% del agua renovable, en el sureste (22% del territorio), habita el 23% de la población, genera el 17% del PIB y cuenta con el 67% del agua renovable.
Otro gran desafío es la reducción de los presupuestos del sector, que disminuyen continuamente, a la par de la disponibilidad de agua. De acuerdo con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el presupuesto federal para los rubros de abastecimiento y administración del agua, así como los relacionados con aguas residuales, drenaje y alcantarillado, pasaron de un presupuesto aprobado en 2012 de 50 mil 765.3 mdp a 25 mil 859.6 mdp en 2022, lo que significó una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de -6.5 por ciento, en términos reales.
A esto le sumamos que de acuerdo con las Estadísticas del Agua 2019, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señala que sólo el 58% de la población tiene garantizado el contar con agua diariamente. Mientras que 10 a 14 millones de personas no tienen acceso, no lo reciben de manera continua y desconocen su calidad.
La relación de la pobreza extrema y la falta de acceso al agua, es uno de los principales indicadores para medir la desigualdad de millones de mexicanos, principalmente de niños, niñas y mujeres, que son quienes más padecen la falta de acceso al agua, tanto por no tenerla o por ser los responsables de acarrearla a sus hogares. El crecimiento de las zonas urbanas ha significado también la detonación de asentamientos humanos irregulares que son una amenaza permanente para la conservación de los cuerpos de agua, vitales para obtener el recurso para esas comunidades.
Es oportuno recordar los usos consuntivos del agua en México; donde el 76% lo consume el sector agrícola, el 14.4% el abastecimiento público urbano conectado a la red, el 4.7% energía eléctrica (excluyendo hidroelectricidad) y sólo el 4.9% la industria autoabastecida . Y en esta última, destaca no sólo en el mínimo porcentaje utilizado del total ,sino el valor agregado que le imprime al también ser el sector que paga por el agua, que tiene sistemas de medición de vanguardia como la telemetría y, un tema fundamental, que trata el agua que utiliza, de acuerdo a las normas para darle un uso posterior.
Un caso de éxito sin duda sería la industria cervecera que ha venido eficientizando sus procesos, al evolucionar hace una década de un requerimiento de 12 litros de agua por uno de cerveza, al día de hoy que utilizan en promedio 2.6 litros de agua para producir uno de cerveza.
La devastación de los ecosistemas, la deforestación de nuestros bosques y la contaminación de los cuerpos de agua han aumentado, en tanto el estrés hídrico crece exponencialmente en varias regiones, exacerbando la competencia entre los distintos usos del agua y haciendo de la escasez, un obstáculo para el desarrollo. Asimismo, los efectos del cambio climático en los recursos hídricos presentan un gran reto y afectaciones en el manejo de riesgos y la disponibilidad de agua.
Desde el Consejo Consultivo del Agua A.C. (CCA) asociación ciudadana, plural e independiente, hemos manifestado la necesidad de fortalecer el marco jurídico del agua para en primer lugar, atender el mandato Constitucional que reformó el artículo 4to. Constitucional en materia de Derecho Humano al Agua (febrero de 2012), que garantiza el acceso al agua potable y al saneamiento, de forma segura, aceptable y asequibles. Ahora nos toca garantizar este derecho a toda la población del país. Esta nueva Ley General de Aguas es esencial para que todos los sectores de la sociedad apoyemos en su cumplimiento. Afortunadamente, la comisión de recursos hidráulicos de la Cámara de Diputados que preside Rubén Muñoz en esta 65 legislatura, ha puesto gran interés por atender este reclamo y seguramente en consenso con todos los grupos parlamentarios la llevarán a buen puerto en el próximo periodo de sesiones.
Estamos convencidos que la actual Ley de Aguas Nacionales es el instrumento esencial para la evolución y mejoramiento del sector hídrico, así como la administración eficiente del agua. Si bien, la ley vigente, en ciertos planos requiere mejoras y quizá no se ha aplicado cabalmente, más allá de pretender abrogarla, la solución es reformarla, fortaleciendo a la autoridad, aclarando y reforzando sus disposiciones.
El riesgo es contar con un marco jurídico disfuncional y alejado de la realidad para las necesidades que enfrentamos en el sector. Con una decisión equivocada se corre el riesgo de que la seguridad hídrica a largo plazo, así como el factor social y económico, derivado de la naturaleza transversal y intersectorial del agua, se vean aún más comprometidos.
*Analista político y financiero | Presidente del Consejo Consultivo del Agua
