/ domingo 14 de junio de 2020

Ley Nacional de Uso de la Fuerza es letra muerta, aseguran diputados

La coordinadora parlamentaria del PRD, Verónica Juárez capacitar a los elementos en materia del uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos

Ante la brutalidad y las detenciones ilegales, la Ley Nacional de Uso de la Fuerza es letra muerta; “lamentablemente carece de aplicación y es desconocida por gran parte de elementos de las distintas corporaciones policiacas, tanto en el ámbito federal, como estatal y municipal’’.

La coordinadora parlamentaria del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez Piña, recordó que en mayo de 2019 el Congreso de la Unión aprobó dicha ley, que tiene como objetivo establecer las reglas generales sobre cómo deben actuar las policías al realizar detenciones, enfrentar a posibles delincuentes o atender manifestaciones.

Entre otros aspectos establece cinco niveles de uso de la fuerza que deben seguir las autoridades dependiendo de la resistencia que encuentren, la obligación de realizar un reporte de su actuación, y la opción de videograbar operativos.

Frente a los homicidios y abusos recientes perpetrados por elementos policiacos municipales y estatales, la legisladora dijo que se debe revisar qué tan eficiente es la evaluación de control de confianza que se aplica en las instituciones de Seguridad Pública por parte del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, que depende del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “que a todas luces está fallando’’.

Pero, dijo Verónica Juárez, también se deben incrementar los recursos federales que se destinan a estados y municipios que ha venido en descenso desde 2012. Agregó que frente a los embates de la delincuencia, lo que hacen las entidades federativas es procurar más armas y patrullas con lo poco que les llega, y dejan de lado la capacitación.

“Tiene que haber una revisión de la actuación de todos los cuerpos policiacos, no sólo respecto a la eficiencia de su trabajo, que deja mucho que desear, sino también en torno a la aplicación de protocolos de actuación en caso de detenciones de ciudadanos, el apego a la normatividad, al uso de la fuerza y su respeto a los derechos humanos”, refrendó la perredista.

“Los abusos de los que hemos sido testigos últimamente son inadmisibles –Jalisco y Oaxaca-, se debe revisar todo, la actuación de los elementos policiacos, pero también el desempeño de las fiscalías y las autoridades tanto en el ámbito municipal como estatal, no podemos permitir excesos de esta naturaleza”.

En ese sentido, reiteró su condena por los asesinatos de ciudadanos, la brutalidad y las detenciones ilegales perpetradas por elementos policiacos de algunos estados y municipios.

Reclamó de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y al Sistema Nacional de Seguridad Pública; a que fortalezcan el proceso de certificación de los elementos de las distintas corporaciones, y a capacitarlos en materia del uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.

Juárez Piña llamó a que se cumplan los acuerdos alcanzados en julio de 2019 en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que entre otros aspectos planteó emitir un Certificado Único Policial a cada elemento de seguridad estatal para garantizar que sus corporaciones no estén vinculadas con la delincuencia organizada.


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Ante la brutalidad y las detenciones ilegales, la Ley Nacional de Uso de la Fuerza es letra muerta; “lamentablemente carece de aplicación y es desconocida por gran parte de elementos de las distintas corporaciones policiacas, tanto en el ámbito federal, como estatal y municipal’’.

La coordinadora parlamentaria del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez Piña, recordó que en mayo de 2019 el Congreso de la Unión aprobó dicha ley, que tiene como objetivo establecer las reglas generales sobre cómo deben actuar las policías al realizar detenciones, enfrentar a posibles delincuentes o atender manifestaciones.

Entre otros aspectos establece cinco niveles de uso de la fuerza que deben seguir las autoridades dependiendo de la resistencia que encuentren, la obligación de realizar un reporte de su actuación, y la opción de videograbar operativos.

Frente a los homicidios y abusos recientes perpetrados por elementos policiacos municipales y estatales, la legisladora dijo que se debe revisar qué tan eficiente es la evaluación de control de confianza que se aplica en las instituciones de Seguridad Pública por parte del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, que depende del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “que a todas luces está fallando’’.

Pero, dijo Verónica Juárez, también se deben incrementar los recursos federales que se destinan a estados y municipios que ha venido en descenso desde 2012. Agregó que frente a los embates de la delincuencia, lo que hacen las entidades federativas es procurar más armas y patrullas con lo poco que les llega, y dejan de lado la capacitación.

“Tiene que haber una revisión de la actuación de todos los cuerpos policiacos, no sólo respecto a la eficiencia de su trabajo, que deja mucho que desear, sino también en torno a la aplicación de protocolos de actuación en caso de detenciones de ciudadanos, el apego a la normatividad, al uso de la fuerza y su respeto a los derechos humanos”, refrendó la perredista.

“Los abusos de los que hemos sido testigos últimamente son inadmisibles –Jalisco y Oaxaca-, se debe revisar todo, la actuación de los elementos policiacos, pero también el desempeño de las fiscalías y las autoridades tanto en el ámbito municipal como estatal, no podemos permitir excesos de esta naturaleza”.

En ese sentido, reiteró su condena por los asesinatos de ciudadanos, la brutalidad y las detenciones ilegales perpetradas por elementos policiacos de algunos estados y municipios.

Reclamó de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y al Sistema Nacional de Seguridad Pública; a que fortalezcan el proceso de certificación de los elementos de las distintas corporaciones, y a capacitarlos en materia del uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.

Juárez Piña llamó a que se cumplan los acuerdos alcanzados en julio de 2019 en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que entre otros aspectos planteó emitir un Certificado Único Policial a cada elemento de seguridad estatal para garantizar que sus corporaciones no estén vinculadas con la delincuencia organizada.


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