/ domingo 29 de septiembre de 2019

La austeridad del Gobierno afectaría a organizaciones públicas

Un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado señaló que La implementación de la austeridad debe acompañar de un diagnóstico claro de la situación

La implementación de la austeridad debe acompañar de un diagnóstico claro de la situación de las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), lo que permitiría garantizar el funcionamiento de estas e imprimir una mayor legitimidad política a estas medidas, señala un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado.

Destaca que la reducción de la plantilla laboral, por ejemplo, pareciera ser una medida cuya instrumentación se plantea como homogénea, sin que exista un diagnóstico organizacional que permita identificar las necesidades particulares en materia de recursos humanos que se requieren, para el cumplimiento óptimo de las funciones encomendadas a cada dependencia o entidad.

Por ello, dice el IBD, las decisiones complementarias en materia de austeridad pueden afectar el proceso de adaptación de las organizaciones públicas a estas nuevas condiciones, en las que algunas dependencias o entidades tendrán nuevas funciones o donde deberán asumir la coordinación de actividades que, en el pasado, eran competencia de otra organización.

En ese sentido, el texto advierte que los cambios administrativos no deben perder de vista la necesidad de cumplir a cabalidad con la generación de bienes y servicios públicos, aspecto que puede verse comprometido a partir de decisiones sobre realizar recortes presupuestarios que parecieran arbitrarias.

Por otro lado, el documento del IBD señala que también es importante reflexionar sobre las decisiones relacionadas con la ampliación o modificación de atribuciones entre las dependencias y entidades de la APF, cuya implementación tiene un componente político inherente que puede afectar los resultados.

La eficacia en el combate a la corrupción, por su parte, recaerá en la capacidad que tengan las instituciones públicas para mejorar sus procesos y para reducir la discrecionalidad de las decisiones, así como en su complementariedad con las acciones promovidas desde el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se apunta en el documento.

La implementación de la austeridad debe acompañar de un diagnóstico claro de la situación de las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), lo que permitiría garantizar el funcionamiento de estas e imprimir una mayor legitimidad política a estas medidas, señala un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado.

Destaca que la reducción de la plantilla laboral, por ejemplo, pareciera ser una medida cuya instrumentación se plantea como homogénea, sin que exista un diagnóstico organizacional que permita identificar las necesidades particulares en materia de recursos humanos que se requieren, para el cumplimiento óptimo de las funciones encomendadas a cada dependencia o entidad.

Por ello, dice el IBD, las decisiones complementarias en materia de austeridad pueden afectar el proceso de adaptación de las organizaciones públicas a estas nuevas condiciones, en las que algunas dependencias o entidades tendrán nuevas funciones o donde deberán asumir la coordinación de actividades que, en el pasado, eran competencia de otra organización.

En ese sentido, el texto advierte que los cambios administrativos no deben perder de vista la necesidad de cumplir a cabalidad con la generación de bienes y servicios públicos, aspecto que puede verse comprometido a partir de decisiones sobre realizar recortes presupuestarios que parecieran arbitrarias.

Por otro lado, el documento del IBD señala que también es importante reflexionar sobre las decisiones relacionadas con la ampliación o modificación de atribuciones entre las dependencias y entidades de la APF, cuya implementación tiene un componente político inherente que puede afectar los resultados.

La eficacia en el combate a la corrupción, por su parte, recaerá en la capacidad que tengan las instituciones públicas para mejorar sus procesos y para reducir la discrecionalidad de las decisiones, así como en su complementariedad con las acciones promovidas desde el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se apunta en el documento.

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