La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene una laguna jurídica para sancionar a una exalumna como la ministra Yasmín Esquivel por cometer una falta tan grave como lo es “el plagio de una tesis y el fraude de presentarla para obtener” un grado, por lo que ella, en una decisión personal, debiera “tener el valor de asumir la realidad”, aseguró Francisco Barnés de Castro, exrector de esa casa de estudios.
De lo contrario, la ministra va a seguir su persona, la credibilidad que tiene como ministra y provocará un “grave daño” a la Suprema Corte, al gobierno de la República y al país, dijo Barnés de Castro en entrevista con El Sol de México.
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“Hay que distinguir lo que tiene validez jurídica, que le corresponde hacer a la Universidad y la definición de la solución política que se le dé a esta situación tan desafortunada para el país, para la Suprema Corte, para la Nación, para la Universidad”, dijo.
Agregó que eso no se resuelve con un proceso jurídico “porque no hay competencia ni marco jurídico aplicable y lo poco que puede haber (por el robo de propiedad intelectual) está caducado, expiró”.
Para Barnés de Castro, lo que el rector Enrique Graue ha determinado en esta situación extraordinaria deja ver que “la ley es la ley”.
-Si la UNAM no tiene herramientas legales para proceder en este caso y la SEP dice que tampoco cuenta con instrumentos, ¿a quién corresponde definir el tema?
Ella tendría que tener el valor de asumir la realidad porque si no va a seguir dañando enorme a su persona, a la credibilidad que tiene como ministra y le hace un grave daño a la institución de la que forma parte: la Suprema Corte, al gobierno de la República y al país.
-¿Corresponde sólo a ella decidir?
Eso es lo que se esperaría, porque no sólo mancha su nombre y el de la Universidad Nacional, mancha el nombre de la Suprema Corte (de Justicia de la Nación) de la que forma hoy parte. Al tiempo que cuestiona o pone en duda todo el proceso de la honorabilidad de quien la defiende, la nombra y la justifica.
Me parece que políticamente, primero desde el punto de vista ético, es inconcebible que una persona que se demuestra que tiene un documento que ha sido utilizado indebidamente para obtener su título y además se demuestra que ha seguido incurriendo en aseveraciones que no son sustentables para justificar que le copiaron íntegramente la tesis.
Me parece que permanecer al frente de la posición que tiene está dañando profundamente la credibilidad de la Suprema Corte de Justicia, además de su propia persona. Le hace un grave daño al gobierno de la República y al país, en fin, es una decisión personal.
-El lunes la SEP regresó el caso a la UNAM para que sancione o en su caso presente una denuncia por el plagio, ¿la Universidad debe iniciar ese proceso?
No hay una denuncia que presentar porque el delito de plagio, es grave, es robo intelectual del trabajo de otra persona.
Eso tiene una caducidad legal y ese ya expiró. El utilizar esto como un fraude para recibirse (obtener un grado profesional), pues no sé si será sancionado o no y si está prescrito o no. Si está prescrito evidentemente no tiene ningún sentido.
Además, ante quién lo presenta. Es sancionable por la universidad mientras sea alumna, no hay una legislación externa que diga que un exalumno puede ser sancionado en una corte a estas alturas, 30 años después.
-¿Qué va a presentar la Universidad?
¿Para qué? Es un juego político el que le piden al rector que haga. Me parece totalmente improcedente, no tiene validez jurídica.
Hay que distinguir lo que tiene validez jurídica, que le corresponde hacer a la universidad y la definición de la solución política que se le dé a esta situación tan desafortunada para el país, para la Suprema Corte, para la Nación, para la universidad.
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