El Gobierno de México rechazó que exista una atención conjunta por parte de éste y del gobierno de Estados Unidos para enfrentar los flujos migratorios provenientes de Centroamérica hacia el país vecino al norte en busca de oportunidades de desarrollo y protección.
"Frente a la decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos de implementar el artículo 235 de su Ley de Inmigración y Nacionalidad, México ha optado por apoyar a los migrantes”, señaló el Gobierno Federal en un comunicado.
Por ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) adelantaron que actuaran de forma soberana e independiente en una política migratoria que ponga al centro la protección de los derechos humanos y la expansión de un desarrollo económico igualitario en la región.
En este sentido, la SRE y Segob destacaron que bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, México ha sido el primer país en adoptar el Pacto Mundial para la Migración promovido por la Organización de las Naciones Unidas para garantizar un flujo migratorio seguro, ordenado y regular.
Ambas dependencias afirmaron que conforme a los principios del pacto global, México ha dejado de deportar cientos de miles de migrantes centroamericanos, en contraste con el paradigma migratorio de administraciones pasadas.
Añadieron que México ha otorgado un estatus legal a más de 13 mil personas extranjeras que ingresaron por la frontera sur para documentar su ingreso y facilitar que algunos se inserten en el mercado laboral. Advirtieron que el Gobierno de México continúa impulsando el Plan Integral de Desarrollo. Con la colaboración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la iniciativa contempla distintos proyectos para impulsar el desarrollo económico de Guatemala, Honduras y El Salvador para atenuar las causas estructurales que detonan los flujos migratorios.
Finalmente, indicaron que en todo momento se respetará el derecho soberano de Estados Unidos para ejecutar sus proyectos migratorios, pero actúa y actuará de forma soberana e independiente al fijar la propia política de migración.
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