/ martes 20 de agosto de 2019

Ley Garrote vulnera la libertad de expresión: ONU

Relatores de la ONU enviaron al Gobierno mexicano una carta para expresar su preocupación por la reciente entrada en vigor de dicha Ley

Tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviaron al Gobierno mexicano una carta para expresar su preocupación por la reciente entrada en vigor de una reforma al Código Penal del suroriental estado de Tabasco que castiga con penas de prisión las protestas públicas.

La carta está firmada por los relatores especiales sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye; sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule, y sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst.

El documento, divulgado este martes por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, expresa la "gran preocupación" ante una reforma que penaliza "conductas que podrían ser una expresión legitima del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, a la libertad de expresión y del derecho a defender los derechos humanos".

La reforma, que entró en vigor el 1 de agosto, impone penas de cárcel a quien impida "el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similares para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación".

"Reconocemos la importancia de sancionar la extorsión relativa al impedimento de ejecuciones de trabajos u obras, lo cual contribuiría a garantizar y proteger el orden público", indicaron los relatores en su misiva.

Sin embargo, añadieron, "nos preocupa el efecto que dicha reforma tendrá en el disfrute de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica".

"El uso de la sanción penal, que es el instrumento punitivo más fuerte, para regular la protesta social de una manera tan general, y con sanciones que pueden alcanzar hasta los 20 años de encarcelamiento es excesivo", sostuvieron.

Igualmente, añadieron, al ser una restricción tan general, es intrínsecamente desproporcionada y no es lo suficientemente precisa para permitir un análisis individual.

Adicionalmente, expresaron su preocupación por el efecto que la reforma tendrá en las personas que defienden sus derechos, por ejemplo en comunidades indígenas afectadas por construcciones que no fueron consultadas de manera previa, libre e informada con apego a los estándares internacionales.

Por ello, solicitaron al Gobierno mexicano informar de las medidas previstas para asegurar que todas las regulaciones y legislaciones, federales o estatales, respeten el derecho y los estándares internacionales de derechos humanos.

También le pidieron informar si se propone iniciar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte y, en caso contrario explicar por qué.

La llamada "Ley Garrote" de Tabasco fue aprobada por el Congreso estatal con los votos del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido fundado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, ha dicho en distintas oportunidades que no se trata de una norma represiva y argumentó que su objetivo es limitar "la extorsión y chantaje" de grupos sindicales, pero quienes se oponen creen que va mucho más allá.

Recientemente, López Obrador, oriundo de Tabasco, dijo que es necesario que haya orden en el estado "porque había una situación de anarquía y de corrupción, de extorsiones, y eso no se puede permitir".

La postura de López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018, ha generado críticas pues él mismo, durante décadas, lideró como opositor manifestaciones y bloqueos tanto en Tabasco como en la capital y el resto del país.

Tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviaron al Gobierno mexicano una carta para expresar su preocupación por la reciente entrada en vigor de una reforma al Código Penal del suroriental estado de Tabasco que castiga con penas de prisión las protestas públicas.

La carta está firmada por los relatores especiales sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye; sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule, y sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst.

El documento, divulgado este martes por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, expresa la "gran preocupación" ante una reforma que penaliza "conductas que podrían ser una expresión legitima del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, a la libertad de expresión y del derecho a defender los derechos humanos".

La reforma, que entró en vigor el 1 de agosto, impone penas de cárcel a quien impida "el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similares para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación".

"Reconocemos la importancia de sancionar la extorsión relativa al impedimento de ejecuciones de trabajos u obras, lo cual contribuiría a garantizar y proteger el orden público", indicaron los relatores en su misiva.

Sin embargo, añadieron, "nos preocupa el efecto que dicha reforma tendrá en el disfrute de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica".

"El uso de la sanción penal, que es el instrumento punitivo más fuerte, para regular la protesta social de una manera tan general, y con sanciones que pueden alcanzar hasta los 20 años de encarcelamiento es excesivo", sostuvieron.

Igualmente, añadieron, al ser una restricción tan general, es intrínsecamente desproporcionada y no es lo suficientemente precisa para permitir un análisis individual.

Adicionalmente, expresaron su preocupación por el efecto que la reforma tendrá en las personas que defienden sus derechos, por ejemplo en comunidades indígenas afectadas por construcciones que no fueron consultadas de manera previa, libre e informada con apego a los estándares internacionales.

Por ello, solicitaron al Gobierno mexicano informar de las medidas previstas para asegurar que todas las regulaciones y legislaciones, federales o estatales, respeten el derecho y los estándares internacionales de derechos humanos.

También le pidieron informar si se propone iniciar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte y, en caso contrario explicar por qué.

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